Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
Vuelta sobre el genocidio de de 1994 (1)
A partir del 7 de abril de 1994, en el espacio de menos de tres meses cerca de un millón de ruandeses (la cifra exacta está por determinar) fueron exterminados porque eran o se suponía que eran tutsis. A ello hay que añadir varias decenas de miles de hutus, opositores políticos al regimen en el poder o personas que se negaron o podrían negarse a contribuir al genocidio. Antes de éste se calculaba que la población era de siete millones y medio de personas.
La comparación con el genocidio de los judíos y gitanos por parte del régime nazi está plenamente justificada, si bien es cierto que hay algunas diferencias: el número total de víctimas (los nazis exterminaron a 6 millones de judíos), los medios empleados (los nazis concibieron y aplicaron medios industriales para aplicar la solución final).
Pero hubo efectivamente genocidio, es decir, la destrucción planificada de toda una colectividad por medio del asesinato masivo que tenía como objetivo impedir la reproducción biológica y social.
Las políticas establecidas por las instituciones financieras multilaterales
Es fundamental preguntarse por el papel desempeñado por los proveedores de fondos internacionales. Mi tesis es que las políticas impuestas por las instituciones financieras internacionales, principales proveedores de fondos del régimen dictatorial del general Juvénal Habyarimana, aceleraron el proceso que llevó al genocidio. Generalmente no se suele tener en cuenta la incidencia negativa de estas políticas para explicar el dramático desenlace de la crisis ruandesa. Sólo algunos autores ponen en evidencia la responsabilidad de las instituciones de Bretton Woods (por ejemplo, Michel Chossudovsky y Pierre Galand). Éstas rechazan toda crítica al respecto. Resulta más sorprendente constatar que algunos autores vinculados con organizaciones no gubernamentales publiquen estudios para tratar de neutralizar la crítica del Banco Mundial y del FMI (Woodward, 1996; véase la bibliografía al final del artículo).
A principio de la década de 1980, cuando estalló la crisis de la deuda del Tercer Mundo, Ruanda (como su vecino, Burundi) estaba muy poco endeudado. Mientras que en todas partes del planeta el Banco Mundial y el FMI abandonaban su política activa de préstamos y predicaban la abstinencia, adoptaron una actitud diferente con Ruanda: estas instituciones se encargaron de prestar abundantemente a Ruanda. Entre 1976 y 1994 la deuda exterior de Ruanda se multiplicó por veinte. En 1976 se elevaba a 49 millones de dólares; en 1994 representaba cerca de mil millones de dólares. La deuda aumentó sobre todo a partir de 1982. Los principales acreedores son el Banco Mundial, el FMI y las instituciones vinculadas a ellos. El BM y el FMI desempeñaron el papel más activo en el endeudamiento. En 1999 estas instituciones detentaban el 87% de la deuda exterior ruandesa (en 1999 la deuda exterior ruandesa se repartía de la siguiente manera: el 87% se debía a las instituciones multilaterales, el 13 % se debía en bilateral, 0% a acreedores privados. Fuente: World Bank, GDF 2001).
El régimen dictatorial que existía desde 1973 garantizaba no caer en una política de cambios estructurales progresistas. Por ello potencias occidentales lo apoyaban activamente: Bélgica, Francia y Suiza. Además, podía constituir una muralla defensiva respecto a unos Estados que todavía mantenían en la región unas veleidades de independencia y de cambios progresistas ( por ejemplo, la Tanzania del presidente progresista Julius Nyerere, uno de los dirigentes africanos del movimiento de los no alineados).
Durante la década de 1980 hasta 1994 Ruanda recibió muchos préstamos y la dictadura de Habyarimana se apropió de una parte considerable de ellos. Los préstamos concedidos debían servir para insertar más firmemente a la economía ruandesa en la economía mundial desarrollando sus capacidades de exportación de café, de té y de estaño (sus tres principales productos de exportación) en detrimento de los cultivos destinados a la satisfacción de las necesidades locales. El modelo funcionó hasta mediados de la década de 1980, momento en que se desmoronaron primero la cotización del estaño, luego del café y por último del té. Ruanda, para el que el café constituía su principal fuente de divisas, se vio gravemente afectado por la ruptura del cartel del café provocada por Estados Unidos a principio de la década de 1990.
Utilización de los préstamos internacionales para preparar el genocidio
Unas semanas antes de que se desencadenara la ofensiva del Frente Patriótico Ruandés (FPR) en octubre de 1990 las autoridades ruandesas firmaron con el FMI y el BM en Washington un acuerdo para establecer un plan de ajuste estructural (PAE).
