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Entrevista a Carlos A. Portomeñe Pérez sobre La matanza de Atocha y otros crímenes de Estado: Anatomía de la Transición (Atrapasueños, 2022)

«La matanza de Atocha fue un crimen de Estado»

Fuentes: Rebelión [Imagen: El 26 de enero de 1976 entre 50.000 y 100.000 personas permanecieron en silencio con los puños en alto durante el desfile del cortejo fúnebre de tres de las personas que murieron asesinadas en la matanza de Atocha a su paso por las calles de Madrid. Créditos: dominio público]

Carlos A. Portomeñe Pérez (Lugo, 11 de diciembre de 1968), licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela, es artesano-escultor de profesión, especializado en la construcción de decorados y atrezzo teatral.

Militante del Partido Comunista de Galicia, fue su secretario general entre 2002 y 2014; asimismo, ostentó diferentes cargos en el PCE, Esquerda Unida, Alternativa Galega de Esquerdas e Izquierda Unida y fue elegido representante del pueblo en Lugo en las elecciones de 2015 y 2019.

Es colaborador de Mundo Obrero y autor de “Vivir e morrer pola causa. Biografía de José Gómez Gayoso” (2022), en el que recupera la memoria de quienes lucharon por la democracia y la república en tiempos del Atila fascista.

Vamos a dar inicio a esta entrevista, que girará sobre la memoria de nuestra Transición, centrada en tu obra “La matanza de Atocha y otros crímenes de Estado” (2022). En la última semana de enero, cuando se cumplan 47 años de la ‘semana negra’ de la transición, el autor estará presentando el libro en Madrid y Barcelona y posteriormente, ya en el mes de febrero, en Galicia.


Alfredo Iglesias Diéguez.- Inicias tu libro sobre la matanza de Atocha, que tuvo lugar en enero de 1977, el 17 de julio de 1945 en Postdam (Alemania), lugar y fecha en que se estaba celebrando una cumbre entre Stalin, Churchill y Truman, en la que se iba a decidir el futuro de Europa -y del mundo- que salió de la II Guerra Mundial. ¿Por qué es necesario retrotraerse tanto en el tiempo?

Carlos A. Portomeñe Pérez.- Por dos hechos fundamentales. Porque, por un lado, la Conferencia de Postdam significó la adscripción definitiva de España al bloque capitalista de la Guerra Fría y su subordinación a la política económica, militar e internacional de los EE.UU. Y, por otro, porque a pesar de una tibia condena al régimen dictatorial de Franco, instaurado con la ayuda de Hitler y Mussolini, EE.UU. y el Reino Unido garantizaron su pervivencia hasta la muerte biológica del dictador, ocurrida treinta años después. A pesar de que en 1946 la ONU condenó al régimen franquista y vetó su participación en los diferentes organismos internacionales, el aislamiento del país fue solo temporal. La Asamblea General de la ONU revocó en 1950 dicha resolución y cinco años más tarde se produjo el ingreso definitivo de España en la organización internacional.

Finalizada la guerra mundial, el Partido Comunista de España ya denunciaba que el país se había convertido en cabeza de puente del imperialismo norteamericano en Europa, y que este pretendía aprovechar la importancia estratégica de la península ibérica para convertir el Mediterráneo en un mar de su propiedad. De hecho, España ingresó paulatinamente en los principales organismos internacionales de la mano de EE.UU., de manera que la normalización de la presencia española corrió pareja a su subordinación a los los intereses geopolíticos estadounidenses. En 1953 ambos países firmaron los Pactos de Madrid que, entre otros acuerdos, permitían el establecimiento de bases militares estadounidenses en territorio español. Y en 1959 el régimen franquista aprobó el Plan Nacional de Estabilización Económica, que suponía la aceptación de los principios del capitalismo liberal y la apertura definitiva a la “inversión extranjera”, principalmente estadounidense.

