La Cruz Roja Internacional no asume su compromiso de protección a presos y civiles en tiempos de guerra como establece el derecho internacional humanitario.
La guerra alcanza a los civiles. Desde la vuelta a las armas en el Sáhara Occidental se están agudizando los atentados contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes. Sólo en esta semana, han perpetrado los siguientes atropellos:
Ghali Bouhala, activista por la autodeterminación, fue secuestrado en El Aaiún por la policía cuando hacía labores de mantenimiento en una mezquita. Lo llevaron a su casa con la cabeza enfundada en una bolsa de plástico. Tiraron la puerta aterrorizando a su madre y su hermana, registraron la vivienda, destrozando las puertas de las habitaciones, robaron los móviles, golpearon a su madre y su hermana. Simularon la estrangulación de Ghali frente a su madre con una bandera de la RASD que hallaron en la casa, y se lo llevaron en un coche.
A Mohamed Nafaa Boutasoufra, también activista, le secuestró la policía de un modo parecido, también en El Aaiún. Le llevaron a la casa, tirando la puerta a patadas y registrándolo todo. Sigue en paradero desconocido.
Mohamed Salem Ayyad Ali Al Fahim desapareció el 15 de enero. La familia preguntó en el hospital y en la policía. Nada. 22 días después, el 5 de febrero, aparece el cuerpo de su hijo en el depósito de cadáveres de un hospital de El Aaiún, en estado de descomposición. Se pueden sacar conclusiones. Por este tema se ha dirigido CODESA a la Cruz Roja Internacional para pedir ayuda.
Sultana Jaya, la irreductible activista a la que la policía arrancó un ojo de cuajo en 2007, sigue perseguida. Ella y su hermana Ouaari llevan 87 días en su casa, en Bojador, en confinamiento obligatorio. Habían salido no más lejos de la puerta a recibir a unas amigas cuando se vieron atacadas por pedradas de la policía. Participó personalmente en el ataque el comisario de la jefatura de policía de Bojador ocupado, Abd Hakim Aamir. Sultana quedó herida en la cabeza y Ouaari en la boca. También fueron atacadas Fatimeto Babi y Maymouna Hamia. La familia, tanto las dos hermanas como su madre, son atacadas y lesionadas constantemente por las fuerzas de ocupación.
Este incremento de la represión ha provocado una nota del Frente Polisario pidiendo al Gobierno de España –potencia administradora del territorio no autónomo del Sahara Occidental– su intervención urgente para exigir al Gobierno de Marruecos el cese inmediato de esta violencia y garantizar la protección de la población saharaui y el respeto del Derecho Internacional Humanitario.
Precisamente es el derecho internacional humanitario el que pretende garantizar la protección de los civiles en tiempo de guerra. Tanto el IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, de 1949, al que Marruecos se adhirió en 1956, sin ningún tipo de reserva, como el Protocolo adicional 1 relativo a la protección de las víctimas de conflictos armados internacionales, de 8 de junio de 1977, firmado por Marruecos en diciembre del mismo año y ratificado en 2011, también sin reservas, otorgan específicamente a la Cruz Roja todas las facilidades posibles para asumir las tareas humanitarias que le asigna el Convenio, y proteger a la población civil contra los efectos de las hostilidades.
La propia página web de la Cruz Roja explica que las bases jurídicas de toda acción del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) son las siguientes: en caso de conflicto armado internacional (la lucha de los pueblos contra la ocupación extranjera lo es), los cuatro Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional 1 asignan al CICR tareas específicas, entre ellas, el derecho de visita a los prisioneros de guerra y a los internados civiles; por otra parte, los Convenios le reconocen un amplio derecho de iniciativa.
Pero, de hecho, la Cruz Roja Internacional no va a los territorios ocupados del Sahara Occidental ni visita a los saharauis presos en las cárceles marroquíes.