Este PAE se aplicó en noviembre de 1990: el franco ruandés se devaluó un 67%. En contrapartida el FMI concedió unos créditos en divisas de desembolso rápido para permitir al país mantener los flujos de las importaciones. Las sumas así prestadas permitieron equilibrar la balanza de pago. El precio de los bienes importados aumentó de manera vertiginosa: el precio de la gasolina se disparó un 79%. El producto de la venta en el mercado nacional de los bienes importados permitió al Estado pagar los sueldos de los militares cuyo efectivos ascendieron vertiginosamente. El PAE prevería una disminución de los gastos públicos: en efecto, hubo congelación de sueldos y despidos en la función pública pero con la transferencia de una parte de los gastos a beneficio del ejército.
Mientras que se disparaban los precios de los bienes importados, se congelaba el precio de compra del café a los productores. Quien lo exigía era el FMI. Consecuencia de ello fue la ruina de cientos de miles de pequeños productores de café (Maton, 1994). A partir de entonces, estos y las capas más empobrecidas de las ciudades constituyeron una reserva permanente de reclutas para las milicias Interahamwe y para el ejército.
Entre las medidas impuestas por el BM y el FMI a través del PAE hay que destacar otra: el aumento de los impuestos al consumo y la bajada de los impuestos sobre las sociedades, el aumento de los impuestos directos a las familias populares por medio de la reducción de las deducciones fiscales para las familias numerosas, de la reducción de las facilidades de crédito para los campesinos…
Para justificar la utilización de los préstamos de la pareja BM/FMI, el BM autoriza a Ruanda a presentar antiguas facturas que cubrían la compra de bienes importados. Este sistema permitió a las autoridades ruandesas financiar la compra masiva de las armas del genocidio. Los gastos militares se triplicaron entre 1990 y 1992 (Nduhungirehe, 1995). Durante este periodo el BM y el FMI enviaron varias misiones de expertos. Estos señalaron algunos aspectos positivos de la política de austeridad aplicada por Habyarimana, pero, con todo, amenazaron con suspender los pagos si seguían creciendo los gastos militares. Entonces las autoridades ruandesas urideron una serie de artificios para disimular sus gastos militares: camiones comprados por el ejército se imputaron al presupuesto del Ministerio de Transportes, una parte importante de la gasolina utilizada por los vehículos de las milicias y del ejército se imputó al Ministerio de Sanidad… Finalmente, el BM y el FMI cerraron el grifo de la ayuda financiera a principios de 1993 pero no denunciaron la existencia de las cuentas bancarias que las autoridades ruandesas tenían en el extranjero en los grandes bancos y en las que cantidades importantes de dinero seguían estando disponibles para la compra de armas. Se puede considerar que fallaron en su deber de controlar las sumas prestadas. Hubieran debido detener sus préstamos a principios de 1992 cuando se dieron cuenta de que el dinero se utilizaba para la compra de armas. En ese momento hubieran debido alertar a la ONU. Al seguir haciendo sus préstamos hasta principios de 1993 ayudaron a un régimen que preparaba un genocidio. Desde 1991 las organizaciones de defensa de los derechos humanos habían denunciado las masacres preparatorias del genocidio. El BM y el FMI ayudaron sistemáticamente al régimen dictatorial porque era un aliado de Estados Unidos, de Francia y de Bélgica.
El aumento de las contradicciones sociales
Para ejecutar el proyecto genocida era necesario no sólo un régimen para concebirlo y dotarse de los instrumentos para su realización. También era necesaria una masa empobrecida y convertida en lumpen, esto es, dispuesta a realizar lo irreparable. En este país el 90% de la población vive en el campo y el 20% de la población de la población campesina dispone de menos de media hectárea por familia. Entre 1982 y 1994 se asiste a un proceso generalizado de empobrecimiento de la mayoría de la población rural con un enriquecimiento impresionante en el otro polo de la sociedad. Según el profesor Jef Maton, en 1982 el 10% más rico de la población era dueño del 20% de los ingresos rurales; en 1992 acaparaban el 41%; en 1993, el 45% y a principios de 1994, 51% (Maton, 1994). El catastrófico impacto social de las políticas dictadas por la pareja FMI/BM y de la caída de las cotizaciones del café en el mercado mundial (caída que hay que poner en correlación con las políticas de las instituciones de Bretton Woods y de Estados Unidos que en esa misma época lograron hacer saltar el cartel de los productores de café) desempeña un papel clave en la crisis ruandesa. El régimen Habyarimana canalizó enorme descontento social hacia la realización del genocidio.
