El golpe de estado en Myanmar fue un plan trazado con la intención de preservar los intereses militares y finalmente eliminar a Suu Kyi y su NLD.
El día esperado para la muerte de la democracia finalmente llegó el 26 de julio.
Ese día, la Comisión Electoral de la Unión de Myanmar, también conocida como la UEC, formada por la junta militar tras el golpe de estado que suspendió la democracia el 1 de febrero, anunció la anulación oficial del resultado de las elecciones generales de 2020, ganadas de forma abrumadora por la Liga Nacional para la Democracia o NLD.
Esta anulación es la segunda vez que el ejército, conocido como el Tatmadaw, ignora desvergonzadamente la voluntad de la ciudadanía birmana para imponer su gobierno autoritario. La primera fue cuando condenaron el resultado de las elecciones de 1990, que también fueron ganadas, de forma contundente, por la NLD. Los militares mantuvieron el poder bajo distintos disfraces sin legalidad hasta que se celebraron nuevos comicios en 2015, que la NLD ganó una vez más.
Tanto entonces como ahora, el ejército escoge engañar a la nación negando el poder a la NLD y acaparándolo para sí mismo. En su anuncio de anulación del 26 de julio, la UEC informó que sus investigaciones encontraron más de 11.3 millones de irregularidades en las listas de votantes y que el resultado de los comicios no cumplía con la Constitución de 2008 ni con las leyes electorales. Basándose en este juicio guiado, los militares consideraron que las elecciones no fueron ni libres ni justas.
En realidad, las afirmaciones de la UEC no hicieron sino reiterar las acusaciones de fraude formuladas por el Tatmadaw antes y después del golpe. El ejército alegó, en varias ocasiones, irregularidades generalizadas en el desarrollo de los comicios, en claro contraste con las conclusiones presentadas por observadores nacionales e internacionales. La observación electoral independiente estuvo de acuerdo en que, a pesar de algunos fallos menores e inevitables, las elecciones estuvieron, en mayor medida, libres de fraude.
El ejército ha recurrido a tópicos conocidos para justificar su toma de poder, alegando que era el «deber» del Tatmadaw resolver el fraude electoral si el gobierno dirigido por la NLD y la anterior UEC no lo hacían. Esa narrativa justificadora del golpe se ha topado con una resistencia popular feroz, como ninguna otra que se haya visto previamente en el país, y con una condena internacional amplia y enérgica.
Sin embargo, ¿qué hay realmente detrás de la toma de poder del Tatmadaw? Para aquellas personas que estuvieron atentas, el golpe se pudo predecir en una serie de quejas y declaraciones de la junta militar antes y después de las elecciones.
El líder del golpe, el General Min Aung Hlaing, ahora autoproclamado «primer ministro» del «gobierno provisional» recientemente declarado, insinuó de forma ominosa una posible intervención militar mucho antes de los comicios del 8 de noviembre de 2020.
En agosto, en una reunión con 34 partidos favorables a la junta, y en respuesta a las solicitudes de sus liderazgos para una intervención militar en caso de fraude electoral que beneficiara a la NLD, se dice que Min Aung Hlaing comentó que no había nada que no se atreviera a hacer.
Pocos días antes de los comicios, el Tatmadaw emitió unas declaraciones en las que criticaba la supuesta mala praxis de la antigua UEC y en las que advertía que «el gobierno tiene la responsabilidad por todos los errores intencionados y no intencionados, en los distintos niveles, cometidos por la Comisión». Cinco días antes de las elecciones, el jefe militar reiteró los mismos avisos en una entrevista con un grupo local de noticias.
Las advertencias se produjeron en respuesta a las crecientes quejas, en los círculos militares, sobre la imposibilidad de trabajar cinco años más con otro gobierno liderado por la NLD. El ejército, sin ser electo, mantuvo un papel político destacado en el anterior gobierno de la NLD, controlando los poderosos ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Fronterizos, y con una asignación del 25% para sus representantes en el Parlamento.
Es evidente que los altos mandos militares temían que la NLD, envalentonada por otra aplastante victoria electoral, tratara de frenar los poderes políticos, privilegios y posesiones económicas del Tatmadaw, o la posibilidad de modificación o derogación de la Constitución de 2008 que ellos mismos redactaron.
El principal motivo detrás del golpe, por tanto, fueron estos temores y no las acusaciones de fraude electoral.
El golpe también incluyó un componente intra militar que es menos conocido. Al parecer, muchos oficiales de alto rango en activo están resentidos por el modo en que el antiguo dictador militar, el General Than Shwe, junto con otros altos mandos, se han beneficiado personalmente de la Constitución de 2008 y del orden político creado.
La generación militar más joven no ha compartido el botín y, al mismo tiempo, ha sido objeto de un percibido y persistente acoso por parte de la representación política electa en el Parlamento.
