«La Fiscalía llama señorita a una acusada, a la que le dice que puede alardear de puta, pero no quitarse el sujetador en una capilla dentro de una universidad pública; empresarios y miembros de la monarquía se benefician de los paraísos fiscales y de la amnistía del gobierno del PP, como han puesto de manifiesto […]
Después de 43 años de la muerte del dictador Franco…¿cómo es posible que sigan existiendo franquistas (simulados y declarados, subliminales y claros, conscientes y subconscientes) en nuestro país? La respuesta se nos antoja bien fácil: porque nuestra sociedad no ha hecho nada para impedirlo. Y es que el Estado Español representa una anomalía político-social en este sentido, no parangonable casi con ningún otro país del mundo. Los países europeos y latinoamericanos que sufrieron la implantación de sangrientas dictaduras durante el siglo pasado, o incluso entrado este siglo, se han preocupado y ocupado en desterrar de sus sociedades el pensamiento fascista. Esto significa que no sólo renovaron sus regímenes, y se abrieron a las democracias, más o menos limitadas, sino que renovaron la totalidad de las instituciones del Estado, removieron al personal que provenía de los regímenes dictatoriales, castigaron las tropelías llevadas a cabo por los dictadores de turno, anularon todo el universo de su acción política, y ofrecieron a las generaciones afectadas y a las siguientes Verdad, Justicia y Reparación. Esto significa que no tergiversaron la historia, que reconocieron como sociedad en pleno la perversidad del fascismo en cualquiera de sus manifestaciones, que ofrecieron justicia y reparación a todas las víctimas y sus familiares, que castigaron a los culpables y responsables vivos de los genocidios practicados, y que ofrecieron marcos legales inequívocos y seguros para que la sociedad en conjunto no ofreciera resquicios donde albergar nuevas semillas fascistas.
Bien, nada de lo relatado anteriormente se ha practicado en nuestro país desde la muerte del dictador, a finales de 1975. La llamada Transición fue un período aún sangriento y dictatorial, que no tuvo nada de modélico, pues aunque diseñó algunas leyes aperturistas (Ley para la Reforma Política, Pactos de la Moncloa, etc.), incluida la propia Constitución de 1978, blindó en la forma y en el fondo el período dictatorial anterior, blindaje que alcanza su culmen en la Ley de Amnistía de 1977, ley que aún continúa en vigor, y que los franquistas y la derecha política, social y mediática de este país se resisten a derogar, aún con todas las recomendaciones que las diversas instituciones y organismos internacionales han hecho a nuestros gobernantes. Básicamente, la referida Ley de Amnistía fue una ley, pudiéramos decir, de «conciliación forzada». Desde un punto de vista equidistante, entiende que ambos «bandos» enfrentados en la Guerra Civil (1936-1939) cometieron crímenes y atrocidades, ignorando el hecho fundamental de que no hubo tales bandos, sino unos militares golpistas y asesinos que se levantaron en armas contra el gobierno legítimamente constituido de la Segunda República. Por tanto, desde ese aberrante punto de vista, lo que la Ley de Amnistía proclama es un «borrón y cuenta nueva», o un «pelillos a la mar, aquí no ha pasado nada». Resultado de dicha ley es que, por ejemplo, tengamos que soportar que campen a sus anchas por nuestras calles algunos torturadores de la época franquista, y que tengan que rendir cuentas ante tribunales extranjeros (la mayor causa contra el franquismo está siendo ejecutada por la jueza argentina María Servini de Cubría), porque nuestros tribunales se niegan a juzgarlos. Pero ese malicioso enfoque equidistante que la Ley de Amnistía proyecta se manifiesta en otros muchos planos, tales como el plano educativo (jamás se ha contado el franquismo en toda su extensión a nuestros escolares), el plano político (no se han desmontado las estructuras de poder procedentes del franquismo, tales como la judicatura, el Ejército o la Iglesia Católica), e incluso el plano social (no existen leyes que condenen expresamente el franquismo, aunque sí el fascismo en sentido general).