En el plano político, EE.UU. diseñó desde el primer momento una posible España sin Franco, en el marco de una monarquía parlamentaria que permitiese la participación de todo el arco ideológico, aunque con la calculada excepción de los comunistas. De manera que, en los años cincuenta, el actual rey emérito se convirtió en la apuesta de la Casa Blanca y del dictador para su sucesión en la jefatura del Estado. El modelo estadounidense se basaba en un proceso de reforma democrática que permitiese la pervivencia de las élites económicas, políticas y judiciales, entre otras, como así se produjo.

Por eso es tan importante partir de Postdam para entender el proceso de la segunda restauración borbónica en el país o transición a la democracia.


«Es importante partir de Postdam para entender el proceso de la segunda restauración borbónica en el país o transición a la democracia»


Alfredo Iglesias Diéguez.- Una vez terminada la II Guerra Mundial, las potencias aliadas capitalistas (EEUU, Reino Unido y Francia) iniciaron una estrategia internacional para derrotar al socialismo, que tras la guerra había salido fortalecido, tanto por la importancia del campo socialista -que incluía a la URSS, a China y a gran parte de Europa oriental- como por la importante presencia de partidos comunistas en los países de Europa occidental -Francia, Italia…-. En esta estrategia, en lo que la historiografía viene denominando ‘Guerra Fría’, por supuesto hubo enfrentamientos armados de gran intensidad -el primero de ellos, la guerra de Corea, tuvo su inicio apenas cinco años después de que el gobierno de los EEUU ordenase arrojar sobre la población civil de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagashaki dos mortíferas bombas atómicas-, pero sobre todo hubo guerra sucia: una guerra dirigida contra los partidos comunistas. En el libro haces un importante repaso a esa guerra sucia. Hablemos de ello. ¿En qué consistió la red Gladio?

Carlos A. Portomeñe Pérez.- En realidad, Gladio es el nombre genérico con el que conocemos los ejércitos «stay behind» creados por la OTAN tras el conflicto mundial, aunque recibían una denominación diferente en cada país y Gladio era la que recibía esta estructura en su versión italiana. Aunque se sospechó durante años de su existencia de, Gladio salió realmente a la luz en 1990 merced a dos investigaciones diferentes de los jueces italianos Felice Casson y Carlo Mastelloni, relativas a un atentado con bomba perpetrado en 1972 y al sabotaje de un avión de la Fuerza Aérea Italiana en 1973, respectivamente.

Las investigaciones destaparon la existencia de una estructura nacida tras la II Guerra Mundial por iniciativa de la CIA y la OTAN, y secundada por los servicios secretos de varios países europeos. Utilizaron la excusa de organizar la defensa ante una eventual invasión soviética, pero en la práctica consistió en impedir el acceso de los partidos comunistas del continente europeo al poder, sin reparar en medios o acciones. Este objetivo incluyó la comisión de sangrientos atentados, reivindicados indistintamente por organizaciones de extrema izquierda y extrema derecha en el marco de la llamada “estrategia de la tensión”. El general Gerardo Serravalle, responsable de Gladio en Italia entre 1971 y 1974, reconoció ante el Senado, por ejemplo, la existencia de listas negras de comunistas y simpatizantes de los partidos y movimientos de izquierda que debían ser eliminados en caso se darse la oportunidad.

La aparición pública de Gladio causó conmoción en todos los países de Europa, y el Parlamento Europeo aprobó una dura resolución de condena cuyo texto se incluye en el libro, aunque apenas tuvo consecuencias políticas a pesar de la gravedad de los hechos.

Alfredo Iglesias Diéguez.- Sigamos con el contexto internacional. ¿Qué nos puedes decir del asesinato de Aldo Moro en Italia?

Carlos A. Portomeñe Pérez.- El secuestro y asesinato de Aldo Moro por la Brigadas Rojas (BR) siempre ha estado rodeado de interrogantes e incógnitas. Como es sabido, el político democristiano fue secuestrado el 16 de marzo de 1978 cuando acudía al Parlamento italiano para asistir a una moción de confianza sobre el nuevo Gobierno, que por primera vez estaría apoyado por los comunistas.

