El 14 de mayo, en La Marea informamos de las nuevas directrices del gobierno de Pedro Sánchez a Salvamento Marítimo cuando las personas náufragas sean migrantes, consistentes en no autorizar la entrada en aguas jurisdiccionales marroquíes para rescatar, aunque sepan de la existencia de pateras en peligro -un tercio de los rescates realizados en 2018 […]
El 14 de mayo, en La Marea informamos de las nuevas directrices del gobierno de Pedro Sánchez a Salvamento Marítimo cuando las personas náufragas sean migrantes, consistentes en no autorizar la entrada en aguas jurisdiccionales marroquíes para rescatar, aunque sepan de la existencia de pateras en peligro -un tercio de los rescates realizados en 2018 fueron en aguas alauitas-. Y cuando las pateras se encuentren en zona SAR compartida (las aguas intermedias en las que está autorizado para ambos países hacer Salvamento y Rescate, por sus siglas en inglés), en los casos en los que lo estime oportuno la Torre de Control -ahora dirigida por un mando único de la Guardia Civil-, Salvamento Marítimo deberá limitarse a ‘custodiarlas’ hasta que sean recogidas por los guardacostas marroquíes. Solo actuarán si vuelca o hay otro peligro inminente. Un riesgo que aumenta ante esta nueva forma de actuación teniendo en cuenta que cuando los ocupantes de una patera ven una lancha española de rescate, suelen ponerse en pie para pedir auxilio, a la vez que aumentan los nervios y las posibilidades de volcar la embarcación.
Los resultados, previsibles, los estamos viendo ya: según los 27 supervivientes de la patera rescatada ayer cuando fue encontrada por el ferry que comunica Nador con Motril, 22 migrantes murieron durante los casi dos días que pasaron en el mar.
Para reconstruir lo ocurrido durante aquellas horas hemos hablado con la defensora de derechos humanos Helena Maleno, de Caminando Fronteras, que alertó de la existencia de la patera, y con tres trabajadores de Salvamento Marítimo – dos de ellos, Manuel Capa e Ismael Sarmiento, portavoces sindicales de la CGT, y el tercero, de manera anónima-, y con el gabinete de prensa de Salvamento. Estos son los datos que hemos recapitulado.
El martes 18 de junio, Helena Maleno fue informada por parte de familiares de los ocupantes de una patera de que su embarcación había volcado. Así murieron parte de las 22 víctimas, según ha podido saber la activista, mientras sus compañeros de viaje conseguían dar la vuelta a la embarcación y volver a subirse en ella. A las 3 de la tarde aproximadamente , desde Caminando Fronteras dieron la voz de alerta a Salvamento Marítimo, a la vez que un familiar de uno de los migrantes avisaba a la Guardacostas marroquí de la patera, que había partido de Alhucemas (Marruecos) con 47 ocupantes. Según la información que nos ha facilitado Salvamento Marítimo, se informó inmediatamente a Marruecos con el objetivo de que se hiciera cargo de la misma siguiendo el Convenio Internacional sobre búsqueda y salvamento marítimo (1979) según el cual el centro responsable será el «de la zona en la que estuviera el objeto de la búsqueda según su última situación notificada». En este caso, su punto de partida marroquí. Siguiendo a rajatabla esta premisa, se sigue la nueva política de no entrar en ningún caso en aguas del país vecino.
Durante las siguientes horas, España envió dos aviones del Frontex -la agencia europea de control fronterizo- y otro del Ejército del Aire a su búsqueda exclusivamente en el área de las aguas españolas, sin éxito. Lo hicieron, según SM, porque están «dotados de tecnología de efectuar búsquedas nocturnas, para que no fuera necesario interrumpir la búsqueda durante la noche». En su respuesta a las preguntas de La Marea, exponen que no se envió el avión de Salvamento Marítimo que se encontraba más cercano, en Valencia, porque estaba «en parada anual preceptiva para mantenimiento». Hay que recordar que varias aeronaves de Salvamento Marítimo carecen de radar desde el año pasado, cuando se estropearon. De hecho, según los portavoces de la sección sindical de la CGT, las operaciones de rescate que realizaron el pasado verano, tuvieron que hacerlas examinando a través de la ventanilla. «Como en los tiempos del catalejo y el rifle», apuntillan.
También enviaron, según Salvamento Marítimo, una embarcación de la Guardia Civil y el buque Clara Campoamor en su búsqueda a las aguas españolas y SAR -llamadas comúnmente de solape con las marroquíes-, no así en las de Marruecos, porque este país ya había confirmado que tenía constancia de la patera y había asumido la coordinación de la búsqueda en su zona, y entrar en su territorio contravendría el Convenio SAR.
En opinión de los trabajadores de Salvamento Marítimo, sus aviones, helicópteros y embarcaciones sí pueden meterse en las aguas jurisdiccionales marroquíes, de tener permiso de la torre de control, por ser un cuerpo civil y, por tanto, entenderse que está cumpliendo con el derecho del mar de atender al deber del socorro sin que eso pueda ser interpretado como injerencia en el territorio de otro país.
