En una reciente conferencia de Felipe González, ex presidente del Gobierno de España, al ser preguntado por la explotación de recursos naturales en África, declaró que «en el Sahara Occidental no hay actividad económica». Felipe González tenía razón, al menos en parte. Tenía razón en que apenas hay actividad económica porque todos los beneficios de […]
En una reciente conferencia de Felipe González, ex presidente del Gobierno de España, al ser preguntado por la explotación de recursos naturales en África, declaró que «en el Sahara Occidental no hay actividad económica». Felipe González tenía razón, al menos en parte. Tenía razón en que apenas hay actividad económica porque todos los beneficios de las riquezas del Sahara Occidental van a parar a las arcas del Gobierno de Marruecos, país que ocupa el territorio ilegalmente desde 1975. Aunque hay que decir, en honor a la verdad y en contra de la opinión de González, que el puerto de El Aaiun, capital del Sahara Occidental ocupado, tiene mucha más actividad económica que cualquier otro puerto de Marruecos, debido a la explotación del rico banco de pesca saharaui, cuyos beneficios van también a las arcas marroquíes.
González sabe, y lo sabe bien, que es Marruecos quien se beneficia de los recursos saharauis: pesca, fosfatos, arena, turismo, energía… ¡sin hablar de la potencial existencia de petróleo y gas! Ylos beneficios no son pocos. En 2008, se calcula que la OCP(empresa estatal marroquí que gestiona las minas de fosfatos de Bu Craa, en el Sahara Occidental ocupado) extrajo aproximadamente 4 millones de toneladas de fosfatos, que vendió a multitud de empresas transnacionales, entre ellas la española FMC Foret, que adquirió unas quinientas mil toneladas. Si consideramos la enorme importancia de la roca fosfórica como base de los fertilizantes y de productos de detergencia, cabe pensar que los beneficios de su venta son igualmente importantes. Yasí es. El precio del fosfato se ha multiplicado por ocho en los últimos años, llevando a Marruecos (no a los saharauis) a embolsarse más de 1.500 millones de dólares, más de 50 veces lo destinado en ayuda humanitaria a los refugiados saharauis por el Programa Mundial de Alimentos (PAM), la Comisión Europea de Ayuda Humanitaria (ECHO) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
El Frente Polisario, reconocido por la ONU como legítimo representante del pueblo saharaui, y asociaciones de apoyo a las reivindicaciones saharauis, como Western Sahara Resource Watch (el Observatorio de los Recursos Naturales del Sahara Occidental), vienen denunciando desde hace años la impunidad con la que Marruecos y las empresas transnacionales están esquilmando las riquezas de este país ocupado. Pero la comunidad internacional tiene el oído bastante duro
Esta explotación de recursos es ilegal. No es que lo diga el Frente Polisario o se lo invente Western Sahara Resource Watch. Multitud de resoluciones de la ONU lo avalan. Sin ir más lejos, la reciente resolución 63/102 de la Asamblea General, de diciembre de 2008, señala que, en virtud del estatus de Territorio No Autónomo (es decir, pendiente de descolonización) del Sahara Occidental, es el pueblo saharaui quien tiene el derecho de gestionar y explotar sus recursos naturales, reafirmando que «toda actividad económica o de otro tipo que afecte negativamente a los intereses de los pueblos de los Territorios no autónomos y al ejercicio de su derecho a la libre determinación, reconocido en la Carta y en la Resolución 1514 (XV), es contraria a los propósitos y principios enunciados en la Carta», reafirmando también «la necesidad de evitar cualquier actividad económica o de otro tipo que afecte negativamente a los intereses de los pueblos de los Territorios no autónomos«.
La ONU va más lejos, exhortando a los gobiernos a adoptar las medidas necesarias para que «sus nacionales y personas jurídicas bajo su jurisdicción que posean y exploten empresas en Territorios no autónomos que sean perjudiciales para los intereses de los habitantes de esos Territorios… pongan término a las ctividades de esas empresas».