A raíz de las revelaciones sobre la red Gladio, los jueces italianos decidieron iniciar nuevas investigaciones sobre el caso que aumentaron las sospechas sobre la implicación de los servicios secretos italianos y la CIA estadounidense, que habrían instrumentalizando a las BR para llevar a cabo el crimen. Y lo primero que pudieron comprobar fue que toda la documentación referente al caso había desaparecido de los archivos del Ministerio del Interior, incluyendo la correspondencia entre Moro y el gobierno italiano durante el secuestro y las transcripciones del interrogatorio al que fue sometido por las BR. Las cartas contenían acusaciones muy duras a su partido y al gobierno. De hecho, buena parte de esa importante documentación fue hallada en 1990 de manera accidental y en ella pudo comprobarse que en 1978 Moro ya hablaba de una estructura oculta de la OTAN y acusaba al presidente Andreotti de ser un agente de la CIA. Por eso se habían ocultado pruebas que incriminaban a la DC, las élites policiales, la mafia, la logia Propaganda Due y la operación Gladio.

Alfredo Iglesias Diéguez.- Ya para ir cerrando el contexto internacional. ¿Puedes concretar como se organizó la internacional negra, la trama fascista financiada por gobiernos occidentales para impedir el avance comunista en Occidente?

Carlos A. Portomeñe Pérez.- Hay que relacionarla directamente con la política imperialista de los EE.UU., fundamentalmente en el marco de la Guerra Fría. Es evidente que la CIA nunca ha escatimado medios para su cruzada anticomunista, incluyendo el entrenamiento de grupos paramilitares y terroristas de extrema derecha para cometer toda serie de acciones violentas que sirviesen a sus intereses. No olvidemos que, tras la guerra, reconvirtió las redes internacionales de agentes nazis para su lucha contra el comunismo. De hecho, EE.UU. reconoce oficialmente que la CIA reclutó a Reinhard Gehlen, el jefe de la inteligencia militar en el frente del este contra la URSS y, al menos, a otros veintidós criminales de guerra nazis, entre ellos Adolf Eichmann o Klaus Barbie. Reinhard Gehlen fundo y dirigió durante años el BND alemán, y sentó las bases de los “stay behind” en Europa.

Bajando a lo concreto, las tramas negras a nivel internacional siguieron un esquema muy semejante en los diferentes países, aunque con sus lógicas particularidades. Ese esquema iba desde la creación de violentos escuadrones ultraderechistas de base hasta la organización de grupos parapoliciales y paramilitares. Y luego estaban los individuos más selectos, con formación militar y experiencia en explosivos, que participaban en las operaciones más importantes. Buena parte de los extranjeros que participaron en los sucesos violentos de Montejurra actuaron para la CIA y los servicios secretos en otros países, fundamentalmente durante las dictaduras militares de América Latina.


«Las tramas negras a nivel internacional siguieron un esquema muy semejante en los diferentes países»


Alfredo Iglesias Diéguez.- Bien, cambiemos de escenario y centrémonos en España. La internacional negra tenía tentáculos en todos los países capitalistas, tanto de Europa como de América Latina. Ahora bien, en los países con dictaduras militares, como España o Portugal, mientras los eran los tiranos quienes ejercían el poder la estrategia era perseguir a la oposición comunista que luchaba contra los fascismos. ¿Qué vínculos has identificado entre los jerarcas del fascismo español y los ejecutores de la violencia ultra en España?

Carlos A. Portomeñe Pérez.- Mariano Sánchez Soler señala que el neofascismo español como “fuerza de choque” nació en 1963 cuando los servicios de inteligencia crearon Defensa Universitaria (DU) a partir de los diferentes grupos de ultras presentes en la universidad. Su objetivo era el enfrentamiento violento con las cada vez más activas organizaciones universitarias de izquierda que ejercían la oposición al franquismo. Más tarde, en 1968, a raíz de los acontecimientos en el mayo francés, el Consejo de Ministros franquista aprobaría la creación de la Organización Contra-Subversiva Nacional (OCN), un servicio de información dirigido por el Alto Estado Mayor que se encargaría de la represión, la vigilancia y la infiltración de los movimientos universitarios. Fue el germen del Servicio Central de Documentación (SECED) de Presidencia del Gobierno, creado en 1972 y dirigido por el almirante Luis Carrero Blanco. De manera simultánea, DU se convirtió en Guerrilleros de Cristo Rey, con Mariano Sánchez Covisa al frente, y se extendió por todo el Estado, actuando en coordinación con los diferentes servicios de información y con las fuerzas policiales en la realización de atentados, la disolución de manifestaciones, apaleamientos a dirigentes de izquierda y otras acciones violentas.

