Tomar aire para seguir luchando

Azyz Amami a la salida de la prisión de Monarguia. Fotografía de Hamideddine Bouali

El pasado día 23 se dictó la sentencia definitiva en el proceso abierto contra Azyz Amami y Sabri Ben Mlouka por «posesión de cannabis con intención de usarlo». El juez, después de un proceso simultáneo para ambos acusados que se alargó más de 10 horas, emitió un veredicto que sienta un importante precedente: ambos quedaron eximidos de una acusación que se amparaba en el «artículo 52» del código penal. Este artículo mantiene en prisión a unas 8000 personas, aproximadamente un tercio del total de los recluidos en las cárceles de Túnez.

Este resultado no habría sido posible sin el trabajo del equipo de abogados defensores. En total, han sido 100 los magistrados que han elaborado la defensa de Azyz y Sabri, aunque en la sala del juzgado solo pudieron estar presentes 26. Sin embargo, esta sentencia tampoco habría sido posible sin las movilizaciones y protestas organizadas por los familiares y amigos de ambos activistas. Durante las casi dos semanas que ha durado el proceso, la casa de Azyz se ha convertido en el centro de coordinación de los distintos actos que han celebrado para pedir la salida de prisión de los dos jóvenes. A estos dos factores hay que añadir un tercero: el apoyo internacional que ha despertado el caso, sobre todo, en Francia y en España. En el Estado español hay que resaltar las firmas de intelectuales, músicos y organizaciones y el papel movilizador de la CUP, con el diputado David Hernández a la cabeza, así como la carta dirigida por doce diputados y senadores catalanes del grupo socialista al presidente de la República Moncef Marzouki. En medio del silencio informativo en nuestro país, donde sólo Cuarto Poder ha recogido la noticia del encarcelamiento de Azyz Amami y su compañero, esta campaña en redes sociales y círculos políticos y activistas ha contribuido sin duda a poner en aprietos a las autoridades tunecinas.

La semana pasada se organizaron varios eventos en las redes sociales en los que se convocaba una concentración a las 9 de la mañana del pasado viernes frente al Tribunal de Primera Instancia de Túnez. A lo largo del día la presencia de familiares y manifestantes fue constante. Alrededor de unas 800 personas llegaron a reunirse en las puertas del juzgado. La entrada al tribunal (rodeada por la policial nacional) solo estaba permitida a los familiares y amigos más cercanos. Los medios de comunicación no pudieron asistir a la sala donde se celebró el proceso. No obstante, en parte debido a la suerte y en parte a la atención que algunos policiales nacionales dedicaban al teléfono móvil, algunas personas vinculadas con los medios de comunicación -4, tal vez 5- pudimos entrar.

Cordón policial a las puertas del tribunal. Fotografía de Hamideddine Bouali

Dentro, tal y como señala Patrizia Mancini, «el clima era idéntico al de la dictadura». Además del estricto control a la entrada del juzgado, en el interior del edificio una decena de policías (a los que hay que añadir los guardias de seguridad) vigilaban y controlaban a quienes estábamos allí para que no tomásemos grabaciones o fotografías del juicio. Asimismo, en el descanso celebrado a media tarde, todos los asistentes, incluidos los abogados, fuimos invitados a salir al patio exterior del edificio. Durante ese tiempo la policía nacional intentó que los familiares y amigos de los acusados se comunicaran lo menos posible con las personas que aguardaban en la calle. Al mismo tiempo, algunos asistentes nos sentamos en las escaleras de acceso al edificio; inmediatamente uno de los guardias de seguridad nos convidó a levantarnos. Esto generó una situación de tensión entre Khaled Amami, el padre de Azyz Amami, y el guardia de seguridad. La discusión entre ambos se trasladó al interior del juzgado mientras las puertas eran rodeadas por un cordón policial. En un gesto que a algunos les hizo pensar en lo peor del régimen de Ben Ali, uno de los policías llegó a revisar la munición de su arma. Finalmente, a las 22:15 el juez dictaba sentencia a favor de la puesta en libertad de Azyz Amami y Sabri Ben Mlouka; esa misma noche los dos salieron de la prisión de Mornaguia.

Hay motivos sinceros para la alegría: ambos jóvenes han sido liberados y todo el proceso ha contado con el apoyo internacional y con una decidida coordinación ciudadana. Sin embargo, aún siguen presos muchos activistas, como es el caso, por ejemplo, de Khaled e Issam Omri, que han sido acusados de haber incendiado una comisaría de policía en Thala (Kasserine). Por debajo de todas estas acciones lo que se percibe es un proceso contrarrevolucionario que parece tener como principales centros de poder algunos ministerios totalmente opacos (como el Ministerio del Interior o el de Justicia). Parece también que uno de los principales objetivos de esta ofensiva involucionista es borrar la memoria colectiva revolucionaria, especialmente aquella relacionada con las personas que hicieron posible la salida de Ben Ali. Como señala el sociólogo Choukri Hmed, los jóvenes revolucionarios no son «una figura que las élites tunecinas, económicas y culturales o mediáticas, puedan apropiarse y popularizar en el exterior». La ausencia en las movilizaciones de estos días del partido del antiguo régimen Nida Tounes y del islamista Ennahda se debe sin duda a esta razón. No ocurre lo mismo, en cambio, con el Frente Popular, la coalición de la izquierda radical, quien también ha estado ausente durante todo este proceso -salvo algunos de sus miembros a título particular- en lo que parece el definitivo divorcio entre los movimientos sociales y los partidos, divorcio que sin duda aumenta la vulnerabilidad de los activistas y debilita el peso real de la izquierda y, por lo tanto, su protagonismo político y social.

Como recuerda el abogado y activista Riadh Guerfali en la página de Nawaat, la diferencia entre un Estado policial y un Estado de Derecho está en sus procedimientos penales y en la independencia o no de sus jueces. En la balbuciente transición tunecina hacia la democracia, está sigue siendo una asignatura pendiente. El «no lugar» dictado por el juez en el caso de Azyz y Sadri sienta un precedente esperanzador en un camino que exige la depuración de los aparatos policial y judicial y la revisión completa del código penal, así como una aministía que vacíe las cárceles de presos políticos, encubiertos o no, tareas que no deberían esperar a las próximas elecciones ni a la constitución de un nuevo gobierno y un nuevo Parlamento. En este pulso entre antiguo y nuevo régimen, los activistas y movimientos sociales tienen cada vez más la sensación de estar esprintando contra el reloj y en desventaja, con la percepción no infundada de que las grietas para la acción y el cambio se van cerrando muy deprisa. La siguiente prueba está ya ahí: el próximo martes en la ciudad de Kasserine, una de las cunas de la revolución, se celebrará el juicio contra Khaled y Issam Omri, hermanos del mártir Mohamed Omri, acusados -sí, en realidad es ése el delito- de haber hecho la revolución, combatido por la democracia y ayudado a llegar al gobierno a los que hoy los acusan o se desentienden de ellos.

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