Traducido del francés para Rebelión por Rosa Carazo y Francisco Fernández Caparrós
Después de varios aplazamientos, la Instancia Verdad y Dignidad (IVD) [1], oficialmente instituida el 9 de junio de 2014, por fin va a celebrar este viernes, 18 de noviembre, su primera audiencia pública de las víctimas. Este momento clave del proceso de justicia transicional tunecino está expuesto, sin embargo, a tres grandes riesgos.
El acto del 18 de noviembre será retransmitido en directo por las televisiones tunecinas. Será la propia IVD la que proporcionará la señal a aquellos canales que deseen emitirlo. Las víctimas y los testigos, después de haber sido preparados por los equipos de la Instancia, hablarán a cara descubierta de las distintas violaciones que han visto y sufrido. Sus palabras y sus verdades serán de gran valor para dar a conocer una parte oculta de la historia de Túnez y para abrir un debate en la sociedad -elemento necesario en un proceso de reconciliación-. La sesión inaugural contará con la presencia de varias personalidades extranjeras tales como Kofi Annan, ex secretario general de Naciones Unidas, o Pablo de Greiff, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Los tres presidentes tunecinos, a saber, el jefe del Estado, el presidente del Gobierno y el presidente del Parlamento, ya han sido invitados, así como miembros de algunas de las 43 «comisiones de la verdad» que han precedido a la de Túnez en la experiencia de interrogación, de sacar a la luz y de rememoración de un largo pasado de violencia. Sin embargo, el acontecimiento, muy esperado por organizaciones humanitarias y asociaciones de víctimas, se produce en un clima de tensión. Desde hace varias semanas Sihem Bensedrine, presidenta de la IVD, es objeto de constantes ataques por parte de medios de comunicación locales después de la destitución de los comisarios Lilia Bouguira y Mustapha Baazaoui del consejo de la IVD «debido a sus frecuentes e injustificadas ausencias de las reuniones del consejo», según las palabras de la IVD. La instancia, que funciona desde entonces con 9 miembros de los 15 iniciales -antes dimitieron otros tres comisarios-, está lejos de contar con el beneplácito de los líderes políticos. Especialmente aquellos que son cercanos al presidente de la República, Béji Caid Essebsi, autor de la iniciativa legislativa relativa a la reconciliación económica y financiera [2], y quien además podría hacer frente a las acusaciones de fraude electoral durante los años 80 y compadecer por tortura durante el tiempo en que ocupó un alto cargo en el Ministerio del Interior durante los años 50 y 60.
Por todas estas razones, se dibujan tres posibles escenarios que podrían reducir el impacto de las audiciones públicas y el papel que desempeñarían como instrumento para desvelar la verdad de un pasado oscuro.
Puede suceder que la palabra de las víctimas sea demonizada y puesta en duda por los detractores del proceso de justicia transicional, quienes son legión en el primer país de la «primavera árabe». Son aquellos que se inscriben en la trama político-financiera fiel al antiguo régimen y que controlan el capital de los medios de comunicación privados. Mediante sus ejércitos de editorialistas, probablemente pregonarán que las víctimas que exhiben sus historias en la televisión, la mayor parte atravesadas por la violencia sistemática y metódica del Estado (tortura, violaciones, arrestos arbitrarios, privaciones económicas, control administrativo, divorcios forzados…), mienten, exageran, inventan.
«Solo mostraremos los casos más representativos de violaciones, aquellos que ya hemos escuchado durante las audiciones privadas y sobre los que antes hemos investigado minuciosamente la concordancia entre los testimonios y la documentación respectiva», asegura Oula Ben Nejma, quien dirige la comisión de estudio e investigación de la IVD.
Para la comisaria Ibtihel Abdellatif, demonizar a las víctimas de las audiciones públicas equivale a hacerles pasar por «un nuevo trauma a quienes durante años se les ha considerado como parias de la República; cuando los amigos o las personas más cercanas fueron disuadidas por la policía para que no les ofrecieran ayuda o, incluso, para que no les dirigieran la palabra. Desde hace mucho tiempo estas personas esperan el reconocimiento de sus vivencias, la recuperación de su dignidad perdida».