Mohamed Lamine Haddi, el periodista saharaui del grupo de Gdeim Izik, en alusión a los presos del famoso campamento reivindicativo saharaui de 2010 que acabó en un salvaje desmantelamiento por las fuerzas de ocupación y que llevó a muchos a la cárcel, está condenado a 25 años de prisión, de los que ha cumplido más de diez. Lleva 3 años en aislamiento, no recibe atención médica por sus úlceras, es hostigado por sus carceleros, le requisan sus pertenencias, no le dejan estudiar. Apenas si puede hablar con su familia unos minutos a la semana, y hace un año que no le dejan recibir visitas. Lleva 32 días en huelga de hambre. Los carceleros le preguntan si todavía no se ha muerto. La única vez que apareció un sanitario por la celda fue para amenazarle con quitarle el agua y el azúcar, pero no le atendió. La administración de la cárcel le amenaza con un aislamiento peor, el famoso “cachot”, una especie de zulo. Haddi dice que la muerte no puede ser peor que la prisión de Tiflet 2, en Marruecos, donde está recluido. Se está jugando la vida con esta huelga tan larga, pero tiene que reclamar su dignidad y su derecho, tiene que denunciar lo que está pasando allí.
¿Donde está la Cruz Roja Internacional?
No tendría que hacerlo si estuviera allí la Cruz Roja para vigilar y ayudar. Tendría que ser la Cruz Roja la que fuera a ver lo que pasa en un territorio ocupado y ahora, además, zona de guerra; y en unas cárceles donde no tenían que estar los presos saharauis: por ser inocentes y por estar lejos de su territorio. La responsabilidad por los presos saharauis recae -también- en la Cruz Roja Internacional. La familia de Haddi pide a la Cruz Roja Internacional que acuda para salvar a su hijo, controlando sus condiciones de encarcelamiento.
Al Comité Internacional de la Cruz Roja se le ha solicitado su vigilancia y su ayuda en múltiples ocasiones –asociaciones, presos, familias de presos, particulares-. Yo también les pedí que acudieran a las cárceles marroquíes donde se vive el horror. ¿Qué contestó la Cruz Roja? Que “en los países en los que realizamos visitas a los lugares de detención, nuestro objetivo es verificar que se otorguen condiciones de detención adecuadas y un trato humano a todas las personas privadas de libertad…”, pero que a “los lugares de detención del Reino de Marruecos” no van. El porqué no lo dicen. Ni tampoco denuncian una supuesta negativa de Marruecos a dejarles hacer su trabajo. En España sí están, en los campamentos de Tinduf también, pero en las cárceles de Marruecos y en los territorios ocupados, no. Que se expliquen.
Si Marruecos ha firmado unos convenios que le obligan, ¿por qué negaría la intervención de la Cruz Roja? Por lo menos habrá que ponerles ante esa contradicción.
La última en pedir su presencia es CODESA, Colectivo de defensores saharauis de derechos humanos, una importante asociación de los territorios ocupados. CODESA acompañará su petición con firmas que se han adherido. Firmas de varias ONG, grupos solidarios, parlamentarios, también españoles. Ya les digo lo que van a contestar: que ya van a los campamentos, como me dijeron a mí. A la carta que les remitió la familia del preso El Bachir Khadda el 8 de diciembre contándoles su situación desesperada y pidiendo ayuda, ni han contestado.
¿Hasta cuándo va a seguir la Cruz Roja empeñada en no cumplir con su cometido?
32 días en huelga de hambre. Es estremecedor. Llama la atención la falta de interés de los medios por esta noticia. Los días en huelga de hambre cobran mayor o menor importancia según el país donde se protagonicen. Curiosa transparencia la de los medios.
El caso es que la Cruz Roja ni va ni lo intenta ni lo denuncia. ¿Para qué les sirve la Cruz Roja a los ciudadanos saharauis de los territorios ocupados? No responde España, no responde la Cruz Roja, no responden las Naciones Unidas.