Sin embargo, la clave está en la interpretación que haga de este hecho el país ribereño, en este caso Marruecos. En las aguas territoriales de un país, sólo se permite el derecho de paso inofensivo, consistente en la travesía para ir de un lugar a otro o para entrar o salir de un puerto marroquí. Pero no la incursión para realizar algún tipo de actividad, salvo que se llegue a un acuerdo específico.
En este sentido, Maleno recuerda que la Guardacostas marroquí «no tiene medios aéreos» y que «la Convención internacional de Salvamento establece que la colaboración tiene que ser activa entre los dos países, pero se ha protocolarizado que actúe Marruecos, no sé si para que se pueda echar las culpas a un tercer país de las muertes, y no a las nuevas medidas que se ha impuesto el gobierno español».
Desde Salvamento Marítimo responden a La Marea que «tal y como se hace habitualmente, se ofreció a Marruecos la posibilidad de que nuestros medios aéreo realizaran también búsqueda en su zona de responsabilidad», que no fue aceptada.
Ismael Furió, portavoz de la sección sindical de la de la CGT de Salvamento Marítimo, sostiene que «nuestra razón de ser como cuerpo civil es salvar vidas, por lo que la ley internacional me permite entrar. En cambio, las patrulleras con guardia civiles son militares, lo que complica su acceso a los rescates, además de que su función es interceptar a personas sospechosas».
El artículo 14 de la ley de 1962 que regulan los salvamentos en España recoge que «la Autoridad de Marina deberá proveer siempre al salvamento de vidas humanas que se encuentren en peligro en el mar, empleando para ello todos los medios de que disponga, pudiendo a este objeto utilizar toda clase de buques y embarcaciones y ordenar a sus dotaciones la prestación del socorro, así como requerir el auxilio de las Autoridades de otros órdenes«. Incluyendo aquí también la de otros países.
Según Salvamento Marítimo, las dos embarcaciones que envió Marruecos a la búsqueda «rescataron varias pateras, las cuales se confirmó que lamentablemente no correspondían con la buscada».
Finalmente, la patera en cuestión fue encontrada por el ferry Vronsky, que cubre la ruta entre Nador y Motril, a sólo 12 millas al norte del cabo Tres Forcas, justo al límite de las aguas territoriales marroquíes y dentro de su zona SAR.
La cesantía ante los naufragios de migrantes de España
Maleno recuerda que para «un hombre que tuvo un accidente en Valencia con un kayak se movilizaron dos aviones y un helicóptero, pero para las personas que viajan en patera tardan horas en movilizar un avión, que además muchas veces son de control, no de rescate».
Maleno compara esta situación con que se «impidiese a los médicos de la Seguridad Social operar a migrantes por el hecho de serlos», y sostiene que los trabajadores de Salvamento Marítimo que se han negado a asumir este protocolo de actuación han sido cesadas de sus puestos de responsabilidad, como el jefe del centro de coordinación de este cuerpo civil en Almería, Miguel Zea, y sustituidos por «otros que sí acatan las decisiones políticas del gobierno».
«Es una pena porque si se hubiesen activado los medios más que probablemente no hubiesen muerto; y si hubiesen sido europeos, tampoco. El nuevo protocolo impuesto a Salvamento Marítimo son las medidas de Salvini, pero maquilladas. Jamás había habido un deterioro de Salvamento Marítimo como el actual. La gestión de Ana Pastor como ministra de Fomento fue impecable», explica la defensora de derechos humanos, reconocida con numerosos premios nacionales e internacionales.
De las 27 personas que sobrevivieron al naufragio, seis fueron ingresadas en el hospital de Almería por su deteriorado estado de salud. Y el resto, fueron ingresadas en el centro de detención para inmigrantes del puerto de Motril, que el Defensor del Pueblo pidió en febrero de 2018 que sea clausurado en varias ocasiones por sus condiciones incompatibles con la habitabilidad de seres humanos. En el verano de 2017, el Sindicato Unificado de Policía reclamó su cierre también porque según su comunicado, la temperatura en su interior superaba en determinados momentos del día los 47 grados.
«Nos preocupa mucho el tema de los protocolos racistas: que 27 personas que han visto morir a familiares y compañeros sean obligados a dormir en comisaría, que se les interrogue sobre temas de mafia, que se les aplique la Ley de Extranjería… En lugar de ser atendidos con un protocolo de víctimas de tragedias y que la Cruz Roja pueda atenderles psicológicamente, dice mucho», analiza Maleno.
Y sostiene que «igual que el incremento de los controles migratorios en Ceuta y Melilla han convertido a estas ciudades en agujeros negros para los derechos humanos y la democracia, están haciendo lo mismo con las costas andaluzas. Van a haber más muertes, serán invisibilizadas, no permitirán que veamos los cuerpos ni informarán a sus familias… Y así seguirán construyendo una necrofrontera«, concluye.
Recuperamos el análisis en el que informábamos de las nuevas directrices del gobierno de Sánchez para los rescates de personas migrantes y advertíamos de sus posibles consecuencias. Desde Salvamento Marítimo niegan que «custodie embarcaciones para luego ser rescatadas por otro Estado», algo que siguen sosteniendo trabajadores y rescatadores del cuerpo civil.