Este artículo es el primero de una serie de dos que examinan el uso de la «guerra legal» contra ciudadanos musulmanes en Estados Unidos, acusados de participar en actividades relacionadas con el terrorismo. Participantes en una vigilia realizada el 7 de abril por Shifa Sadequee, un estadounidense de origen bangladesí que cumple una condena de […]
Este artículo es el primero de una serie de dos que examinan el uso de la «guerra legal» contra ciudadanos musulmanes en Estados Unidos, acusados de participar en actividades relacionadas con el terrorismo.
Participantes en una vigilia realizada el 7 de abril por Shifa Sadequee, un estadounidense de origen bangladesí que cumple una condena de 17 años en Terra Haute, Indiana, parados bajo la lluvia fuera del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Crédito: Kanya D’Almeida/IPS
– El sol se pone mientras los manifestantes se apiñan, con sus rostros apenas visibles en la penumbra. Pancartas simples, hechas a mano, rezan: «De pie por la justicia».
Sobre ellos, la fortificada torre de concreto del Centro Correccional Metropolitano de la ciudad de Nueva York se alza hacia el cielo que oscurece, con las luces fluorescentes de su interior iluminando las sólidas barras de acero de cada ventana.
La vigilia atrajo a un grupo heterogéneo de manifestantes, algunos con sus cabezas cubiertas, algunas ocultas bajo sus hijabs, otros simplemente vistiendo vaqueros y camisetas. Pero cualquiera fuera su atuendo, todos se reunieron aquí por un motivo: para protestar contra el uso de la «guerra legal» contra ciudadanos musulmanes acusados de participar en actividades vinculadas al terrorismo.
Sally Eberhardt, investigadora de Educators for Civil Liberties, dijo a IPS que estas vigilias mensuales empezaron en 2009 para subrayar las irregularidades legales en la demanda contra Fahad Hashmi, un ciudadano estadounidense nacido en Pakistán que en 2005 fue arrestado en el Aeropuerto de Heathrow, en Londres, y se convirtió en el primero en ser extraditado a Estados Unidos bajo las leyes aprobadas tras el 11 de septiembre de 2001, fecha de los atentados que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington.
Hashmi pasó tres años en confinamiento solitario en el Centro Correccional Metropolitano antes de que se le imputaran cargos formales. Aceptó un acuerdo y asumió un cargo de conspiración para brindar apoyo material a organizaciones terroristas y, en 2010, inició una sentencia de 15 años en la prisión federal de Florence, en el estado de Colorado.
Vigilias semanales realizadas en el otoño boreal de 2009 durante la emisión de la sentencia de Hashmi atrajeron a organizaciones por las libertades civiles, entre ellas Amnistía Internacional, el Consejo de Relaciones Árabe-Islámicas y el Centro para los Derechos Constitucionales, junto con familiares de otros musulmanes llevados a prisión, que ahora se coaligaron en un movimiento conocido como la campaña No a una Justicia Separada (NJS).
«NJS fue un intento por poner cuatro asuntos clave bajo un solo paraguas: vigilancia e incitación; condiciones de confinamiento; preocupaciones sobre un juicio justo y un debido proceso; y libertad de expresión y cargos de apoyo material», dijo Eberhardt a IPS.
«Sentimos que, en lo relativo a los musulmanes sospechosos de terrorismo, el gobierno federal aplica un nivel separado de justicia: hay cosas que ocurren en sus caso que no ocurren en otros, como el uso de jurados anónimos y archivos de evidencias secretas a los que ellos no tienen acceso», planteó.
Prisioneros y detenidos musulmanes en etapas previas al juicio también son sometidos a Medidas Administrativas Especiales, proceso de la era de Bill Clinton (1993-2001) diseñado para aislar a personas potencialmente violentas restringiendo severamente su capacidad de comunicarse con el mundo exterior.
En 1996, esas medidas se aplicaban por un máximo de cuatro meses. Ahora pueden estar diseñadas hasta para un año, y extenderse indefinidamente a discreción del fiscal general, disposición que según las familias viola las leyes internacionales sobre confinamiento solitario.
«Las Medidas Administrativas Especiales son algunas de las peores cosas que un ser humano puede ser obligado a soportar», dijo Eberhadt.
«En el caso de Hashmi, por ejemplo, solo se le permitió escribir cartas en tres pedazos de papel, solo pudo recibir noticias 30 días después de publicadas y apenas pudo comunicarse con su familia o sus abogados», agregó.
La campaña NJS dio la voz de alerta sobre casi 20 casos de musulmanes sospechosos de terrorismo, cuyos arrestos, juicios, sentencias y detenciones se dan de bruces con los derechos constitucionalmente protegidos a la libertad de expresión, de reunión y de credo.
Entre los señalados está Ghassan Elashi, un activista palestino cuya creación, la Fundación Tierra Santa para el Alivio y el Desarrollo, le valió una sentencia de 65 años por cargos de apoyo material en 2009. Y también está Ahmed Abu Ali, quien fue torturado durante años en una prisión saudita antes de ser condenado a cadena perpetua por nueve cargos de terrorismo. Y los hermanos Duka, tres hombres de Nueva Jersey sentenciados también de por vida tras una costosa trampa tendida en un operativo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) conocido como el de los Cinco de Fort Dix.
«Guerra legal»: Uso y abuso de tácticas de la «guerra contra el terrorismo»
Expertos en asuntos legales sostienen que los pocos individuos que han recibido la atención de los medios de comunicación son apenas la punta del iceberg de un vasto operativo para acorralar a musulmanes en base a cargos inventados o endebles de «terrorismo» en nombre de la seguridad nacional.
Kathleen Manley, directora legal de la Coalición Nacional para la Protección de las Libertades Civiles, dijo que el aumento de los «juicios preventivos» como arma del arsenal de la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo es peligroso y permite que quienes hacen cumplir la ley acosen a cualquiera cuyas «creencias, ideología o afiliación religiosa suscite preocupaciones de seguridad para el gobierno», sin ninguna evidencia de un delito real.
En 2008, el Departamento de Justicia hizo pública una lista de los nombres de casi 400 «sospechosos de terrorismo interno», la mayoría musulmanes, compilados en la década inmediatamente posterior al atentado contra el World Trade Center.
Según Manley, «72 o 73 por ciento de esos casos fueron puramente juicios preventivos, donde los acusados no habían hecho nada que pudiera considerarse un delito», sino que en cambio habían sido acusados por sus creencias, prácticas religiosas o temores sobre lo que «pudieran» hacer.
«Otro 20 por ciento de los casos», dijo, «tuvieron lo que llamamos elementos de juicio preventivo, en que el acusado cometió un delito muy menor, como fraude con tarjetas de crédito».
La lista del Departamento de Justicia es objeto de un estudio exhaustivo, el primero de su clase, sobre sospechosos de terrorismo interno y el uso de leyes implementadas tras el 11 de septiembre de 2001 para prevenir ataques terroristas.
Llevado a cabo por voluntarios de la Coalición Nacional y el Proyecto Salam (siglas de Apoyo y Defensa Legal para los Musulmanes), el estudio, que se publicará este verano boreal, concluye que «el gobierno ha usado los juicios preventivos para exagerar la amenaza del extremismo musulmán para la seguridad del país».
Mientras el sol finalmente se esconde tras el muro de los edificios federales, varias personas encienden velas y las sostienen, mirando hacia las ventanas del Centro Correccional Metropolitano de la ciudad de Nueva York.
«Hemos venido aquí para encender una llama contra la injusticia», dijo a IPS un familiar a condición de preservar su anonimato. «Ahora la luz titila, pero se hará más fuerte».