Si fuera cierto que lo que es bueno para las empresas transnacionales es bueno para el mundo, los tratados de libre comercio serían buenos para los países y los estados que los firmasen, pero no es así, porque las empresas transnacionales, estadounidenses, europeas y japonesas en su mayoría, constituyen un poder, las primeras sobre todo, […]
Si fuera cierto que lo que es bueno para las empresas transnacionales es bueno para el mundo, los tratados de libre comercio serían buenos para los países y los estados que los firmasen, pero no es así, porque las empresas transnacionales, estadounidenses, europeas y japonesas en su mayoría, constituyen un poder, las primeras sobre todo, con vocación y hasta con voluntad de gobernar y dirigir el mundo en provecho, fundamentalmente, de las élites capitalistas del planeta. Por esa razón el Tratado de Libre Comercio EEUU UE (TTIP, por sus siglas en inglés), que se venía negociando en secreto desde hace años, no constituye ninguna excepción a la regla. Como todos los tratados de libre comercio firmados hasta ahora, el TTIP pretende no ya favorecer sino blindar los intereses de las empresas transnacionales y las élites que las controlan.
¿Cómo? Muy sencillo mediante la aceptación, por ambas partes, de una cláusula por la que se establece el principio de que los posibles litigios entre las empresas transnacionales y los estados se resuelven en tribunales internacionales de arbitraje… ¡privados!
Curiosamente esta cláusula, presente ya en muchos tratados de libre comercio vigentes, sitúa a las empresas transnacionales no ya en pie de igualdad con los estados, circunstancia ya de por sí peregrina, sino por encima, y hasta los pone de rodillas ante ellas, puesto que no solo les concede la posibilidad de demandar ante los tribunales de arbitraje a los estados, sino que les niega a los estados esa misma posibilidad ante las compañías transnacionales. Así, si una empresa transnacional demanda a un estado por los perjuicios económicos que una medida legislativa nacional pueda ocasionarles, el estado deberá aceptar la regla de juego, exponiéndose a que los tribunales ¡privados! de arbitraje internacional dicten sentencias sumamente lesivas, en términos económicos, para sus intereses nacionales y sociales. Por contra, las empresas transnacionales nunca se verán expuestas a esos riesgos, puesto que las cláusulas que prevén la resolución de conflictos no contemplan que los estados, a su vez, puedan demandar a las empresas transnacionales por los perjuicios que estas puedan ocasionar.
Es, pues, muy mal negocio para los estados, en general, y para la UE, en particular, firmar un tratado que contenga una cláusula que ponga a los estados y su ciudadanía a los pies de las empresas trasnacionales.
En el caso del TTIP trascendió, finalmente, pese a todos los esfuerzos por mantener en secreto las negociaciones EEUU y UE, que la cláusula de marras, tan favorable para las transnacionales y tan perjudicial para los estados, era una de las exigencias, por no decir la exigencia por antonomasia, de los lobbys empresariales que presionaban en Washington, pero también en Bruselas y Estrasburgo a los burócratas de la UE.
En fin, el empeño por imponer el interés de los «inversores», de las transnacionales, a los estados, no es nuevo. Ya en 1998 fracasó cuando el llamado Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI) fue desvelado y denunciado por diversas organizaciones de la sociedad civil europea.
Al igual que entonces han sido organizaciones de la misma naturaleza, apoyadas por formaciones políticas de izquierdas, las que han presionado, mediante campañas de sensibilización de la opinión pública y recogidas de firmas (más de un millón entregadas a J.C. Juncker, presidente de la Comisión Europea y verdadero caballo de Troya* de las corporaciones transnacionales), hasta lograr que gobiernos como el de Francia se nieguen a firmar un tratado que contenga una cláusula tan lesiva para el interés nacional como la que conlleva el TTIP, y la misma socialdemocracia alemana, socio de la canciller Merkel en el gobierno alemán, se va desmarcando de un tratado que convierte la soberanía nacional en humo de pajas ante el poder global de las compañías transnacionales.
Por tanto, una vez más, el activismo de las organizaciones sociales que luchan por el bien común ha logrado el objetivo de desenmascarar y, posiblemente, desbaratar los planes de quienes siempre anteponen el interés de las élites capitalistas al interés general.
* Artículo «Caballo de Troya Juncker», F. Morote.
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