Quien critica al poder en Kenia arriesga su libertad o algo peor. El brutal secuestro de Booker Omole marca una nueva escalada en un país que se desliza hacia un gobierno autoritario.
En los últimos dos años, Kenia ha vivido una ola de agitación política y represión en la que los líderes de la oposición y los manifestantes corrían el riesgo de ser secuestrados, desaparecer o ser asesinados. La represión volvió a golpear el martes 24 de febrero.
El líder opositor keniano Booker Ngesa Omole, secretario general del Partido Comunista (CPK), fue secuestrado con una brutal violencia por la policía. Omole es un crítico feroz del presidente Ruto y de sus reformas neoliberales.
Según su partido, no fue detenido, sino secuestrado, gravemente maltratado y torturado por los servicios de seguridad antes de ser abandonado en una infame celda policial.
Omole se encuentra actualmente detenido en la comisaría de Mlolongo, un lugar conocido por ejecuciones extrajudiciales y terror sistemático contra la población pobre. No tiene acceso a abogados ni a su familia. Los maltratos, incluso un dedo herido con una navaja, muestran el verdadero rostro del terrorismo de Estado contra la clase trabajadora organizada en Kenia.
No es la primera vez que Omole es blanco de la represión. Hace aproximadamente un año escapó de un atentado contra su vida cuando atacantes armados irrumpieron en su casa. Uno de ellos fue abatido en el tiroteo y otros siete huyeron; Omole logró escapar de la muerte por poco. A ese atentado siguió la brutal detención del presidente nacional del partido, Mwaivu Kaluka, y de otros cuadros de la formación en la ciudad de Mombasa.
Violencia política
Kenia cuenta con 55 millones de habitantes y se ubica en el ecuador, en la costa oriental de África. El país mantiene buenas relaciones con Occidente: la Unión Europea proporciona ayuda al desarrollo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) está involucrado en su política financiera.
Tiene relaciones estrechas con Estados Unidos. Washington ofrece apoyo en materia de seguridad, atención sanitaria y desarrollo económico. Estados Unidos brinda, entre otras cosas, apoyo en la formación de las fuerzas de seguridad kenianas.
Y eso les resulta útil, porque en los últimos años ha habido mucha agitación política y violencia represiva por parte del gobierno. En junio de 2024 hubo protestas a gran escala contra el ejecutivo lideradas principalmente por jóvenes que se oponían a los aumentos de impuestos previstos y a otras medidas gubernamentales.
La Policía respondió a estas manifestaciones con violencia brutal, lo que provocó la muerte de decenas de personas y cientos detenidas. Las protestas continuaron a pesar de la retirada de la controvertida ley fiscal y de la destitución del gobierno.
Desde entonces se han producido desapariciones de activistas de derechos humanos y periodistas críticos. En un período de aproximadamente seis meses al menos 82 personas fueron secuestradas, principalmente jóvenes, a menudo en relación con las protestas antigubernamentales.
En el verano de 2025 la población volvió a salir masivamente a la calle. El 25 de junio la actuación policial causó 19 personas muertas y cientos heridas. También alrededor del 7 de julio (Saba Saba Day), una fecha histórica de protesta en Kenia, hubo nuevas manifestaciones y, nuevamente, una dura reacción del gobierno.
Son ejemplos de una brutal represión estatal destinada a sofocar cualquier oposición de raíz. Amnistía Internacional advierte desde hace tiempo de una «tendencia preocupante de represión transfronteriza».
En el pasado el presidente Ruto reconoció que miembros de los servicios de seguridad había estado utilizado una violencia excesiva y habían estado implicado en secuestros. En su discurso de Año Nuevo afirmó que “se están llevando a cabo los procedimientos apropiados para garantizar que se rinden cuentas”.
Pero eso es, sobre todo, maquillaje. Por lo general nadie comparece ante los tribunales y las familias de las personas desaparecidas se desesperan día tras día.
A principios de 2025 un senador y 25 parlamentarios pidieron una comisión de investigación independiente que investigara los secuestros de las personas críticos, la politización de la policía y el resurgimiento de bandas criminales, pero esa comisión nunca llegó a crearse.
Un año crítico
El secuestro de Booker Ngesa Omole es quizá el presagio de una violencia aún mayor. Kenia se enfrenta a un año crítico. Con las elecciones presidenciales previstas para 2027, los expertos advierten de un alto riesgo de violencia. Históricamente esta se intensifica cuando las elecciones se consideran poco creíbles y un presidente en ejercicio impopular se presenta a la reelección, como ocurre actualmente con Ruto.
Varios factores hacen probable un aumento de la violencia: hay muy poca confianza en la comisión electoral, los medios de comunicación actúan con reserva y apenas ofrecen información crítica, y la desinformación impulsada por IA aumenta constantemente.
Además, el presidente no tiene que preocuparse por las críticas de las capitales occidentales. Para Washington y Bruselas, Kenia es el “ancla estable” en una región convulsa, un socio fundamental en la lucha contra el terrorismo y un alumno obediente del FMI. Ese estatus geopolítico funciona como un salvoconducto para el presidente Ruto: mientras sirva a los intereses occidentales, sus aliados hacen la vista gorda ante el pisoteo sistemático de los derechos humanos.
Sin embargo, la violencia no es inevitable. Al igual que en los años 90 y durante las recientes protestas de la Generación Z de los últimos dos años, la ciudadanía – apoyada por la sociedad civil y las Iglesias – puede levantar un dique contra el abuso de poder y la represión.
El CPM hace un llamado a la solidaridad internacional para lograr la liberación inmediata de Omole.
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