Unos días antes de concluir el pasado 2008, el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, y el gobierno de Senegal suscribieron un «Memorando de Entendimiento» para la puesta en marcha de diferentes acciones que deberían contribuir «a disminuir el nivel de pobreza de la república africana». Según Ricardo Melchior, estos acuerdos «son muy positivos […]
Unos días antes de concluir el pasado 2008, el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, y el gobierno de Senegal suscribieron un «Memorando de Entendimiento» para la puesta en marcha de diferentes acciones que deberían contribuir «a disminuir el nivel de pobreza de la república africana». Según Ricardo Melchior, estos acuerdos «son muy positivos porque abren una vía de cooperación con Senegal a través de lacual -afirmó- la institución que él preside «podrá ayudar a este país en diversas materias como la agricultura y la energía». La publicidad institucional con la que se suele revestir este tipo de convenios ha destacado diversos aspectos en los que el Cabildo «prestará su apoyo» a Senegal, como «la asistencia técnica o la introducción de nuevas tecnologías». No ha faltado tampoco la ineludible mención al «uso de energías renovables» – imprescindible hoy en día para ‘vender’ cualquier proyecto político-. Sin embargo, tras esta fachada promocional «verde» no existe, por el momento, más que el proyecto de construir un módulo en la aldea de Fourdou que albergará un centro comunitario con sistema combinado de energía eólica y fotovoltaica. A dicho proyecto le destinará el Cabildo de Tenerife, en esta fase, unos 55000 euros, una inversión insignificante que refleja bien a las claras que no se trata, precisamente, de una de sus prioridades.
Sí es prioritario para el Cabildo tinerfeño, en cambio, la puesta en marcha de otros proyectos que lejos de contribuir a disminuir la pobreza en Senegal podrían llegar a agravarla hasta provocar una auténtica crisis humanitaria. Uno de los que se acaba de poner en marcha con la firma del convenio es «la producción masiva de la planta denominada Jatropha Curca para la elaboración de aceite para Biodiesel«. Se concretan así los planes para que el país africano desarrolle estos cultivos, destinados a la producción de biomasa que podría ser utilizada en Tenerife por DISA, en la planta de biodiesel que esta empresa energética prevé construir próximamente en el polígono industrial de Granadilla. Ya el pasado verano Ricardo Melchior y el embajador de Senegal en España publicitaban estos planes como «un proyecto alternativo para que la juventud senegalesa pueda quedarse allí a trabajar…y una forma de luchar contra la inmigración clandestina». Una afirmación que, como veremos, resulta más que discutible.
Mito y realidad de los biocombustibles: combustible Vs. alimentos
Dispuestas a hacer más negocio a cuenta del cambio climático, las grandes corporaciones agroalimentarias y algunas transnacionales de la energía han presentado los biocombustibles – producidos sobre la base de cultivos como caña de azúcar, maíz y oleaginosas – como una fuente de energía capaz de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que representarían mayores ingresos para los agricultores. Para tratar de convencernos de las virtudes de esta nueva «energía limpia» cuentan con el apoyo incondicional de no pocos gobiernos, incluido el de los EE.UU. que, según todos los indicios, marca la pauta de nuestra singular casta gobernante. Sin embargo, las terribles consecuencias que provocaría la implantación generalizada de esta alternativa a los combustibles fósiles no ha tardado en ser denunciada por científicos, economistas e incluso por expertos de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Sobre la primera y más directa de estas consecuencias ya han alertado en un informe conjunto la OCDE y la FAO: «la creciente demanda de los biocombustibles dispararía los precios de los cereales», lo que provocaría terribles hambrunas en los países subdesarrollados. Por su parte, el Instituto de Investigación de Políticas Alimentarias, con sede en Washington, ha advertido de que el auge de los biocombustibles aumentaría el precio de los alimentos entre un 20 y un 40 por ciento, de aquí al año 2020. La perversa elección que requiere el desarrollo de esta nueva industria, destinar los terrenos cultivables a la producción de combustible en vez de a alimentos, se plantea ahora en Senegal con toda su crudeza, con la diferencia de que la especie elegida para tal fin, la Jatropha Curca, no es un cereal, sino una planta venenosa.
