Hace dos días la Asamblea General de Naciones Unidas eligió, en votación secreta, a los 47 estados que integrarán el Consejo de Derechos Humanos, el cual fue creado por la Asamblea el pasado 15 de marzo y viene a sustituir a la Comisión de Derechos Humanos, órgano subsidiario del ECOSOC que hace tiempo dejó de […]
Hace dos días la Asamblea General de Naciones Unidas eligió, en votación secreta, a los 47 estados que integrarán el Consejo de Derechos Humanos, el cual fue creado por la Asamblea el pasado 15 de marzo y viene a sustituir a la Comisión de Derechos Humanos, órgano subsidiario del ECOSOC que hace tiempo dejó de desempeñar el papel para el que fue creado hace 60 años.
El consejo trabajará bajo la tutela de la Asamblea y se reunirá en Ginebra por lo menos tres veces al año, con una sesión principal de no menos de diez semanas.
Los miembros del consejo están repartidos entre los cinco grupos regionales que la ONU estableció hace cuatro décadas precisamente para poner un poco de orden en las elecciones a órganos de composición restringida. A Africa corresponden 13 de los 47 asientos, Asia tiene otros 13, América Latina y el Caribe cuentan con ocho, Europa occidental y otros (Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda) con siete y Europa oriental con seis.
El grupo regional en el que hubo más problemas fue el de Europa oriental con 13 candidatos para sólo seis vacantes. El grupo africano fue, como hace años, el más disciplinado al presentar 13 candidatos para las 13 vacantes, asegurando así la elección de todos. México, por cierto, obtuvo 154 votos, quedando en tercer lugar de su grupo, detrás de Brasil y Argentina, y por delante de Perú, Guatemala, Uruguay, Cuba y Ecuador.
A diferencia de la gran mayoría de los órganos subsidiarios de la Asamblea General, los miembros del Consejo de Derechos Humanos no podrán optar por la relección inmediata después de dos periodos consecutivos. En la desaparecida Comisión de Derechos Humanos no había límite en la relección. Así, por ejemplo, México formó parte de la misma ininterrumpidamente durante los últimos 25 años.
El consejo deberá estar compuesto por países que apliquen «las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos» y que cooperen plenamente con el consejo. Además, «estarán sujetos al mecanismo de examen periódico universal» mientras sean miembros. En otras palabras, si un país quiere formar parte debe estar dispuesto a recibir, mientras sea miembro del mismo, visitas de los diversos mecanismos e instancias de inspección en la materia.
El propósito principal del consejo es promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de manera justa y equitativa. ¡Menuda encomienda! Pero la Asamblea General también le asignó algunas tareas que no tenía la desaparecida comisión. Una será la de llevar a cabo un examen periódico universal de la situación de los derechos humanos en los distintos países. Y aquí podrían surgir muchos problemas.
Hay unos gobiernos y no pocas organizaciones no gubernamentales que anualmente emiten un informe en el que califican a los países en materia de derechos humanos. Algunos de esos informes han resultado muy controvertidos debido a que politizan el tema y a la mala calidad de los datos que presentan. De ahí que la ONU haya pedido al consejo que ese examen se base en información objetiva y fidedigna sobre el cumplimiento por cada estado de sus obligaciones y compromisos en la materia.
¿Cómo lo hará el consejo? Su antecesora, la Comisión de Derechos Humanos, acabó muy politizada, con muchos casos concretos que se debatían porque así lo quería Estados Unidos o algunos de sus aliados. Ahora el consejo tendrá que examinar la situación de los derechos humanos en todos los países del mundo, es decir, habrá unos 200 casos concretos. Se supone que lo hará de manera que garantice la universalidad del examen y la igualdad de trato respecto de todos los estados. Ese «examen periódico universal» habrá de ser, según la ONU, un «mecanismo cooperativo, basado en un diálogo interactivo, con la participación plena del país de que se trate».
¿Cómo será ese «diálogo interactivo»? Pues dependerá del país. Hay gobiernos que ya tienen un discurso muy afinado en materia de derechos humanos, aunque no se hayan distinguido por respetarlos. Hay otros que van a requerir de mucho asesoramiento y asistencia técnica si quieren llegar al nivel que le exigirá el consejo.
El consejo tendrá que ocuparse de las situaciones en que se violen los derechos humanos, incluyendo las violaciones graves y sistemáticas. Y tendrá que formular recomendaciones al respecto. Sin duda se topará con muchas situaciones sumamente complicadas. Pensemos en la prisión en Guantánamo. O consideremos la tibieza de la respuesta de las autoridades de San Petersburgo, sede de la próxima cumbre de los G-8, ante los ataques de grupos neonazis en contra de personas cuyo color de piel no es lo suficientemente blanco. ¿Abordará el consejo de manera objetiva cuestiones como ésas?
A Estados Unidos no le gustó el texto de la resolución creando el consejo que negoció el presidente de la Asamblea General, Jan Eliasson, quien fue embajador de Suecia en Washington de 2000 a 2005 y que hace mes y medio fue nombrado canciller de su país. Cuando se pronunció la Asamblea sobre el proyecto de Eliasson, Estados Unidos votó en contra del establecimiento del Consejo de Derechos Humanos. Quería más control sobre qué países podrían integrarlo. Consiguió que las Islas Marshall, Israel y Palau lo acompañaran en su rechazo, mientras que, por distintas razones, tres países (Belarús, Irán y Venezuela) se abstuvieron. La abrumadora mayoría (170) de los 191 miembros de la ONU se pronunció a favor de la resolución.
Sólo el tiempo nos dirá si el consejo tendrá éxito. Para ello será menester que muchos países cambien su actitud hacia cuál es la verdadera finalidad de este nuevo mecanismo encargado de velar por el respeto a los derechos humanos de todos los habitantes del planeta.
Miguel Marín Bosch es director del Instituto Matías Romero y ex subsecretario de Relaciones Exteriores