El PP abandona complejos anteriores y se lanza a la calle con el anuncio de 50 protestas en 50 provincias, mientras García Castellón se ocupa del frente judicial y relaciona a Puigdemont con el terrorismo.
“No nos van a silenciar. No nos van a callar”. A Alberto Núñez Feijóo sólo le faltaba la ropa de camuflaje para estar a la altura del lenguaje de guerra con el que lanzó el lunes su última proclama ante todos los dirigentes del Partido Popular. La patria os necesita a todos y también en la calle. Ni se os ocurra dudar aunque aparezcan noticias sobre sedes del PSOE rodeadas o pintadas en sus fachadas.
En realidad, nadie puede silenciar al PP ni a ningún otro partido. Todos los días y en todos los lados, sus dirigentes machacan el mismo mensaje, omnipresente en los medios de comunicación: Pedro Sánchez se mantendrá en el poder a cambio de conceder una amnistía que la Constitución no permite. La legislatura no va a echar a andar. Será una continuación de la campaña electoral de julio por otros medios. Y no se harán prisioneros.
El partido ha aprobado extender el sufrimiento de los socialistas a todas las provincias españolas. Se realizarán concentraciones en todas y cada una de las capitales de provincia el próximo domingo. Las dudas iniciales de Feijóo y de su equipo sobre hasta dónde llegar en las protestas callejeras, y que José María Aznar les ayudó a resolver rápidamente, se disiparon con el éxito de la cita de Madrid.
Las brigadas constitucionales tienen que dar un paso al frente. Las urnas –ya se sabe lo timorata que es la democracia burguesa– deben dejar paso a la acción directa. Eso es lo que sucedió en la noche del lunes en Madrid y otras ciudades.
Bajo ningún concepto el PP permitirá que Vox le pase por la derecha y le deje en evidencia, ahora precisamente que no hay encuesta en la que el partido de Santiago Abascal no acentúe su caída. Haya o no repetición electoral, el PP cree estar ante una buena oportunidad para acelerar la decadencia de Vox. Otra cosa es que los diputados que gane sean los mismos que pierda su aliado autonómico, con lo que no habría grandes diferencias en el equilibrio del poder entre los dos bloques.
Feijóo asume un cierto riesgo al convocar tantas protestas en tantos sitios. Todo lo que ocurra desde su hora de inicio correrá a cuenta del PP. Si algunos de los asistentes se dan una vuelta por la sede local socialista, y no importa que los más agresivos sean quizá votantes de Vox, formará parte de la ‘borroka’ promovida desde la calle Génova.
Es un camino peligroso y difícil de desandar. Algunos pueden llegar a la conclusión de que las sedes del PP también forman parte del juego. A fin de cuentas, el fanatismo es contagioso.
La imagen de Esperanza Aguirre animando a la gente en la noche del viernes a que cortara la calle Ferraz en las inmediaciones de la sede del PSOE es más folclórica que significativa. La expresidenta de Madrid ya ha quedado como un personaje de la farándula política, la que aparece en televisión porque se aburre en casa. Aun así, esa estampa de Aguirre, a la que algún día veremos comiéndose un contenedor a bocados, ha preocupado a su compañera de partido, Celia Villalobos, hoy también reciclada en los asuntos televisivos.
“A mí una de las cosas que más me preocupa en estos momentos es la radicalización que se está produciendo en este país. Con los radicales, siempre puedes temer que vayan más lejos y que ese ‘más lejos’ sea incontrolable”, dijo la exalcaldesa de Málaga. “Me da pavor, miedo y una preocupación enorme”.
En la noche del lunes, se pudo apreciar las consecuencias de esta furia que supuestamente defiende la Constitución. Santiago Abascal dio la orden de salida con un tuit: “Vamos a Ferraz”. Y allá fueron las huestes de la extrema derecha con sus bengalas ofreciendo la misma estampa de los hinchas ultras del fútbol. Cuando quisieron superar el cordón policial para acercarse a la sede del PSOE con las intenciones que uno se puede imaginar, los antidisturbios cargaron. Antes los congregados estaban llamando “maricones” a los agentes por estar allí en vez de golpeando a negros en Ceuta y Melilla.
Vox cree tener la fórmula con la que superar sus problemas internos. Ya no tiene diputados suficientes para presentar un recurso de inconstitucionalidad, pero puede intentar sitiar las sedes socialistas. En su casa, Feijóo pondrá su cara de costumbre y no se atreverá a condenar el acoso. No puede contradecir a Aznar. “Quien pueda hacer, que haga”, dijo hace unos días. La extrema derecha le ha tomado la palabra y pretende demostrar que aún puede hacer muchas cosas.
Antes de que acabara el día, Pedro Sánchez ya tenía una respuesta: “Atacar las sedes del PSOE es atacar a la democracia y a todos los que creen en ella. Pero más de 140 años de historia nos recuerdan que nunca nadie será capaz de amedrentar al PSOE”.
Zapatero estaba más relajado este fin de semana. En un mitin, el expresidente decidió tomarse a broma las críticas de la derecha por la amnistía que negocian el PSOE y Junts: “El fin de España. El fin de la democracia. El fin de la Constitución. Cuidado, no han empezado. Si siguen así, nos advertirán del fin del mundo. Yo ya he preparado un kit de supervivencia”.
Después de las risas de la concurrencia, Zapatero recordó que los 178 diputados que podrían apoyar la investidura de Sánchez salieron de las urnas. Pero la derecha no quiere que le recuerden lo que decidió esa votación.
No todas las acciones efectivas contra la amnistía deben hacerse en la calle. En el frente judicial, es mejor contar con aliados influyentes entre las togas. Fue acelerarse las negociaciones de la investidura y entró en acción con no menos celeridad Manuel García Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional.
Lleva cuatro años investigando las movilizaciones organizadas por el grupo Tsunami Democràtic contra la sentencia del procés. A su ritmo. Manteniendo la incógnita. Los titulares sobre la investidura le despertaron. Primero, la Guardia Civil soltó de inmediato un informe que supuestamente le iba a costar varias semanas más y el juez se puso en marcha el lunes.
García Castellón apunta directamente a Carles Puigdemont y Marta Rovira, la secretaria general de ERC que vive en Suiza, para que declaren como imputados en una causa sobre terrorismo al considerarlos responsables de Tsunami. A Puigdemont no le puede llamar a declarar por ser eurodiputado, pero le invita a que coja un avión y se presente en España para hacerlo voluntariamente. Y luego dicen que los jueces no tienen sentido del humor.
La causa permitirá a la derecha afirmar que Sánchez está dispuesto a amnistiar a terroristas. La Fiscalía cree que el caso no tiene que ver con eso, por lo que debería ser investigado en los juzgados catalanes.
Una frase de García Castellón sobre la muerte de un ciudadano francés por causas naturales en el aeropuerto de El Prat durante la protesta revela el nivel especulativo de su auto. Está a la altura de las mejores tertulias televisivas: “La investigación deberá determinar la relación entre el fallecimiento de la persona referida y la acción expuesta, debiendo concretarse si esta muerte recogida en los medios de comunicación resulta objetivamente imputable a los responsables de la organización”.
El francés murió por un infarto. Una cosa es que un juez salga de pesca a ver lo que puede pillar y otra que García Castellón descubra un cadáver y piense cómo lo puede cocinar en su favor. Teniendo en cuenta sus antecedentes, desperdiciar un muerto en la coyuntura actual sería lo mismo que traicionar a la patria.