Los grupos parapoliciales de extrema derecha utilizaron múltiples denominaciones para reivindicar sus acciones, aunque en muchas ocasiones se trataba de los mismos protagonistas utilizando siglas diferentes, buena parte de ellas ideadas en el Ministerio de la Gobernación. De estos grupos salieron individuos que nutrieron los servicios de información del Régimen, participaron en la estrategia de la tensión y desarrollaron la guerra sucia contra ETA en el País Vasco y el sur de Francia.

Alfredo Iglesias Diéguez.- Los poderes político-mediático-académicos nos han convencido de que España fue el escenario de una transición pacífica de la dictadura a la democracia; sin embargo, entre los años 1975 y 1982 las víctimas mortales de la violencia política alcanzaron la cifra de 700 personas. Si de esa cantidad restamos las muertes atribuidas a ETA, nos quedan alrededor de 375 personas que murieron como consecuencia de la violencia de promovida tanto por organizaciones de extrema izquierda (GRAPO, FRAP…) como de extrema derecha (BVE, GAL…). Centrémonos en estas últimas, que provocaron algunos de los crímenes más execrables de la Transición, como fueron los sucesos de Montejurra y la matanza de Atocha, en el marco de una de las semanas más trágicas de nuestra historia reciente. ¿Qué sucedió en Montejurra el 9 de mayo de 1976? ¿Quién estaba detrás? ¿Qué pretendían?

Carlos A. Portomeñe Pérez.- La romería de Montejurra organizada por el Partido Carlista llevaba años siendo un acto multitudinario de oposición al régimen franquista. Los carlistas formaban parte de la Junta Democrática junto al PCE, defendían la ruptura democrática con el régimen, el socialismo autogestionario, y eran contrarios al ingreso de España en la OTAN. La romería del 9 de mayo de 1976 corría el riesgo de convertirse en el primer gran acto de la oposición al nuevo jefe de Estado, al “rey impuesto” por Franco que además estaba enfrentado a los carlistas por el problema dinástico.

Durante la romería se produjo un ataque violento por parte del sector tradicionalista del partido que ocasionó la muerte de dos personas. La versión oficial siempre presentó los sucesos como un enfrentamiento entre dos sectores del Partido Carlista, pero existen numerosas pruebas gráficas y documentales que demuestran que la organización de la Operación Reconquista corrió a cargo del gobierno de la época, que había sido nombrado por el rey y contaba con Manuel Fraga al frente del Ministerio de la Gobernación. Es una operación de gran trascendencia, porque se produce un inédito despliegue de elementos de la extrema derecha española e internacional que nunca se había dado anteriormente ni se repetiría en el futuro. Allí se dan cita, trabajando para el Estado, conocidos terroristas internacionales con amplios historiales de participación en golpes de Estado, atentados sangrientos, asesinatos selectivos y campañas represivas en varios países al servicio de sus respectivos gobiernos y, en algunos casos, de la CIA y la OTAN. Recientemente, en enero de 2022, el periodista Manuel Martorell publicó en Diario de Navarra informes, cartas y comunicaciones confidenciales, sobre todo del del Gobierno Civil de Navarra, que acreditan el diseño de la operación Reconquista por parte del Gobierno, demostrando la implicación directa de Manuel Fraga e incluso del propio monarca.


