El Aaiún (Sáhara Occidental). Penas de prisión que suman 58 años, con doce condenas individuales de entre dos y ocho años, impuso ayer la sala de lo penal de la Corte de Apelación de El Aaiún al segundo grupo de manifestantes saharauis que han sido procesados por su participación activa en las revueltas populares desarrolladas […]
El Aaiún (Sáhara Occidental). Penas de prisión que suman 58 años, con doce condenas individuales de entre dos y ocho años, impuso ayer la sala de lo penal de la Corte de Apelación de El Aaiún al segundo grupo de manifestantes saharauis que han sido procesados por su participación activa en las revueltas populares desarrolladas a finales de mayo para protestar por la falta de derechos sociales que sufre la población en la antigua colonia española del Sahara Occidental. Familiares de los condenados, todos los procesados, menos dos jóvenes que fueron absueltos, expresaron su rechazo a un «juicio injusto» tras conocer la sentencia y provocaron algunos altercados frente al palacio judicial de El Aaiún, donde se produjeron desmayos. Según el fallo, las penas de prisión son impuestas por «salir a la calle a protestar y exigir el referéndum» que pide la ONU.
El juicio rápido celebrado ayer en la capital de la antigua provincia número 53 es la, por ahora, última actuación que han emprendido las autoridades marroquíes contra algunos de los activistas saharauis que en mayo salieron a las calles para protestar por la falta de libertades en el Sahara Occidental, donde desde hace un mes es ostensible la intensa presencia de efectivos del Ejército marroquí, de la Guardia Urbana de Seguridad, de la Gendarmería Real marroquí y de la policía secreta. Esta situación ha provocado intensas protestas de organizaciones no gubernamentales, grupos políticos españoles y colectivos de derechos humanos.
«¡No queremos a Marruecos aquí; por favor, por favor, escuchennos!». Con constantes gritos reclamando «la paz y la libertad» para el pueblo saharaui, además de consignas a favor del independentista Frente Polisario, los quince presos saharauis (un acusado fue trasladado la semana pasada a un hospital de Marrakech con una hemorragia interna) entraron en el edificio de la Corte de Apelación con una fuerte escolta policial, que por más de siete horas mantuvo un dispositivo de seguridad cerca de la sede judicial para impedir la llegada de simpatizantes saharauis y, sobre todo, evitar disturbios como los que se produjeron la semana pasada durante la vista oral contra los procesados por la revuelta de mayo.
El despliegue policial resultó efectivo, ya que sólo se permitió la entrada al juicio a una decena de madres y hermanas de los encausados. Además, con excusas sobre las condiciones de seguridad, agentes del GUS marroquí impidieron el acceso a seis periodistas extranjeros (cuatro españoles y dos norteamericanos) que se habían desplazado a El Aaiún para informar de un juicio en el que, según las denuncias realizadas por el Consejo General de la Abogacía de España y por varias organizaciones no gubernamentales, se han vulnerado las mínimas garantías de los procesados. En cambio, después de varios minutos de tensas explicaciones a los policías marroquíes, sí pudieron entrar al juicio las dos abogadas canarias que el Consejo General de la Abogacía envió para seguir el desarrollo de la actuación judicial, Inés Miranda y Dolores Travieso. Ningún problema tuvieron tres periodistas marroquíes de la televisión nacional 2M, la agencia de prensa estatal MAP y la televisión local de El Aaiún para acceder a la vista del juicio.
Más armas que almas
En la sala, donde según testigos presenciales consultados por este periódico, «había más armas que almas», el juicio comenzó con una hora de retraso sobre el señalamiento inicial. La vista oral, presidida por tres magistrados, arrancó con la toma de declaraciones de los quince saharauis encausados, cuyas edades están comprendidas entre los dieciocho y los cuarenta años.
De sus defensas se hicieron cargo cuatro abogados de oficio, aunque uno de ellos abandonó la sala antes de tiempo para protestar por el trato recibido por algunos de los encausados, que fueron desalojados a empujones después de aprovechar el derecho legal a realizar una última intervención oral (permitida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal marroquí después de una reciente modificación legislativa) para repetir gritos a favor de «libertad, paz e independencia» en el Sahara.
No fue la única anomalía en el juicio de El Aaiún, pues uno de los presos saharauis llegó a la sala con una sonda (en realidad, una cánula dentro de una vieja botella de agua mineral) y un brazo escayolado con claras señales de sangre. «Algunos de los que han llegado con heridas no lo estaban la semana pasada», explicaron fuentes que tuvieron acceso a la sala, haciendo ver que las sospechas de malos tratos y torturas en prisión son algo más que «invenciones de cuatro saharauis locos», como afirman los jefes policiales marroquíes en El Aaiún.
Además de la presión policial en las calles, ninguna de las pocas personas hispanoparlantes que asistieron ayer al juicio tuvieron oportunidad de lograr una traducción al castellano de las intervenciones judiciales, que como la semana pasada se realizaron en hasania, el dialecto árabe que se habla en el Sahara Occidental. «Casi al principio, una señora saharaui que aprendió nuestro idioma durante la epoca de presencia española en el Sahara se ofreció a traducir las palabras del fiscal, pero de inmediato un policía vestido de paisano se puso en medio para evitar cualquier tipo de comunicación con extranjeros», explicó ayer uno de los asistentes al juicio. «Marruecos intenta hacer ver que guarda unas mínimas formas democráticas, pero la realidad es que todo se limita a mera palabrería de cara a la galería porque no se facilitó ninguna garantía judicial a los procesados», indicó este asistente a un juicio que se produce a menos de una semana después de que el ministro español de Justicia firmara en Rabat un convenio de ayuda a la modernización judicial de Marruecos. España aportará cuatro millones de euros para «mejorar la asistencia a desfavorecidos».
La impresión de que faltan garantías en El Aaiún fue compartida ayer por algunos familiares de los jovenes saharauis juzgados, que dentro de la sala del tribunal hicieron sonar con estruendo el típico ulular de esta región norteafricana para mostrar sus discrepancias con el proceso judicial. Por este tipo de acciones reivindicativas, sin utilización de armas u otro tipo de objetos que haga suponer el uso de violencia, los jóvenes saharauis duermen desde anoche con sentencias firmes en la Cárcel Negra de El Aaiún.
* Este artículo fue publicado el 13 de julio en Diario de Avisos (Tenerife)