En Senegal más de la mitad de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza, y alrededor del 60% vive en zonas rurales y depende del sector agrícola para su subsistencia. Los pequeños agricultores sobreviven con dificultad, y su producción ni siquiera logra paliar el hambre en las regiones que habitan, ya que la distribución está controlada por intermediarios que compran las cosechas para comercializarlas en los grandes mercados senegaleses o para la exportación. Sumidos estos agricultores en una situación tan precaria, la introducción subvencionada de la Jatropha Curca para la elaboración de biodiesel provocaría, con toda probabilidad, el mismo fenómeno al que han dado lugar las grandes plantaciones de soja transgénica en Argentina o Brasil. Para ser rentables, estos cultivos requieren enormes extensiones de terreno y terminan desplazando a los productores locales, incapaces de soportar la competencia de empresas extranjeras patrocinadas por sus propios gobiernos. Se trata de un modelo productivo tendente al monocultivo, que expulsa a grandes masas de agricultores del campo a la ciudad – donde forman bolsas de pobreza y marginalidad – y pone la producción agrícola bajo el control de grandes grupos económicos.
Quienes defienden la plantación de la Jatropha Curca para la producción de biocombustible aluden – entre otras supuestas virtudes – al hecho de que esta especie puede crecer en tierras erosionadas que ya no sirven para la actividad agrícola. Sin embargo, no es el criterio de sostenibilidad ecológica sino el del beneficio económico de los agentes implicados en este tipo de proyectos el que determina la extensión y la calidad de los terrenos que se le dedican. Sobre el peligro real de que bosques y praderas terminen siendo destruidos para utilizar estos terrenos en la producción de biomasa también han alertado ya los expertos de la OCDE. Si esta posibilidad llega a realizarse, lo que – con la actual correlación de fuerzas – dependerá fundamentalmente de la proporción en la que aumente la demanda de biocombustibles, se produciría un agravamiento sustancial del calentamiento global y el deterioro medioambiental que sufre el planeta.
En el caso de Senegal, la filiación neoliberal de sus gobernantes permite pronosticar que no dudarían en poner a disposición de estos cultivos toda la tierra disponible, aun arruinando sus riquezas naturales. En el año 2003, la Asociación Senegalesa de Ingenieros Forestales planteaba diferentes propuestas para que los recursos forestales de este país contribuyesen a paliar la pobreza de su población. Destacaban entonces las «grandísimas posibilidades de beneficios económicos» que tales recursos proporcionan, al tiempo que denunciaron el nulo interés demostrado por sus gobernantes en su aprovechamiento. El gobierno de Abdoulaye Wade respondió a estas propuestas reafirmándose en su idea de que lo mejor que podía hacerse era «privatizar los bosques para que los dueños busquen más beneficios económicos de ellos».
Senegal: ‘cabeza de playa’ del desembarco neocolonial
Los acuerdos establecidos entre el cabildo de Tenerife y el ejecutivo de Wade, deben enmarcarse en los planes más amplios de recolonización económica del continente africano en el que están embarcadas las principales potencias, y de la que la burguesía isleña aspira a recibir suculentas «migajas». En el caso que nos ocupa, y más allá de las inversiones directas que ésta pueda realizar, es preciso destacar la próxima celebración en Dakar de la I Cumbre Mundial de Conectividad en África, destinada a impulsar la conexión del continente con fibra óptica y satélites a las redes de comunicación. Un proyecto que llevará a cabo la sociedad Napwaci, promovida por el Cabildo de Tenerife que logró que la isla fuera elegida como sede para la instalación de un punto de acceso a las telecomunicaciones de África, el NAP. El Network Access Point (NAP) para África es propiedad de una empresa norteamericana llamada Terremark, vinculada a la administración Bush, que pretende construir las infraestructuras de telecomunicaciones que requieren las empresas multinacionales para apropiarse de los recursos con los que aún cuenta este continente. Senegal ha comprometido su participación en Napwaci y será la puerta de conexión a la red para el resto de países de África occidental. El despliegue de un cable de fibra óptica entre Senegal y Canarias forma parte de este proyecto.
Con toda seguridad puede afirmarse que los planes de estas multinacionales – incluida la introducción de cultivos para la elaboración de biocombustibles- no constituyen ninguna esperanza para los millones de pobres de Senegal y el resto de países africanos. Muy al contrario, se trata tan solo de una nueva vuelta de tuerca de la misma receta económica que ha condenado a este continente -el nuestro- a la miseria, la muerte y la desesperación. Un irrefrenable «efecto llamada» por el que deberían responder quienes no dudan en disfrazar de «ayuda al desarrollo» sus más espurios intereses.