«Existen numerosas pruebas gráficas y documentales que demuestran que la organización de la Operación Reconquista corrió a cargo del gobierno de la época, que había sido nombrado por el rey y contaba con Manuel Fraga al frente del Ministerio de la Gobernación»


Augusto Cauchi y Stefano delle Chiaie, implicados en múltiples atentados de la internacional negra en diversos países, en Montejurra el 9 de mayo de 1976. Créditos: archivo fotográfico de Carlos A. Portomeñe Pérez

Alfredo Iglesias Diéguez.- Centrémonos ahora en la semana negra de enero de 1977. ¿Cuáles fueron los sucesos trágicos que tuvieron lugar entre el 23 y el 29 de enero de 1977?

Carlos A. Portomeñe Pérez.- Se trata de una serie de acontecimientos violentos que, a pesar de los intentos oficiales de desvincularlos entre sí a lo largo de los años, tienen un evidente hilo común y forman parte de una misma estrategia. Uno de los objetivos principales del libro ha sido desmadejar estos vínculos para demostrar que los principales crímenes tienen protagonistas comunes, fundamentalmente de nacionalidad italiana, que reciben órdenes de los servicios de información del Estado y que habían participado el año anterior en la operación Reconquista de Montejurra y el asesinato del juez italiano Vittorio Occorsio.

Estos acontecimientos se producen todos en Madrid y se inician el domingo 23 con el asesinato del joven Arturo Ruiz tras la celebración de una manifestación de reivindicación de la amnistía. El asesino es José Ignacio Fernández Guaza y forma parte de un grupo de cinco individuos, pertenecientes todos ellos a los servicios de información, incluyendo al italiano Stefano Delle Chiaie, el más importante terrorista internacional de extrema derecha.

El lunes comienza con el secuestro del teniente general Emilio Villaescusa por el GRAPO, que se une al secuestro del presidente del Consejo de Estado, Antonio Oriol y Urquijo, que lleva ocho meses cautivo del mismo grupo terrorista. Horas más tarde es asesinada la joven Mariluz Nájera, alcanzada por un bote de humo disparado a bocajarro por la policía cuando participaba en la manifestación de protesta por el asesinato de Arturo Ruiz. Por la noche se produce el suceso más trágico, con el ametrallamiento de nueve personas en un despacho laboralista del PCE y las CC.OO. de la calle Atocha, donde son asesinados cuatro abogados y un administrativo.

El viernes 28 los miembros del GRAPO que mantienen secuestrados a Oriol y Villaescusa atentan en dos entidades bancarias contra varios policías y guardias civiles que las custodiaban, y asesinan a tres de ellos. La semana culmina con la intervención radiada y televisada del presidente Adolfo Suárez el sábado 29 llamando a mantener la calma y a cerrar filas con el imparable proceso democrático que afronta el país.

Son los acontecimientos que Juan Antonio Bardem reflejó en la película “Siete días de enero” y que el periodista Gregorio Morán denominó “la semana del complot”. Una semana clave para el devenir de la llamada Transición a la democracia.


«La semana negra de 1977 es una semana clave para el devenir de la llamada Transición a la democracia»


Alfredo Iglesias Diéguez.- ¿Qué pasó en el piso tercero izquierdo del número 55 de la calle Atocha sobre las once de la noche del día 24 de enero de 1977?

Carlos A. Portomeñe Pérez.- Tres individuos de extrema derecha, vinculados todos ellos a los servicios de información, penetran en el despacho laboralista mientras se celebra una reunión de los abogados del PCE que desarrollan su trabajo en los barrios madrileños asesorando jurídicamente a la vecindad. Sin mediar prácticamente palabra, disparan a bocajarro, asesinan a cinco de los asistentes y dejan a cuatro de ellos gravemente heridos. Las víctimas mortales son Enrique Valdevira, Luis Javier Benavides, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez y Francisco Javier Sauquillo. Tanto la masacre de Atocha como el asesinato de Arturo Ruiz fueron reivindicados por la Triple A.

Alfredo Iglesias Diéguez.- Bien, una vez que tenemos claros los hechos, centrémonos en otros aspectos… ¿Por qué le das tanta importancia a la ‘Marietta’? ¿A dónde nos lleva esa arma?