Toda esta proyección de planos llega hasta nuestros días, simplemente porque, como decíamos al principio, no se ha hecho nada por revertir esta terrible situación. Desde la muerte del dictador hasta hoy, ningún Gobierno ha llevado a cabo una ruptura democrática completa con el régimen franquista. A lo más que se ha llegado ha sido a elaborar una insuficiente y cobarde Ley de Memoria Histórica (2007), bajo la primera legislatura del ex Presidente José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). Pero como decimos, dicha Ley es tan timorata y limitada que no entra a evaluar las grandes cuestiones de fondo (el Valle de los Caídos, la nulidad de pleno derecho de todas las sentencias de los tribunales franquistas, etc), lo que unido a la proyectada larga sombra del franquismo que llega hasta nuestros días, viene configurando lo que llamamos un «franquismo sociológico», responsable de la situación que vivimos en pleno siglo XXI. Y así, resulta que en 2018 hemos aún de soportar que existan bares franquistas, militares franquistas, curas franquistas, profesores franquistas, jueces franquistas, cantantes franquistas, escritores franquistas, políticos franquistas, y hasta una Fundación Nacional Francisco Franco que ensalza la vida y obra del sanguinario dictador. El movimiento franquista está todavía muy vivo en nuestro país, pero como resultado de que no se ha actuado contra todo ello, a los franquistas se les llama bajo el suave apelativo de «nostálgicos» del régimen anterior. Si hubiéramos actuado bajo los mimbres de una sociedad plenamente democrática, todo el movimiento fascista se hubiera desarticulado, y hoy día (desde hace muchos años) sería simplemente ilegal ensalzar la figura y el legado del dictador. Toda aquélla persona que ensalzara el franquismo simplemente sería detenida acusada de un delito grave, pero en cambio, lejos de dicha situación, los franquistas son incluso invitados como tertulianos a los debates televisivos, escriben artículos a determinados medios, y lanzan sus peligrosas proclamas desde los más variados púlpitos y tribunas.
En esta sociedad española que se autodenomina «democrática», hemos de soportar aún que el actual Gobierno sea atacado por manifestar su intención de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, que a la nieta del dictador se la agasaje con el título de Duquesa de Franco, que la Fundación Nacional Francisco Franco llame a un «nuevo alzamiento» ante la situación actual, que personas franquistas declaren abiertamente la defensa del fascismo en los medios de comunicación, que se tergiverse la verdad hasta el punto de tener que escuchar que «Franco no fusilaba», que «todas las conquistas actuales de nuestra sociedad se deben a él», o que «en 1936 Franco salvó a España», entre otras lindezas. Y todo ello por no citar los honores de que disfruta un nefasto y cruel personaje como «Billy El Niño», la presencia de grandes empresarios y políticos de la época franquista disfrutando de grandes fortunas y altos cargos públicos, situados en las más altas esferas del poder, todo un rosario de nombres de calles, plazas y monumentos dedicados a personajes golpistas, o un Poder Judicial que hace caso omiso a las solicitudes de extradición que ordena la causa argentina contra el franquismo, o desoye las recomendaciones de la ONU en cuanto a memoria histórica. En el segundo país del mundo con más fosas comunes y cuerpos enterrados en las cunetas, el franquismo (es decir, el fascismo más puro y duro) no ha muerto. El dictador lo dejó todo «atado y bien atado» (ya hemos alcanzado a comprender la verdadera profundidad de aquéllas palabras), pero una vez muerto, ha sido y es responsabilidad de la sociedad española en su conjunto, de todas sus instituciones y estamentos, el desterrar para siempre el franquismo de nuestras vidas. No se ha hecho. Se ha preferido mirar para otro lado. Así nos va. Cuando no se actúa sobre un mal, ese mal tiende a crecer y a volverse más poderoso. Eso mismo le está ocurriendo al franquismo en nuestro país.
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