Los vientos comienzan a soplar contra los tratados de inversión y de libre comercio cuya cláusula de solución de controversias entre inversores y Estados permite a las empresas extranjeras presentar demandas contra los países anfitriones por indemnizaciones de miles de millones de dólares. Indonesia comunicó hace poco que pondrá fin a su tratado bilateral de […]
Los vientos comienzan a soplar contra los tratados de inversión y de libre comercio cuya cláusula de solución de controversias entre inversores y Estados permite a las empresas extranjeras presentar demandas contra los países anfitriones por indemnizaciones de miles de millones de dólares.
Indonesia comunicó hace poco que pondrá fin a su tratado bilateral de inversiones con Holanda y agregó que cancelará los 67 acuerdos de ese tipo que ha firmado.
Indonesia se suma así a Sudáfrica, que anunció el año pasado una decisión similar.
No son los únicos países que están reconsiderando sus tratados de inversión, a raíz del creciente número de demandas que empresas extranjeras inician contra gobiernos, alegando que cambios en políticas o contratos estatales afectan sus beneficios futuros.
Muchas empresas reclaman enormes indemnizaciones a varios países en virtud de estos tratados. La mayor de estas demandas se entabló contra Ecuador, que deberá pagarle a una compañía petrolera de Estados Unidos 2.300 millones de dólares por la cancelación de un contrato.
El sistema permite que los inversores presenten demandas contra los Estados ante un tribunal internacional, por lo cual se pasan por alto las leyes y los sistemas judiciales nacionales.
El tema es controvertido en Malasia, que está negociando con otros 11 países el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés).
Este sistema de solución de controversias entre inversores y Estados forma parte de los tratados de libre comercio, especialmente de los que participa Estados Unidos, y también de los tratados de inversión que los países firman entre sí para proteger los derechos de los inversionistas extranjeros.
Cuando firmaron esos tratados, muchos países no sabían que se exponían a demandas legales que los inversores extranjeros pueden presentar en virtud de disposiciones vagamente redactadas, que habilitan reclamaciones de tratamiento injusto o de supuesta expropiación de ingresos.
Una empresa minera británica demandó a Sudáfrica por las presuntas pérdidas que sufrió cuando el gobierno adoptó medidas para reforzar la capacidad económica de la población negra como forma de corregir las consecuencias del apartheid (1948-1994).
India también está reconsiderando sus tratados de inversión después de que muchas empresas demandaran al gobierno cuando la Corte Suprema de Justicia canceló sus licencias de comunicaciones móviles 2G a raíz de un escándalo de corrupción vinculado a la concesión de los permisos.
Pero no solo los países en desarrollo exhiben muestras de rechazo hacia el instrumento de solución de controversias. La Unión Europea (UE) tiene dudas de la cláusula correspondiente en la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) que está negociando con Estados Unidos y que es similar al del TPP.
Hace varias semanas, Alemania dijo a la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, que la ATCI no debe incluir ese mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados.
Brigitte Zypries, secretaria parlamentaria de Estado del Ministerio de Economía y Energía de Alemania, dijo al Parlamento que Berlín está decidido a excluir el derecho de arbitraje de la ATCI, según informó el diario Financial Times. «Desde la perspectiva del gobierno federal alemán, los inversores estadounidenses en la Unión Europea tienen una protección legal suficiente en los tribunales nacionales», declaró.
El ministro de Comercio francés había expresado anteriormente su oposición a la cláusula, mientras un informe encargado por el gobierno de Gran Bretaña también señaló problemas con el mecanismo.
La compañía sueca Vattenfall demandó a Alemania ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo de arbitraje que integra el Banco Mundial, alegando que había perdido unos 1.380 millones de dólares cuando el gobierno alemán decidió abandonar la energía nuclear tras el desastre de la planta japonesa de Fukushima, en 2011.
La opinión pública europea está irritada con el régimen de inversión. En 2013 dos organizaciones del continente publicaron un informe que revela que unos pocos bufetes de abogados monopolizan el sistema de arbitraje internacional de inversiones, que los tribunales están plagados de conflictos de interés, y que las decisiones judiciales son arbitrarias.
En enero, la Comisión Europea suspendió las negociaciones con Estados Unidos por las disposiciones de arbitraje internacional de la ATCI, y anunció que celebraría consultas públicas sobre el tema durante 90 días.
En Australia, el gobierno anterior había decidido no incluir la cláusula de arbitraje internacional en futuros acuerdos de libre comercio y tratados bilaterales, a raíz de una demanda de Philip Morris International. La tabacalera alegó que había perdido ganancias por la aplicación de leyes que requieren envoltorios simples en las cajas de cigarrillos.
La misma compañía sostiene una demanda contra Uruguay ante el Ciadi bajo el argumento de que las restricciones al empaquetado de cigarrillos violan las disposiciones de un tratado de inversiones firmado con Suiza.
Hasta ahora, Estados Unidos sigue defendiendo que esta cláusula debe permanecer en la ATCI y en el TPP. Sin embargo, si la oposición europea afecta las negociaciones de la ATCI, también podría influir en las del TPP, pues fortalecería a quienes se oponen a este abusivo mecanismo de solución de controversias.
Martin Khor es el director ejecutivo del South Center, organización intergubernamental de los países en desarrollo, con sede en Ginebra.