El papel del capital español
Western Sahara Resource Watch denuncia a empresas españolas que, en un vergonzoso ejercicio de irresponsabilidad legal, ética y moral, están comprando recursos naturales del Sahara Occidental a Marruecos o estableciendo empresas en el territorio para explotarlos directamente. No son cuatro gatos ni cuatro duros. FMC Foret se «trae a casa» medio millón de toneladas de fosfatos; Jealsa, empresa gallega que comercializa las conservas Rianxeira y Escuris, tiene una fábrica en El Aaiun cuyos productos son vendidos en España, Marruecos, Siria o Palestina, además de envasar para marcas blancas como Hacendado, de Mercadona; Europacífico, empresa española con socios japoneses, chilenos y neozelandeses, firmó en 2008 un acuerdo con Marruecos de distribución de 30.000 toneladas de pescado saharaui, principalmente pulpo; Granintra, empresa cementera canaria, importa miles de toneladas de arena saharaui para el sector de la construcción; Isofotón, empresa malagueña de energías renovables, tiene instalaciones fotovoltaicas en los territorios ocupados; Top Fly e Islas Airways tienen vuelos comerciales desde Canarias a El Aaiun; pequeños empresarios canarios de hostelería y turismo ven en el Sahara Occidental una alternativa a la crisis en las Islas.
Y, ¿qué hay del tan de moda código ético empresarial? ¿Se han planteado sus dueños que con sus negocios apoyan la ocupación ilegal de Marruecos en el Sahara? No, claro que no. Sabemos que no. Sólo hay que leer declaraciones como las de Jesús Alonso, presidente de Jealsa, que dijo en una entrevista publicada por El País (29/09/08) que «en Marruecos [refiriéndose a las instalaciones de Jealsa en El Aaiun], por ejemplo, además de fabricar latas de sardinas, hacemos harina de pescado, extraemos Omega 3 del aceite de pescado…» Con sus declaraciones, el Sr. Alonso está apoyando ¿indirectamente? la ocupación del Sahara Occidental. Y, con los 200 millones de dólares que le dio a la OCP marroquí en 2008 a cambio de fosfatos saharauis, FMC Foret está financiando la militarización del territorio y el mantenimiento del muro minado de más de 2.000 Km. que parte al Sahara Occidental en dos.
Si analizamos la postura del Gobierno de España al respecto, vemos que, lejos de adoptar las medidas necesarias que pide la ONU, no sólo deja que empresas españolas campen a sus anchas por el vasto territorio de la irresponsabilidad ética y legal, sino que es el primero y uno de los mayores expoliadores de recursos naturales saharauis, mediante las más de 100 licencias de pesca concedidas a España para faenar en aguas saharauis gracias al acuerdo de pesca firmado entre la Unión Europea y Marruecos en 2006, que le genera al Gobierno de Mohamed VI más de 144 millones de euros [1]
La respuesta saharaui
Pero los saharauis no se han quedado parados. No se resignan a vivir indefinidamente de las migajas del PAM, la ECHO o ACNUR ni a soportar estoicamente las violaciones de Derechos Humanos cometidas por las autoridades marroquíes en los territorios ocupados ante la pasividad de la comunidad internacional.
El Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reconocido por más de 80 países y por la Unión Africana, ha declarado en 2009 la Zona de Exclusividad Económica de sus aguas y ha denunciado ante la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU la violación del Derecho Internacional por Marruecos al utilizar y comerciar con los recursos naturales del Sahara Occidental.
Asimismo, la RASD ha sacado a concurso licencias de exploración y explotación de petróleo y gas de sus cuencas, firmando acuerdos a futuro con empresas extranjeras como Ophir Energy Company Ltd, Europa Oil & Gas plc o Maghreb Exploration Limited, que sí anteponen los principios éticos a los económicos a la hora de hacer negocios (Iberdrola o la conservera española Calvo son también ejemplos de empresas que se han retirado del Sahara Occidental).
Y, desde los territorios ocupados, la sociedad civil saharaui se organiza de forma clandestina (cualquier actividad reivindicativa u organizativa está fuertemente reprimida) para denunciar la explotación ilegal de sus recursos. Organizaciones como CSPROM (Comité para el Sostenimiento de los Recursos Naturales del Sahara Occidental) colaboran estrechamente con asociaciones y activistas internacionales para obtener y facilitar información sobre el terreno, detectando la llegada y salida de barcos con cargamentos diversos o la actividad de empresas extranjeras en la zona, y denunciando el expolio y la destrucción medioambiental de su territorio.
Recuerdo que un amigo saharaui de los territorios ocupados me dijo una vez: «un día me despertaré y veré que se han llevado la arena de mi desierto».
Debemos ayudarles a evitarlo-
Javier García Lachica es activista de Western Sahara Resource Watch en España: www.wsrw.org
Este artículo ha sido publicado en el nº 40 de la Revista Pueblos, diciembre de 2009.