Pocos días antes del golpe, Min Aung Hlaing sorprendió al solicitar la derogación de la Constitución de 2008. Según fuentes informadas, ese llamamiento fue el resultado de debates acalorados sobre el mantenimiento del controvertido documento entre generales retirados y oficiales en activo.
Min Aung Hlaing terminó aceptando llevar a cabo el golpe dentro del marco de la constitución para ganarse el apoyo de los exgenerales que habían diseñado el sistema posterior a 2008. Eso podría explicar la falta de señales de disensión entre los altos mandos por el caos y la destrucción que ha desatado el golpe.
En retrospectiva, estaba claro que el ejército ya había decidido tomar el poder y expulsar de la política a la NLD y a su líder, Aung San Suu Kyi, mucho antes de su repetida y contundente victoria. Por tanto, es probable que las acusaciones de irregularidades electorales se fabricaran con mucha anterioridad a la celebración de las elecciones.
En otro signo de planificación previa al golpe, el Consejo de Administración del Estado o SAC publicó una hoja de ruta de cinco puntos horas después del golpe. El primer punto era la reconstitución de la UEC y el escrutinio de las listas de votantes.
Desde entonces, el SAC se ha retractado de su promesa de celebrar nuevas elecciones multipartidistas en el plazo de un año tras el golpe, notificando que mantendrá el poder al menos hasta 2023. Si se celebran, pocas personas esperan que se permita a la NLD o a Suu Kyi presentarse a lo que, inevitablemente, serán unos nuevos comicios amañados por el Tatmadaw.
Los contornos precisos de la hoja de ruta a largo plazo que planea la junta militar son más difíciles de predecir. Lo que sí está claro es que la apertura política posterior a 2010, que desembocó en las elecciones de 2015 y en el inicio a una democracia plena (o como la denominaron en el ejército, una “democracia disciplinada”), está ahora irremediablemente cerrada.
Algunos partidos políticos y observadores internacionales esperaban, de forma poco realista, que la junta tratara de demostrar determinadas irregularidades electorales en algunas circunscripciones, especialmente las ganadas por la NLD, y organizara nuevas elecciones para esos escaños sin tener que anular todo el resultado electoral.
Pero si el plan a largo plazo, como muchas personas intuyen, es erradicar permanentemente a la NLD y a Suu Kyi, no se puede permitir un resultado parcial en el que la NLD siga teniendo escaños. Sin duda, los altos mandos consideran actualmente la experiencia como un experimento democrático fallido. Eso convierte en prescindibles tanto a la NLD como a Suu Kyi.
Desde el punto de vista del ejército, la NLD y Suu Kyi fracasaron en mantener y recuperar el apoyo de países occidentales tras la crisis de personas refugiadas rohingyas, en las que hubo acusaciones a altos mandos militares de genocidio y crímenes contra la humanidad. Los militares también consideran que fracasaron en forjar la reconciliación nacional con los grupos armados de las minorías étnicas, con un proceso de paz fallido para lo que era una de las principales prioridades del gobierno de la NLD.
El golpe, sin embargo, no ha salido como la junta birmana había planeado. Los líderes militares se han visto sorprendidos por la escala y la intensidad de la resistencia pública y la respuesta punitiva de la comunidad internacional que, por medio de sanciones estratégicamente dirigidas, han golpeado a generales específicos y a los amplios intereses económicos del ejército.
No obstante, y como comentó recientemente Lucas Meyers, analista del Centro Wilson, los militares «ya han cruzado el Rubicón, así que es probable que hagan todo lo posible por mantenerse en el poder».
Seis meses después del golpe, la junta está intentando institucionalizar su gobierno en forma de «gobierno provisional» para mantenerse en el poder, con Min Aung Hlaing a la cabeza, al menos hasta agosto de 2023. En los primeros días desde el golpe, el anuncio de los militares fue que supervisarían un gobierno de emergencia por un período de un año.
La ciudadanía de Myanmar ya ha vivido esta situación con anterioridad, concretamente tras el golpe de 1990, cuando el ejército mantuvo un poder autoritario durante más de dos décadas, antes de permitir un atisbo de apertura política.
Esta vez, sin embargo, es evidente que es diferente. Con la escalada de la violencia armada, el colapso de la economía, el aumento de la pobreza, el estallido de Covid-19 y el contagio de la desesperación, Myanmar se desliza con rapidez hacia el estatus de estado fallido, con el ejército birmano como principal responsable.
Con solamente el poder coercitivo y sin autoridad moral, el Tatmadaw ha colocado al país en un camino sin retorno, únicamente encaminado hacia destinos nefastos.
Ye Myo Hein@ Ko Ye es director ejecutivo del Instituto Tagung de Estudios Políticos (TIPS) con sede en Rangún
Fuente original en inglés: https://asiatimes.com/2021/08/myanmars-junta-on-a-path-of-no-return/