Carlos A. Portomeñe Pérez.- Demostrar el uso de las llamadas Mariettas en Atocha y otros atentados es fundamental para demostrar la implicación directa del Estado en el terrorismo de extrema derecha durante aquellos años. Por eso el libro cuenta con treinta y cinco páginas dedicadas ese tema concreto.

La Marietta es el sobrenombre que recibe la Ingram M10, un arma desarrollada por la CIA para operaciones encubiertas. Las Mariettas adquirieron relevancia en España a raíz del asesinato del juez Vittorio Occorsio en Roma, el 10 de julio de 1976. Occorsio investigaba la relación de los atentados de extrema derecha en su país con las autoridades policiales españolas. Los jueces italianos encargados de resolver el caso descubrieron que el autor material del crimen había sido Pierluigi Concutelli, jefe militar de Ordine Nuovo, a quien requisaron el arma asesina. Pudieron comprobar que se trataba de una Marietta facilitada por Stefano Delle Chiaie y demostraron que había sido adquirida directamente a la fábrica por el ministerio del Interior español, en un lote que incluía tres de esas armas. Concutelli y Delle Chiaie habían participado dos meses antes en la operación Reconquista y organizaban atentados contra miembros de ETA, donde también se utilizaban las referidas armas. De hecho, Fernández Guaza, el asesino de Arturo Ruiz, ha reconocido recientemente que en aquel entonces formaba parte de un grupo de quince civiles que cometían atentados contra dirigentes de ETA utilizando Ingram M10.

Desde un primer momento, se vinculó el ametrallamiento de los abogados de Atocha con el uso de estas armas. A este respecto, se generó una agria polémica que se prolongó durante años y se acentuó cuando se descubrió la relación italiana con la masacre y salió a la luz la operación Gladio. Los jueces italianos que investigaron durante años las redes de extrema derecha en España y en su país obtuvieron pruebas que demostraban la utilización de Mariettas en Atocha. Sin embargo, durante el juicio se estableció que las armas utilizadas habían sido una vieja pistola Star y una Browning que nunca apareció. Nunca se atendieron los requerimientos de la justicia italiana sobre las Mariettas y, en 1983, el subinspector Juan José Medina fue detenido cuando investigaba el destino de aquellas armas.


Las Mariettas de Atocha nos llevan a Ordine Nuevo, la rama italiana de la internacional negra, y al ministerio del Interior español, que había comprado un lote que incluía tres de esas armas


Alfredo Iglesias Diéguez.- Sigamos con la matanza de Atocha. ¿Cómo fue la investigación policial? ¿Y el proceso judicial? ¿Es posible percibir detrás la mano cómplice de un estado más franquista que democrático?

Carlos A. Portomeñe Pérez.- Desde el primer momento el juez de la Audiencia Nacional que llevó el caso puso toda una serie de obstáculos para dificultar la investigación y el desarrollo del sumario. En el juicio fueron condenados los ejecutores materiales de la masacre, pero no sus responsables intelectuales. La versión oficial establece que el móvil del crimen fue un ajuste de cuentas motivado por la huelga del transporte, pero nadie entra con armas de guerra en un despacho laboralista y fusila a nueve personas si pretende escarmentar, supuestamente, a abogados que nada tienen que ver con la huelga. Por tanto, quedaron sin aclarar las raíces mismas del crimen, que tienen un nítido trasfondo político, ya que no se trataba de un simple “comando incontrolado”, como quisieron hacer ver las autoridades.

Solo en 1985 los jueces italianos pudieron sacar a la luz la implicación directa de un paisano suyo, Carlo Cicuttini, en la masacre de Atocha. Una participación constatada también en documentos oficiales del ministerio del Interior italiano. Cicuttini era lugarteniente de Delle Chiaie y vivió hasta 1998 amparado y protegido por el Estado español, que denegó en dos ocasiones su extradición a Italia. Tuvo que ser engañado por la policía italiana para su detención en Francia, y murió cumpliendo la condena de cadena perpetua que le habían impuesto por el atentado de Peteano, el crimen que permitió descubrir la operación Gladio en Italia.

