“Sabremos hacer frente a los drones israelíes utilizados por Marruecos”, manifestó el secretario general del Ministerio de Seguridad y Documentación del Frente Polisario, Sidi Ougal (agencia estatal SPS, 19 abril 2021).
Hacía referencia al avión no tripulado que “eliminó”, pocos días antes, al mando militar saharaui Dah El Bendir; el dron Harfang “es una versión francesa de Airbus Defence and Space del dron israelí Heron”, detalló Sahara Press Service (SPS).
Además de denunciar la intervención política y militar francesa, Sidi Ougal destacó que Marruecos empezó a utilizar los drones tras violar –en noviembre de 2020- el alto el fuego con el Frente Polisario; en términos similares se expresó, el pasado 16 de enero, el jefe de Estado Mayor del Ejército Saharaui, Mohamed Luali Akeik.
Otra de las últimas denuncias fue realizada por el colectivo de periodistas en el Sáhara Occidental Ocupado, Equipe Media, el 26 de enero. Informaron en las redes sociales de la condena a penas de prisión –por parte de un tribunal marroquí- contra dos activistas detenidos en la ciudad ocupada de Smara, por organizar manifestaciones en defensa del derecho a la autodeterminación; las familias denunciaron que los dos jóvenes, Abidin Mohamed Fadel Lbar y Laaroussi Brahim Salam, fueron objeto de torturas.
Información más extensa figura en el documento Los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, realizado por Equipe Media y València Defensa, programa de acogida que respaldan el Ayuntamiento de Valencia, el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) y Protect Defenders EU.
La iniciativa de apoyo a defensores València Defensa está gestionada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)-País Valenciano; participan asimismo la ONG Atelier; CEDSALA; el colectivo Sur-Cacarica; EntreIguales-Valencia; Entrepobles; Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas en España; Intersindical Valenciana; Mundubat; Perifèries y Sodepau.
Las organizaciones enumeran en el citado informe los “elementos de crimen de guerra y lesa humanidad” perpetrados por el reino marroquí en el Sáhara Occidental; entre otros, los desplazamientos masivos: más de 200.000 ciudadanos saharauis se han visto forzados a huir de su país y buscar un refugio, “bajo la amenaza de un genocidio”; de hecho, “decenas de miles de familias han sido separadas”.
A la realidad de las personas refugiadas se suma el denominado Muro de la vergüenza, que el régimen marroquí empezó a construir en el Sáhara Occidental en 1980; el muro tiene 2.700 kilómetros de longitud, más de 10 millones de minas y en la zona están presentes 200.000 soldados marroquís, detalla el reporte.
En el apartado de las detenciones arbitrarias, secuestros y asesinatos, se detalla que más de 24.000 ciudadanos saharauis en los territorios ocupados han sido en algún momento detenidos; 521 personas secuestradas continúan en paradero desconocido, “y el doble de esta cantidad desapareció sin que haya documentación disponible para probarlo, en virtud de la situación de los beduinos”.
Respecto a los desplazamientos forzados y asentamientos de colonos marroquís, el informe adopta como punto de partida 1976: “Más de 40.000 saharauis fueron forzados a emigrar de su tierra, bajo amenaza, y obligados a desplazarse hacia el interior del territorio marroquí”, en el contexto de las políticas de sustitución de la población autóctona.
Pero el Reino de Marruecos ha tenido respuesta. Así, respecto a las luchas de resistencia pacífica, el informe menciona la Intifada de la independencia, en mayo de 2005, promovida por la tercera generación de saharauis que vivía bajo la ocupación. Otro levantamiento destacado se produjo a partir del 10 de octubre de 2010: el campamento de Gdeim Izik o de la dignidad, en el que –durante un mes- se levantaron 8.000 jaimas con más de 20.000 saharauis.
La investigación de València Defensa y Equipe Media apunta las consecuencias de la represión “brutal e inhumana” desplegada por los militares, la Gendarmería, policías y Fuerzas Auxiliares de Marruecos en el desmantelamiento de Gdeim Izik.