Los acreedores del genocidio
Los principales suministradores de armas a Ruanda entre 1990 y 1994 son Francia, Bélgica, Sudáfrica, Egipto y la República Popular de Chine. Esta última suministró 500 000 machetes. Egipto (cuyo vice-Ministro de Asuntos Exteriores, encargado de las relaciones con África, no era otro que Boutros Boutros-Ghali) ofreció a Ruanda en 1991 un crédito sin intereses para permitirle comprar armas de infantería por valor de seis millones de dólares. Una vez que estalló el genocidio, mientras que la ONU había decretado el 11 de mayo de 1991 un embargo de armas, Francia y la empresa británica Mil-Tec suministraron armas al ejército criminal vía el aeropuerto de Goma en Zaire (Toussaint, 1996). Una vez que el FPR tomó Kigali, capital de Ruanda, varios altos responsables del genocidio fueron recibidos en el Elíseo. Con ayuda del ejército francés las autoridades ruandesas en el exilio instalaron en Goma la sede del Banco Nacional de Ruanda. Hasta finales de agosto de 1994 éste efectuó los pagos para las compras [ya efectuadas] de armas y para comprar nuevas. Los bancos privados Belgolaise, Générale de Banque, BNP, Dresdner Bank… aceptaron las órdenes de pago de los genocidas y reembolsaron a los acreedores del genocidio.
La situación después del genocidio
Tras la caída de la dictadura militar en julio de 1994 el BM y el FMI exigieron a las nuevas autoridades ruandesas que limitaran la cantidad de funcionarios al 50% de los efectivos previstos antes del genocidio. Las nuevas autoridades aceptaron.
Las primeras ayudas concedidas por Estados Unidos y Bélgica a finales de 1994 sirvieron para reembolsar los atrasos de la deuda del régimen de Habyarimana con el BM. Las ayudas concedidas por los países del norte llegaron con cuentagotas a un país que había que reconstruir. Desde noviembre de 1996 las autoridades acogieron a más de 800.000 refugiados.
Según el documento de David Woodward realizado para Oxfam, en 1996, si bien la producción agrícola se había enderezado ligeramente, seguía siendo un 38% inferior a las primeras cosechas habituales y un 28% a las segundas. El sector industrial resultaba ser más lento todavía para recuperarse: sólo 54 de las 88 empresas de producción que existían antes de abril de 1994 habían retomado su actividad y la mayoría producían mucho menos que su nivel anterior: a finales de 1995 el valor añadido del conjunto del sector industrial sólo representaba el 47% de su nivel de 1990.
El aumento del 20% de los salarios del servicio público en enero de 1996 fue el primero desde 1981, pero se calcula oficialmente que el 80% de los trabajadores del sector público se situaba por debajo del umbral de pobreza. No es de extrañar que los ruandeses prefieran trabajar en una ONG como conductores o cocineros antes que implicarse en la función pública. Además, esta cifra no es privativa de la función pública puesto que en 1996 el BM calculaba que entre el 85% y el 95% de los ruandeses vivían por debajo del umbral de pobreza absoluta.
Hay que señalar un crecimiento considerable de la cantidad de mujeres cabeza de familia que pasó del 21,7% antes del genocidio al 29,3% con puntas de más del 40% en algunas prefecturas. Su situación es particularmente dramática cuando se sabe hasta qué punto las mujeres están discriminadas a nivel de las leyes ligadas sobre todo a la herencia, al acceso al crédito y al régimen inmobiliario. Ya antes del genocidio el 35% de las mujeres cabeza de familia tenía unos ingresos mensuales inferiores a 5.000 francos ruandeses (unos 15 dólares) por persona, mientras que esta tasa era de 22% para los hombres jefes de familia.
A pesar de la elevada tasa de adopción de huérfanos tras el genocidio y el sida, la cantidad de niños sin familia oscilaba entre 95.000 y 150.000.
A nivel de la enseñanza, en 1996 las inscripciones en el ciclo primario sólo llegaban aproximadamente al 65% mientras que la tasa de frecuentación de las escuelas secundarias no superaba el 8% (Woodward, 1996).
En 1994 la deuda exterior total de Ruanda se elevaba a cerca de mil millones de dólares. Esta deuda había sido contraída íntegramente por el régimen de Habyarimana. Cinco años después esta deuda había aumentado aproximadamente un 30% y Ruando reembolsaba 31 millones de dólares (cifra del año 1999).