Alfredo Iglesias Diéguez.- Antes de concluir con preguntas relacionadas con la memoria democrática… Leyéndote se puede llegar a pensar que las organizaciones de extrema izquierda, como GRAPO o FRAP, podían estar infiltradas por miembros de la policía o por militantes de la extrema derecha que contaban con el apoyo del Estado. Insistes bastante en ese aspecto a lo largo del libro… ¿Es a eso a lo que te refieres con el término ‘estrategia de la tensión’?

¿Buscaba el Estado un clima de tensión y miedo que ‘guiase’ al combativo movimiento obrero y universitario, republicano y comunista, hacia opciones políticas menos combativas con las clases dominantes?

Carlos A. Portomeñe Pérez.- Desde mi punto de vista, existían pocas posibilidades de una involución en el país, porque el tsunami democrático era imparable y se había ganado con una ejemplar lucha social y política. La historiografía oficial lo vende como una democracia otorgada, pero se trata de una democracia conquistada a costa del sacrificio de muchas personas en los más variados ámbitos de la sociedad, fundamentalmente por el empuje de las clases trabajadoras. De hecho, las Cortes franquistas se vieron obligadas al llamado aprobando mayoritariamente la Ley de Reforma política, que días después fue refrendada de manera masiva por los participantes en el referéndum, a pesar de la llamada a la abstención de los principales grupos de izquierda, que consideraban que la ley se quedaba muy corta con respecto a las demandas democráticas de la sociedad.

Lo que realmente estaba en juego eran dos modelos de Transición antagónicamente opuestos: el modelo rupturista, que no aceptaba la “democracia por decreto” ni los parcheos pseudodemocráticos sino un cambio profundo en todos los sectores y ámbitos del sistema franquista; y el modelo reformista, minoritario en aquella época, basado en cambiarlo todo para que todo continuase igual. Para ello era necesario “empujar” a las fuerzas rupturistas hacia el llamado “consenso democrático”, que pasaba por aceptar la monarquía y al rey impuesto por Franco, pese al sentir mayoritariamente republicano de la sociedad española. Para conseguir ese objetivo no escatimaron medios, incluso violentos como hemos visto. Si cincuenta años por medio es posible atisbarlo, hay que vivir ese momento para darse cuenta de lo complicado o lo imposible que es actuar en determinados momentos históricos, con los muertos encima de la mesa.

Portada del Mundo Obrero (órgano del CC del PCE) del 25 de noviembre de 1975, cinco días después de la muerte del tirano genocida, en la que queda clara la postura del PCE: República, amnistía total de los presos políticos y retorno de los exiliados. Créditos: archivo fotográfico de Carlos A. Portomeñe Pérez

El magistrado italiano Ferdinando Imposimato, que llevó casos tan importantes como el asesinato de Aldo Moro, aseguraba que la verdad oficial en su país hablaba de terroristas negros, por una parte, y terroristas rojos por otra, y que luego estaba el Estado que combatía a ambos. Sin embargo, su experiencia de años le había llevado a la conclusión de que una parte del Estado se servía del terrorismo de extrema derecha y extrema izquierda para realizar atentados por intereses políticos.

Por citar ejemplos. El comisario represor Roberto Conesa había formado parte de la JSU durante la guerra mientras trabajaba para la “quinta columna” franquista. En los años siguientes se especializó en infiltrarse en el PCE y fue el responsable de la caída de cientos de militantes comunistas. Los hermanos Antonio y José Luis Cortina, miembros del SECED cercanos a Juan Carlos I, entrenaban en los años sesenta un grupo de acción guerrillera en la Casa de Campo. Ya he citado que el germen del actual CNI nació en la Universidad, donde, entre otras actividades, se infiltraban en los sindicatos estudiantiles.


