Traducido para Rebelión por Germán Leyens
La promesa de la liberación inminente de cuatro detenidos británicos reclusos en la tristemente célebre prisión de EE.UU. en la bahía de Guantánamo es evidentemente algo bueno, pero constituye sólo una ínfima excepción en la oleada de malas noticias provenientes del equipo de Bush en el frente de los derechos humanos. Los primeros días del nuevo año ya han producido dos revelaciones espantosas.
Una es la revelación de que la administración ve a EE.UU. no sólo como policía global por decisión propia, sino también como el celador mundial de prisiones. Piensa construir prisiones en países extranjeros, sobre todo en los que tienen pésimos antecedentes de derechos humanos, a los que transferirá en secreto a detenidos (no condenados por ningún tribunal) por la duración de sus vidas – una especie de Gulag global más allá del escrutinio del Comité Internacional de la Cruz Roja, o de cualesquiera otros observadores o abogados.
El otro horror es que se ha hecho luz sobre los puntos de vista de Alberto Gonzales, nominado por la Casa Blanca como su principal funcionario legal: fiscal general [Ministro de Justicia]. En sus audiencias de confirmación en el Senado durante la semana pasada, se vio que no sólo se niega a excluir la tortura en ninguna circunstancia, sino que, en su capacidad de asesor de la Casa Blanca durante los últimos años, dirigió varias reuniones en las que se discutieron técnicas específicas de interrogación. Como señaló Edward Kennedy, sin que Gonzales lo negara, esas técnicas incluyeron la amenaza de entierro vivo y de «water-boarding» en la que atan al detenido a una plancha y lo empujan bajo el agua envuelto en una toalla mojada para hacerle sentir que se ahoga.
Desde su establecimiento después del 11-S, el campo estadounidense para extranjeros en Guantánamo se ha convertido en un símbolo de la contra-libertad, una especie de atroz competidor de la Estatua de la Libertad en el escaparate de las imágenes auténticas de EE.UU. Las pocas liberaciones de prisioneros de sus jaulas han producido testimonios directos de los horrores que ocurren allí. Así que no puede sorprender que la administración Bush quisiera encontrar sitios menos visibles para mantener prisioneros, y retenerlos allí para siempre para que no puedan contarle al mundo.
Los prisioneros de Guantánamo son mantenidos por el departamento de defensa, pero se espera que bajo el nuevo sistema la mayoría de los detenidos extranjeros estaría en manos de la CIA, que está menos sujeta al control parlamentario y que no ofrece acceso a la Cruz Roja. Incluirían a cientos de personas arrestadas en las últimas semanas en Faluya y en otras ciudades iraquíes.
Según el Washington Post, que expuso la historia la semana pasada, una proposición sería que EE.UU. construiría nuevas prisiones en Afganistán, Arabia Saudí y Yemen. Las prisiones serían dirigidas por funcionarios de esos países, y tendrían que permitir que el departamento de estado «controle el cumplimiento con los derechos humanos».
Es una proposición ridícula, ya que todo el propósito del ejercicio es reducir el control a un mínimo. Agentes de la CIA tendrían derecho a interrogar a los detenidos, con o sin la ayuda de interrogadores extranjeros, como ya lo hacen en otras prisiones de acceso prohibido: en la base aérea Bagram en Afganistán, en barcos en alta mar, en Jordania y Egipto, y en Diego García.
La política de EE.UU. de prestar detenidos a los carceleros y torturadores de otros países, conocida como «entrega», comenzó durante la «guerra contra la droga» como un modo de arrestar a presuntos magnates latinoamericanos de la droga y ablandarlos en preparación para su juicio en EE.UU. Se ha ampliado enormemente bajo la «guerra contra el terror». Como un agente de la CIA informó al Washington Post: «toda la idea se ha convertido en una corrupción de las entregas. No es entregar a la justicia. Es secuestrar.»
Podría haber agregado que es secuestrar para siempre. Un alto funcionario de EE.UU: dijo la semana pasada al New York Times que tres cuartos de los 550 prisioneros de Guantánamo ya no poseen ninguna información de algún valor. Pero no serán liberados por temor a que representen una amenaza permanente para EE.UU. «Básicamente se les está manteniendo fuera del campo de batalla, y, por desgracia, en la guerra contra el terrorismo, el campo de batalla está por todas partes», dijo.
Desde el ataque contra Faluya, EE.UU. tiene detenidos a 325 no-iraquíes, muchos de ellos sirios y saudíes. Interrogado por el comité judicial del Senado, Gonzales dijo que el departamento de justicia cree que los no-iraquíes capturados en Irak no están protegidos por las convenciones de Ginebra, que impiden que los prisioneros sean transferidos fuera del país en el que están detenidos.
El año pasado se reveló que Donald Rumsfeld, el secretario de defensa de EE.UU., había aprobado que se mantuvieran «detenidos fantasma» en Irak. Fueron mantenidos sin ponerlos en los registros que fueron mostrados a la Cruz Roja y por lo tanto perdieron la posibilidad de ser visitados o de todo otro derecho. Ahora, numerosos nuevos prisioneros serán candidatos para una categoría aún peor de invisibilidad al ser enviados para ser detenidos en lugares secretos en el exterior.
Mientras hacía declaraciones anodinas durante su presentación ante el Senado, diciendo que consideraba que la tortura era detestable, Gonzales no dio garantías claras de que se abandonaría su práctica. Como asesor de la Casa Blanca, aprobó en agosto de 2002 un memorando de la administración contra la tortura que era tan limitado que parecía definirla sólo como un tratamiento conducente a «la muerte bajo tormento». En otras palabras, si la víctima sobrevivía, no habría sido torturada.
El memorando también afirmaba que la tortura sólo ocurre cuando la intención es causar dolor. Si el dolor es utilizado intencionalmente para obtener información o una confesión, no es tortura. Gracias a esta estrecha definición de lo que es prohibido, los funcionarios de EE.UU. han estado utilizando sistemáticamente tratamientos inhumanos de los prisioneros – mucho más allá de las pocas así llamadas malas hierbas denunciadas por las fotografías de Abu Ghraib – diciendo que no era tortura.
Unos pocos días antes de las audiencias de Gonzales en el Senado, el departamento de justicia volvió a redactar apresuradamente el memorando para que una categoría más amplia de técnicas fueran definidas como tortura, y así serían prohibidas. Pero en las audiencias Gonzales se negó a expresar una clara respuesta negativa a la pregunta de si, desde su punto de vista, soldados o interrogadores estadounidenses podían involucrarse legalmente en tortura bajo cualquiera circunstancia.
Uno de los mejores momentos de las audiencias fue la aparición de Douglas Johnson, director del Centro para Víctimas de la Tortura. Argumentó que el nuevo memorando no da una orientación clara sobre lo que constituyen estándares adecuados para interrogación y detención. También subrayó que la tortura no produce información creíble y que corrompe a sus perpetradores.
La tortura psicológica es más dañina que la tortura física, dijo. Entrevistas con víctimas muestran que, aún décadas después, depresiones y pesadillas recurrentes se relacionan más a menudo con recuerdos de ejecuciones ficticias (del tipo del «water-boarding») y actos de humillación, que con el abuso físico propiamente tal.
No se puede esperar que esos puntos puedan haber impresionado al hombre que Bush quiere convertir en el máximo jefe legal de EE.UU. Tampoco hay quien espere en Washington que el Senado se niegue a confirmarlo para el puesto. ¡Feliz Año Nuevo de Terror 2005!
http://www.guardian.co.uk/guantanamo/story/0,13743,1390318,00.html