La Fiscalía de Ruanda ultima la emisión de varias órdenes de detención contra responsables civiles y militares franceses citados en un informe ruandés por el papel que jugaron en el genocidio de 1994. París admite haber cometido «errores», pero rechaza toda responsabilidad. «Las actas de acusación se están finalizando y las órdenes de arresto pueden […]
La Fiscalía de Ruanda ultima la emisión de varias órdenes de detención contra responsables civiles y militares franceses citados en un informe ruandés por el papel que jugaron en el genocidio de 1994. París admite haber cometido «errores», pero rechaza toda responsabilidad.
«Las actas de acusación se están finalizando y las órdenes de arresto pueden ser emitidas en cualquier momento», declaró a France Presse una fuente judicial ruandesa. Según dijo, la Fiscalía se aprestaba ayer a emitir varias órdenes de detención contra 23 de los 33 responsables civiles o militares franceses que se mencionan en el informe difundido el pasado 5 de agosto.
La noticia coincidió con la escalada judicial entre París y Kigali tras la detención, el domingo en Alemania y a instancias de París, de la jefa de Protocolo de la Presidencia ruandesa, Rose Kabuye. Ella es una de los nueve responsables ruandeses próximos al presidente, Paul Kagame, buscados por la Justicia gala por su presunta participación en el atentado que derribó, en abril de 1994, el avión del presidente hutu Juvenal Habyarimana, desencadenando el genocidio.
El informe señalaba que París estaba «al corriente de los preparativos» del genocidio y «participó en las principales iniciativas» de su organización y de «su ejecución».
Entre los 13 dirigentes galos incriminados por el informe figuran el entonces presidente, François Mitterrand; su primer ministro, Edouard Balladur; su ministro de Asuntos Exteriores, Alain Juppé; su director de Gabinete, Dominique de Villepin, y el ex secretario general del Elíseo Hubert Védrine.
Según Naciones Unidas, unas 800.000 personas de la minoría tutsi ruandesa así como hutus moderados fueron exterminados por extremistas hutu entre abril y julio de 1994.
La comisión de investigación ruandesa autora del informe acusa a los responsables franceses de haber formado las milicias genocidas antes del inicio de la matanza, de haber dado protección a los dignatarios ruandeses partidarios de la exterminación tutsi, de haber sido cómplices de las milicias en sus ejecuciones. Les responsabilizaba, además, de no haber hecho absolutamente nada para poner fin al genocidio contra los tutsi.
El Estado francés admitió haber cometido «errores» en su política en Ruanda, pero niega cualquier responsabilidad en aquella masacre. Diez funcionarios galos que participaron en la operación militar Turquesa en Rwanda, en 1994, presentaron una denuncia por difamación.
El Gobierno de Kigali rompió relaciones diplomáticas con París en noviembre de 2006 tras las nueve órdenes de detención dictadas por el juez Jean-Loius Bruguière, quien reclamó la apertura de diligencias contra Kagame, por su presunta participación en el atentado contra Habyarimana.