Así, “detuvieron a centenares de personas y causaron cerca de 2.000 víctimas; hoy en día, después de 11 años, 19 de estos presos continúan en cárceles marroquíes, condenados con unas sentencias muy elevadas de entre 20 años y cadena perpetua, tras unos juicios farsa, sin pruebas y sin comprobar las alegaciones de torturas”.
Una de las secciones del informe está dedicada al bloqueo informativo en el Sáhara Occidental; con el objetivo de romperlo se constituyó, en 2009, Equipe Media, que ha producido documentales como Tres cámaras robadas (2017) y recibido el Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado (2019); el reporte menciona a seis periodistas encarcelados en prisiones marroquís, de Equipe Media; el canal estatal saharaui RASD TV; RASD Radio; y Guergarat Media.
Se trata de Bachir Khadda, Hassan Dah, Abdelahi Lakhfawni, Mohammed Lamin Haddi, Khatri Farajji Dadda y Essabi Yahdih; cumplen penas de prisión que en algunos casos llegan a los 25 años e incluso la cadena perpetua; uno de los ejemplos explicados con detalle es el del defensor de los derechos humanos y colaborador de RASD Radio, Mohammed Lamin Haddi, capturado por los Servicios Secretos de Marruecos en 2010, tras el desmantelamiento de Gdeim Izik.
El activista ha pasado varios años en régimen de aislamiento en la prisión de Tiflet 2 (Marruecos), sin recibir visitas, con obstáculos para comunicarse con su familia y una atención médica insuficiente. Asimismo el recluso se ha declarado en huelga de hambre en diferentes ocasiones. “Los carceleros le tratan mal, le roban sus cosas, sus libros, se acercan a él sin protección contra la COVID-19 y le humillan de manera habitual”, informa el reporte.
¿Se trata de un caso excepcional? “El trabajo de los periodistas saharauis se realiza en un ambiente muy peligroso, con el riesgo de afrontar arrestos, detenciones arbitrarias, acoso a sus familias, torturas, malos tratos, constantes entradas y salidas de la cárcel y sentencias tan abultadas como injustas”, resumen València Defensa y Equipe Media.
Asimismo el ataque desplegado por el ejército de Marruecos contra los civiles saharauis en la “brecha ilegal” de Guerguerat, en noviembre de 2020, supuso la ruptura del alto el fuego de 1991 y el retorno a la guerra. ¿Con qué consecuencias? Fuentes saharauis denunciaron la impunidad con la que Marruecos cometió crímenes de guerra: Más de una veintena de asesinados en las zonas liberadas del Sáhara Occidental, “bombardeadas por drones israelíes y turcos utilizados contra civiles saharauis por el ejército de Marruecos en estas zonas”.
El conflicto bélico ha llevado a que Rabat incremente la represión en los territorios ocupados, por ejemplo mediante la utilización de paramilitares o contra los centenares de presos políticos; el reino alauita respondió con detenciones y allanamientos domiciliarios a las protestas que tuvieron lugar en El Aauin (capital del Sáhara Occidental ocupado), por la intervención de Marruecos en Guerguerat (en los allanamientos participaron policías, fuerzas especiales encapuchadas y paramilitares).
Entre los casos reseñados figuran los de dos defensores, Ghali Bouhala y Mohamed Nafaa Boutasofra, detenidos en El Aauin (febrero de 2021) por las fuerzas especiales de ocupación “sin orden ni explicaciones”; los activistas fueron trasladados cada uno a su domicilio, “donde aterrorizaron a sus respectivas familias, echaron la puerta abajo y (entraron) arrasando sus casas”; fueron sometidos a juicio con acusaciones falsas, denuncian las ONG.
Circunstancias conocidas son, por otra parte, las de la activista saharaui Sultana Jaya, en arresto domiciliario durante más de un año (desde noviembre de 2020), sin orden judicial, víctima –la defensora de los derechos humanos y una de sus hermanas- de agresiones y abusos sexuales por parte de paramilitares marroquís. Confinada, asediada, tras meses sin luz eléctrica y casi sin agua en el hogar familiar, “cuando ha intentado salir (los agentes de Marruecos) la han arrastrado y golpeado”. A Sultana Jaya se le considera un símbolo de la resistencia saharaui, en la ciudad ocupada de Bojador.
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