«La historiografía oficial lo vende como una democracia otorgada, pero se trata de una democracia conquistada a costa del sacrificio de muchas personas en los más variados ámbitos de la sociedad, fundamentalmente por el empuje de las clases trabajadoras»


Alfredo Iglesias Diéguez.- Vamos concluyendo. Si los asesinos de Atocha y otros criminales contaron con la complicidad del Estado…, estamos ante crímenes de Estado, que a falta de una conclusión ‘concluyente’ -valga la redundancia- en tu libro que lo diga así de claramente, es la idea que subyace a todo tu libro desde el título mismo: La matanza de Atocha y otros crímenes de Estado… Es así, ¿no?

Carlos A. Portomeñe Pérez.- Efectivamente, el propio título sirve como conclusión definitiva del libro, que además tiene como subtítulo “Anatomía de la Transición”. Pero recomiendo la relectura del primer capítulo del libro una vez finalizado el mismo para una mayor comprensión de toda la información. Me consta que el libro aporta una gran cantidad de datos y se busca la complicidad del lector haciéndole partícipe de la investigación con sus propias conclusiones. Son temas complejos y al mismo tiempo delicados que requieren sumo rigor en su tratamiento. Debo agradecer a la editorial Atrapasueños la publicación íntegra del trabajo, que después de nueve años de investigación incluye casi 800 páginas y 758 notas.

Alfredo Iglesias Diéguez.- Los crímenes de Atocha, igual que los demás crímenes de Estado, desde el asesinato de Amador y Daniel el 10 de marzo de 1972 en Ferrol…, siguen esperando ‘verdad, justicia y reparación’… ¿Qué crees que debe hacer el Estado para poner fin a esta espera?

Carlos A. Portomeñe Pérez.- Tener las agallas suficientes para afrontar de una vez la verdad sobre los crímenes del franquismo y la Transición. La Ley de Memoria democrática se ha quedado escasa una vez más, como había adelantado el movimiento memorialista durante su tramitación, y seguimos con una Ley de Secretos Oficiales preconstitucional, de 1968, que impide acceder a importantes sumarios y archivos.

En la teoría, la nueva ley permite permitiría avances importantes pero, en la práctica, la justicia sigue poniendo obstáculos para conocer la verdad, que es un derecho internacionalmente reconocido, y frena todos los intentos de reabrir causas. Ahora que el negacionismo y el revisionismo han llegado al Parlamento, el conocimiento de la verdad es un requisito fundamental para frenar esa deriva derechista y poder construir una sociedad verdaderamente democrática.

Alfredo Iglesias Diéguez.- Al margen del Estado…, ¿qué iniciativas, tanto en España como en el extranjero, están en marcha para conseguir ese objetivo de ‘verdad, justicia y reparación’?

Carlos A. Portomeñe Pérez.- En los últimos años el movimiento memorialista democrático ha conseguido abrir grandes alamedas, a pesar de los obstáculos. En ese sentido, cada uno aportamos nuestro grano de arena. En mi caso particular, en marzo de 2022 viajé a Buenos Aires acompañando al Colectivo por los Olvidados de la Transición, compuesto por familiares de las víctimas. Gracias a sus gestiones pude declarar en el marco de la Querella Argentina, y tuve la satisfacción de presentar mi libro como prueba documental en la causa. Una satisfacción que se acrecentó cuando pudimos localizar al asesino de Arturo Ruiz después de 46 años sin conocer su paradero. Ahora la familia de Arturo continúa su lucha jurídica en Argentina y España con nuevas pruebas, y la jueza María Servini ha emprendido nuevas acciones, pidiendo investigar al asesino y exigiendo a España que le informe sobre si persiguió a los asesinos de la ultraderecha durante la Transición.

Es tremendo que deba ser una jueza argentina quien tenga que investigar los crímenes del franquismo, y que se encuentre con los mismos obstáculos por parte de las autoridades españolas que sufrieron los jueces italianos cuando en su día investigaron las tramas negras en España. Tremendo, pero real como la vida misma.


«Es tremendo que deba ser una jueza argentina quien tenga que investigar los crímenes del franquismo»


Alfredo Iglesias Diéguez.- Muchas gracias por tu investigación y por tu amabilidad a lo largo de esta entrevista.

Carlos A. Portomeñe Pérez.- Muchas gracias a ti y a Rebelión. Seguimos en la lucha.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.