Las experiencias comparables son instructivas en lo que respecta a este peligro. El periodista sudafricano Max du Preez, conocido por su lucha por los derechos humanos en la época del apartheid y por ser, a finales de los noventa, el responsable de la programación televisiva de las audiencias públicas en Sudáfrica, fue invitado hace unas semanas a un seminario sobre las audiciones públicas y la protección de las víctimas, organizado en Túnez por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la IVD. Max du Preez afirma que: «Cuando en 1996 se llevaron a cabo las primeras tribunas públicas dedicadas a las víctimas, el régimen del apartheid que dominó Sudáfrica durante 60 años empezó a difamar a las víctimas asegurando que eran «comunistas», «terroristas» y «enemigas del Estado». Sin embargo, la fuerza de las palabras de remordimiento y arrepentimiento de sus verdugos, derrumbándose en plena sesión y reconociendo sus crímenes, desmintió rápidamente todas las acusaciones. Asimismo, temíamos la reacción de los sudafricanos [refiriéndose a los que no crecieron en el régimen del apartheid], aquellas generaciones posteriores a las tesis negacionistas y revisionistas. Hoy en día, creo que el impacto de las 2000 audiciones públicas quedará grabado en nuestra mente durante mucho tiempo».
Puede suceder que los medios de comunicación de masas no se interesen realmente en el asunto y que los periodistas se limiten simplemente a dar cuenta de las audiencias públicas que se emiten en el telediario. De nuevo, la experiencia de Sudáfrica resulta muy instructiva en cuanto al tratamiento mediático de una «materia» desbordante de humanidad, de todo tipo de imágenes y de un amplio espectro de emociones. Max du Preez cuenta cómo los magnates de los medios de comunicación expresaron en sus editoriales posiciones que ponían en duda los testimonios de las víctimas mientras que sus periodistas prefirieron cubrir el evento de una manera profesional y equilibrada. Del mismo modo, aconseja que es preferible no poner a principiantes a cargo de las audiciones públicas. En su lugar hay que dar prioridad a periodistas experimentados, que cuentan con cierta sensibilidad hacia el proceso y, sobre todo, con memoria. En un primer momento, en la televisión pública donde trabajaba Max du Preez, se retransmitían las sesiones tal y como eran. Pero rápidamente se dieron cuenta de que los telespectadores no conseguían entender el contexto en el que se desarrollaban los testimonios, los detalles de los sucesos, ni podían seguir el hilo de los relatos, a menudo interrumpidos por el dolor y las lágrimas.
«Decidimos pues, junto al equipo de periodistas que me acompañaba, optar por un «special report» para emitirlo en domingo a una hora de máxima audiencia. Lejos de cualquier discurso ideológico o político, restituimos la dignidad de las víctimas, contamos historias de héroes anónimos y presentamos casos sobre distintas temáticas, como la tortura, los escuadrones de la muerte o las desapariciones forzadas. Nuestras investigaciones otorgaron aún más fuerza a los 2000 testimonios públicos de las víctimas. Este programa semanal tuvo récord de audiencia en Sudáfrica, superando a las telenovelas americanas tan populares en ese momento», apunta Max du Preez.
