Desde que el Polisario pidió el 13 de febrero al Gobierno de España que intervenga ante la “brutal represión” que sufre la población saharaui en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, Pedro Sánchez permanece en silencio.
El presidente del Gobierno dijo el 16 de diciembre en el Congreso de los Diputados que no se iba a desentender de la suerte de un pueblo con el que España tiene lazos históricos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado la callada por respuesta a la petición de ayuda urgente hecha por el Frente Polisario ante la “brutal represión” que está sufriendo la población civil saharaui en los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos.
El delegado del F. Polisario en España, Abdulah Arabi, se dirigió el 13 de febrero al Gobierno solicitando que exija a Marruecos el cese inmediato de la violencia y ponga fin al atropello de los derechos fundamentales de los civiles saharauis por el incremento de la represión que se vive en los territorios ocupados del Sáhara Occidental desde la reanudación de la guerra. Arabi recordó que España sigue siendo la potencia administradora de la excolonia -lo establece la ONU y la Audiencia Nacional- y que está obligada a comprometerse para acabar con el sufrimiento largo e inhumano del pueblo saharaui.
Sin embargo, el presidente Sánchez, que el 16 de diciembre aseguró en el Congreso de los Diputados que su Gobierno no se iba a desentender “para nada” de la suerte de un pueblo con el que España tiene lazos históricos, guarda silencio, como si no ocurriese nada en el Sáhara Occidental.
Desde que volvió la guerra al Sáhara Occidental la persecución a la población civil saharaui por parte del régimen marroquí es constante, como denuncian las organizaciones de Derechos Humanos, tanto saharauis como internacionales.
Lo puso de relieve, también, Podemos, el socio del Gobierno de Pedro Sánchez, en un tuit del 15 de febrero en el que dijo que España no puede tolerar el aumento de violaciones de DDHH en el Aaiún y Bojador, y exigía a La Moncloa (presidencia) y al Ministerio de Exteriores “acciones urgentes” para proteger a Sultana Jaya, Mohamed Nafaa Boutasofra, Ghali Bouhala o Mohamed Lamin Haddi.
Estos nombres son solo cuatro casos de los muchos que ocurren a diario en la excolonia española: Sultana Jaya lleva más de cien días sin poder salir de casa y es agredida, hasta con piedras, cada vez que lo hace; Mohamed Lamin Haddi, periodista condenado a 25 años de cárcel, se encuentra en grave estado por la huelga de hambre que inició el 13 de para exigir mejores condiciones penitenciarias, y Mohamed Nafaa Boutasofra y Ghali Bouhala han sido enviados a prisión con la recurrente acusación marroquí para los activistas de Derechos Humanos de tráfico de drogas.
La crítica situación en que se encuentra Mohamed Lamin ha motivado un nuevo comunicado de la Delegación Saharaui para España, solicitando la intervención urgente del Comité Internacional de Cruz Roja y de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos para salvar la vida del periodista saharaui.
Y otra vez un llamamiento a España: “El Estado Español tiene el deber jurídico y moral de acabar con el sufrimiento largo e inhumano del pueblo saharaui, cumpliendo así la legalidad internacional y respondiendo a las reivindicaciones de la sociedad española, profundamente comprometida con la justa causa del pueblo saharaui”.
Combatir la violación de los DDHH
Precisamente sobre los DDHH el Gobierno de Pedro Sánchez se muestra tajante: “España condenará y combatirá la violación de los derechos humanos allí donde se produzcan”.
Esta contundente declaración aparece en el proyecto de Estrategia de Acción Exterior 2021-2024, acordado el 26 de enero en Consejo de Ministros y remitido a las Cortes Generales. En él se establece que “la protección y la promoción de los derechos humanos deben consolidarse como elemento distintivo y definidor de la acción exterior española”.
Además, concreta que España fortalecerá su implicación en los foros internacionales de derechos humanos, y a nivel bilateral “ahondará en la incorporación sistemática de los derechos humanos en sus relaciones con otros países, con acciones como la reserva de un espacio para el tratamiento de estas cuestiones en las agendas de visitas, diálogos y consultas”. Justo lo que no se hace cuando el presidente del Gobierno y los ministros viajan a Marruecos.
En las más de cien páginas del proyecto el conflicto del Sáhara Occidental aparece con una ligera alusión, apuntando que “es una prioridad de España contribuir a los esfuerzos de la ONU para llegar a una solución política de los contenciosos en el Magreb y Oriente Próximo de acuerdo con los parámetros internacionales, incluidos el Sáhara Occidental, Libia, Siria y el conflicto israelo-palestino”.
Si Pedro Sánchez mantiene silencio sobre el Sáhara Occidental, quien sí ha ha opinado en varias ocasiones ha sido la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, pero no para referirse a la represión que padecen los civiles saharauis a manos de los cuerpos de seguridad marroquíes.
Una de las últimas intervenciones fue el de 23 de febrero en el Senado, donde dijo lo mismo que en otras ocasiones: que el Gobierno apoya una solución “política, justa, duradera y mutuamente aceptada”, sin citar la autodeterminación del pueblo saharaui, un derecho que el PSOE defendió hasta hace unos años y que el mismo Pedro Sánchez apoyó en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2018. Pero fue la última vez.
La ministra afirmó, también, que el recurso a la vía armada no solo es contrario a la Carta de Naciones Unidas, sino que podría generar aún más sufrimiento a los habitantes de la región, a lo que el senador del PNV, Luis Jesús Uribe-Extebarría, alegó que la solución política basada en el derecho de autodeterminación y en un referéndum, para el que pidió el apoyo del Gobierno de España como potencia administradora, constituye el factor de equilibrio y de estabilidad en la región.
A pesar de que la ONU y la Audiencia Nacional (en un auto de una Sala que presidió el magistrado Fernando Grande-Marlaska, ahora ministro del Interior) establecen que España es la potencia administradora de derecho del Sáhara Occidental, el Gobierno de Sánchez alega que no tiene “responsabilidad de carácter internacional” con respecto a la administración del Sáhara Occidental, y aprovecha cualquier ocasión para reiterarlo, como cuando responde a preguntas parlamentarias, la ultima en febrero a Ciudadanos.
En febrero de 2021 se ha intensificado la represión y la violación de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, así como en ciudades del sur marroquí con población saharaui y con los presos saharauis en cárceles marroquíes, como muestra la siguiente relación, mucho más extensa que las anteriores, según organizaciones sociales y medios de información saharauis y españoles.