Una juez francesa decidió admitir a trámite una denuncia contra los presidentes de Guinea Ecuatorial, Gabón y Congo, sospechosos de poseer en Francia bienes inmobiliarios financiados con dinero procedente del desvío de fondos públicos. La decana de los jueces del polo financiero de París, Françoise Desset, abrió una instrucción judicial por «receptación de desvío de […]
Una juez francesa decidió admitir a trámite una denuncia contra los presidentes de Guinea Ecuatorial, Gabón y Congo, sospechosos de poseer en Francia bienes inmobiliarios financiados con dinero procedente del desvío de fondos públicos.
La decana de los jueces del polo financiero de París, Françoise Desset, abrió una instrucción judicial por «receptación de desvío de fondos públicos» con respecto al patrimonio en Francia de Teodoro Obiang, Omar Bongo y Denis Sassou-Nguesso, mandatarios de tres países africanos. La juez aceptó la denuncia presentada por la ONG Transparencia Internacional por desvío de fondos públicos, blanqueo, abuso de bien social, abuso de confianza y complicidad.
La Fiscalía de París, que en abril pasado ya se pronunció en contra de la apertura de un sumario, dispone ahora de cinco días para apelar. Por su parte, la ministra francesa de Justicia, Rachida Dati, calificó al asunto como «sensible», pero evitó adelantar la decisión de la Fiscalía y se escudó en la independencia judicial para no hacer más comentarios.
Si se lograra la apertura de la instrucción, la justicia chocará contra la inmunidad que corresponde a los jefes de Estado, aunque sus familiares sí podrían ser enjuiciados y encarcelados, de llegar el caso.
Y es que muchos de los bienes y cuentas están a nombre de familiares de los mandatarios, como una mansión cerca de los Campos Eliseos en París cuyo valor sobrepasa los 18 millones de euros y que pertenece a la esposa de Omar Bongo, a su vez hija de Denis Sassou-Nguesso. Están en tela de duda unas 39 propiedades y 70 cuentas bancarias que se encuentran a nombre de Bongo y sus allegados, las 24 propiedades y 112 cuentas bancarias de la familia Sassou-Nguesso, así como las limosinas de la familia Obiang. Todos estos bienes podrían ser confiscados.
Transparencia Internacional considera que esos bienes no pueden haber sido adquiridos sino con el dinero de las arcas públicas. La organización considera que la decisión de la juez Desset es un avance. El abogado de Omar Bongo, Patrick Maisonneuve, consideró por su parte que la denuncia es improcedente porque Transparencia Internacional no puede representar al pueblo gabonés.