Puede suceder que que las víctimas y los testigos asuman como consigna ‘no nombrar a los torturadores’. Hay que recordar que la Instancia Verdad y Dignidad aún no ha tomado una decisión respecto a esta delicada cuestión. La IVD todavía está meditando, comparando experiencias y, sobre todo, sopesando los riesgos y peligros. Sumida en una tormenta político-mediática, probablemente la Instancia teme ser aún más atacada, incluso «linchada» por una coalición unida, mediatizada, sindicada y de largo alcance: una fusión de todos los cuerpos de seguridad tunecinos. Desde la antigua policía política, a la policía judicial, a las brigadas de investigación de la Guardia Nacional, a los agentes de los servicios penitenciarios… sobre varios de estos cuerpos pesan graves acusaciones de maltrato y tortura. Igualmente, puede que se citen nombres muy polémicos: los políticos que aún ocupan un cargo y que dieron la orden de humillar, castigar, deshumanizar. Políticos que participaron en la institucionalización de la tortura. Durante el gobierno de la Troika (desde diciembre de 2011 hasta enero de 2014) [3], se perpetraron asesinatos políticos que atribuyen, según los numerosos documentos filtrados del Ministerio del Interior tunecino, responsabilidad directa a políticos islamistas cuyo partido ahora forma parte del gobierno.
En Marruecos, la Instancia Igualdad y Reconciliación pidió a las víctimas y a los testigos, en el año 2004, que no desvelaran la identidad de los torturadores durante las audiciones públicas, aunque algunos de los antiguos presos de conciencia no estuvieran de acuerdo con este principio. Mustapha Iznasni ha formado parte de esta comisión, y explica el protocolo escogido: «Nuestro temor consistía en generar inestabilidad en el Estado, una fitna (discordia) en la sociedad y un deseo de venganza. La experiencia de Marruecos es particular. A menudo, los procesos de justicia transicional se llevan a cabo en países que salen de guerras civiles o de revoluciones, sin embargo, en nuestro caso, el nuevo regente -Mohamed VI-, aunque defendía el mismo régimen que el de su padre, deseaba una monarquía constitucional más democrática y libre de las prácticas degradantes del pasado».
Mustapha Iznasni fue periodista y hoy día es miembro del Consejo Nacional de los Derechos Humanos de Marruecos. Iznasni no descarta que en Marruecos pueda ocurrir un día lo mismo que pasó en Argentina veinte años después de la decisión política de archivar los casos de los altos dignatarios de la dictadura militar. En la primera década del 2000, y bajo la presión de distintas organizaciones como «Abuelas de Plaza de Mayo», con su lucha contra la impunidad, se reabrieron los casos de las desapariciones forzadas. Entonces, Argentina se dio cuenta de que no había escuchado a sus víctimas lo suficiente.
Aunque el hecho de no desvelar la identidad de los torturadores no signifique automáticamente concederles la amnistía, este protocolo puede constituir un freno ante la infiltración en las instituciones de agentes reconocidos como responsables de graves violaciones de los derechos humanos, como por ejemplo la tortura, que hoy en día se lleva a cabo con total impunidad en los centros de detención tunecinos. Además de que el pasado no le habrá rendido del todo cuentas al presente.
A la pregunta «¿Se ha acabado con la tortura en Marruecos diez años después de la clausura de los trabajos de la comisión de la verdad?», Mustapha Iznasni ofrece una respuesta sibilina: «La mejor garantía contra la tortura es la instauración de una cultura de los derechos humanos. Haría falta que esta cultura se integre en las agendas de todos aquellos que se encarguen de aplicar la ley».
Notas
[1] La Instancia Verdad y Dignidad (IVD) fue creada el 15 de diciembre de 2013, dos años después del inicio de la conocida como primavera árabe . Dicha institución tiene la tarea de dirigir un proceso de justicia transicional destinado a reparar los crímenes cometidos por autoridades estatales desde el 1 de diciembre de 1955 hasta el 31 de diciembre de 2013 [N.d.T.].
[2] El proyecto de ley para la reconciliación nacional relativa a los delitos económicos y financieros fue aprobado el 14 de julio de 2015. Apenas unos días después de la proposición de este proyecto de ley, Túnez vivió una fuerte movilización contra la aprobación de la misma. El texto, después de haber sufrido varias modificaciones e invalidado por la Instancia provisional para el control de la constitucionalidad de los proyectos de ley, aún no ha sido aprobado [N.d.T.].
[3] Esa fue la denominación que se dio al gobierno de coalición formado por los partidos Ennahdha, Congreso de la República y Ettakatol [N.d.T.].