La deuda contraída antes de 1994 entra plenamente en la definición de «deuda odiosa «[2], en consecuencia el nuevo régimen habría debido ser exonerado totalmente de ella. Los acreedores multilaterales y bilaterales sabían perfectamente con qué trataban cuando prestaban dinero al régimen de Habyarimana. Tras el cambio de régimen no tenían derecho a remitir sus exigencias al nuevo Ruanda. Y, sin embargo, lo hicieron sin vergüenza alguna. Es absolutamente escandaloso.
Las autoridades ruandesas que tomaron el poder en 1994 trataron de convencer al BM y al FMI de renunciar a sus créditos. Ambas instituciones se negaron y amenazaron con cerrar el grifo de los créditos si Kigali se empeñaba en ello. Pidieron a Kigali silenciar la ayuda que habían aportado al régimen de Habyarimana a cambio de nuevos préstamos y de la promesa de la anulación futura de la deuda en el marco de la iniciativa a favor de los países pobres muy endeudados (lanzada en 1996). Es deplorable que haya aceptado esta negociación. Las consecuencias son nefastas: continúa el ajuste estructural cuyas consecuencias económicas y sociales son desastrosas, y crecimiento de la deuda exterior. Al hacerlo las autoridades de Kigali obtuvieron el estatuto de alumno aplicado del FMI, del BM y del Club de París. Peor, participando en la ocupación militar de una parte del territorio del país vecino, la República Democrática de Congo, a partir de agosto de 1998 y participando en el saqueo de sus recursos naturales, el régimen ruandés se hizo cómplice de Estados Unidos y de Gran Bretaña en la región (ambos países buscaban activamente debilitar a la RD de Congo).
Bibliografía:
– World Bank. 2001. Global Development Finance, Washington.
– Chossudovsky, Michel y otros, 1995, «Rwanda, Somalie, ex Yougoslavie: conflits armés, génocide économique et responsabilités des institutions de Bretton Woods», 12 p., in Banque, FMI, OMC: ça suffit!, CADTM, Bruxelles, 1995, 182 p.
– Duterme Renaud, 2010, «Rwanda : un génocide évitable», http://www.cadtm.org/Rwanda-
– Chossudovsky Michel y Galand Pierre, L’usage de la dette extérieure du Rwanda (1990/1994). La responsabilité des bailleurs de fond, Analyse et recommandations. Rapport préliminaire, Bruselas – Ottawa, noviembre de1996.
– Maton, Jef, 1994, Développement économique et social au Rwanda entre 1980 et 1993. Le dixième décile en face de l’apocalypse, Université de Gand, Faculté de Sciences économiques, 43 p.
– Nduhungirehe, Marie-Chantal, 1995, Les Programmes d’ajustement structurel. Spécificité et application au cas du Rwanda, memoria de licenciatura, UCL, Faculté de Sciences économiques, 162 p.
– Sack, Alexander Nahum, 1927, Les Effets des Transformations des Etats sur leurs Dettes Publiques et Autres Obligations financières, Recueil Sirey, París.
– Toussaint, Eric, 1996, «Nouvelles révélations sur les ventes d’armes», 2 p., CADTM 19, Bruselas, 1996.
– Toussaint, Eric, 1997a. «Rwanda: Les créanciers du génocide», 5 p., in Politique, La Revue, Paris, avril 1997.
Woodward, David, 1996, The IMF, the World Bank and Economic Policy in Rwanda : Economic, Social and Political Implications, Oxfam, Oxford, 55 p.
Notas:
(1) Una primera versión de este artículo se publicó en 1997: Eric Toussaint, «Rwanda : Les créanciers du génocide», 5 p., in Politique, La Revue, Paris, abril 1997. Los cambios aportados a esta versión con completamente menores.
(2) Deuda odiosa: «Si un poder despótico contrae una deuda no según los intereses y necesidades del Estado sino para fortificar su régimen despótico, para reprimir a la población que lucha contra él, esta deuda es odiosa para la población de todo el Estado. Esta deuda no es obligatoria para la nación: es una deuda del régimen, deuda personal del poder que la contrajo; en consecuencia, cae con al caída del régimen en el poder». Alexander Nahum Sack (1927).
Eric Toussaint es presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo Bélgica (http://www.cadtm.org/).
Fuente: http://www.mondialisation.ca/