– Las principales organizaciones de DDHH y el Parlamento Europeo han reprobado a Marruecos.
– Persecución a la prensa disidente en Marruecos y fuertes condenas a periodistas saharauis.
– Los DDHH perseguidos especialmente en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.
El Reino de Marruecos, un país que ha sido reprobado por el Parlamento Europeo y denunciado por las principales ONG del mundo por violación de los derechos humanos, ha sido elegido para presidir el Consejo de DDHH de la ONU.
Durante 2024, el embajador marroquí Omar Zniber será el encargado del fortalecimiento y protección de los derechos humanos en el mundo y para ello ha contado con 30 votos, frente a los 17 obtenidos por el representante de Sudáfrica, Mxolisi Nkosi, en una votación secreta tras haber quedado el Consejo de DDHH sin presidente a principios de año, presidencia que este año corresponde al continente africano.
Sudáfrica y organizaciones saharauis se mostraron contrarias a la elección de Marruecos, al que acusan de cometer graves violaciones de los derechos humanos, tanto en el país magrebí como en el Sáhara Occidental, ocupado militarmente y pendientes de descolonización, al considerar que carece de credibilidad para dirigir el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra.
Oubi Bucharaya, representante del Frente POLISARIO en Suiza, ante las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales en Ginebra, declaró que “Marruecos es una fuerza de ocupación militar de un país africano y el único país del continente que no ha ratificado la Carta Africana de Derechos Humanos y, por tanto, no puede presidir el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en nombre de África”.
Las críticas a Marruecos por vulnerar los derechos humanos tuvieron el 19 de enero de 2023 un escenario inédito en 25 años: el Parlamento Europeo. La Eurocámara reprobó, con los votos en contra de los socialistas españoles y la ultraderecha francesa, al Estado marroquí por su política represiva contra periodistas críticos, instándole a respetar la libertad de expresión y la libertad de prensa y a garantizar un juicio justo a los periodistas encarcelados, citando concretamente a Taufik Buachrine, condenado a 15 años de cárcel; Omar Radi, con una condena de 6 años de prisión, y Sulaiman Raisuni, con cinco años de pena.
Reporteros Sin Fronteras considera que la libertad de prensa en Marruecos es más precaria ahora que en cualquier otro momento desde los tiempos más opresivos del rey Hassan II y asegura que estos periodistas están oficialmente en prisión por delitos no políticos, “pero la realidad es que se les ha perseguido por su trabajo como periodistas, debido a que el tono independiente y crítico de su periodismo desagrada a las autoridades”. A estos periodistas se les ha relacionado en su condena con delitos sexuales.
Marruecos bajó 9 puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa correspondiente a 2023 y pasó del 135 al 144, en una lista de 180 países y territorios. La clasificación, que evalúa las condiciones en las que se ejerce el periodismo, indica que Marruecos forma parte del los 42 países en los que el estado de la libertad de prensa se encuentra en una “situación difícil”.
La persecución contra la prensa tiene espacial incidencia en el Sáhara Occidental, donde no se permite la entrada de periodistas internacionales y los informadores saharauis trabajan en la clandestinidad para dar a conocer la represión marroquí contra la población saharaui. Actualmente hay seis periodistas saharauis en prisiones en Marruecos, con condenas que van desde los 10 a los 25 años de cárcel. Varios de estos presos han realizado repetidas huelgas de hambre, la única manera que tienen para denunciar las extremas condiciones de encarcelamiento, la tortura y malos tratos que padecen y reclamar que se les lleve a centros penitenciarios en el Sáhara Occidental
La violación de los derechos humanos por parte de Marruecos ha sido denunciada, también, por organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Centro Robert F. Kennedy, la Red Euromediterránea de Derechos Humanos, la Asociación pro Derechos Humanos de España o la Liga Española pro Derechos Humanos.
En un informe de 129 páginas titulado “Te atraparán pase lo que pase: el libro de tácticas de Marruecos para reprimir la disidencia”, Human Rights Watch documentó en julio de 2022 una serie de tácticas que, cuando se utilizan conjuntamente, conforman un ecosistema de represión, con el objetivo no solo de silenciar las voces disidentes, sino de ahuyentar a todos los posibles críticos: “Las estrategias incluyen juicios injustos y largas penas de prisión por cargos penales no relacionados con la expresión, campañas de acoso y desprestigio en medios de comunicación afines al Estado y la persecución de los familiares de los disidentes. Voces críticas del Estado también han sido sometidas a vigilancia mediante vídeo y medios digitales, y en algunos casos a intimidaciones y agresiones físicas que la policía no ha investigado adecuadamente”.
HRW señaló que las autoridades marroquíes utilizan tácticas indirectas y encubiertas para silenciar a activistas y periodistas críticos con el régimen y que “el objetivo de estas estrategias es preservar la codiciada imagen de Marruecos como país `moderado´ y respetuoso con los derechos, cuando en realidad se está volviendo cada vez más represivo”.
Amnistía Internacional, por su parte, en su Informe 2022/23, afirmó que las autoridades marroquíes siguieron aplastando la disidencia, dispersando protestas pacíficas y restringiendo las actividades de varias organizaciones que consideraban opositoras: “Se endureció la represión contra activistas saharauis. La penalización del aborto provocó la muerte de al menos una niña como consecuencia de un aborto inseguro tras una violación. Los guardias de fronteras hicieron un uso excesivo de la fuerza contra personas que intentaban cruzar la frontera entre Marruecos y el enclave español de Melilla, lo que causó al menos 37 muertes. La legislación nacional seguía siendo inadecuada para proteger y promover el derecho a un medio ambiente limpio y saludable”.
En otra información, de febrero del pasado año, en la que expusieron diez ejemplos de represión y censura de los derechos humanos en Marruecos, concretaron la situación en los siguientes términos: “Amenazas, espionaje, demandas judiciales constantes, penas de cárcel tras juicios sin garantías e incluso violaciones y torturas. Así es el acoso del Gobierno de Marruecos a activistas, periodistas, manifestantes saharauis o académicos. A través de los diez casos que detallamos ponemos de manifiesto la delicada situación que vive el país y la necesidad de poner en valor la defensa de los derechos humanos. La libertad de expresión es un espejismo para quien se atreve a criticar las políticas del país bajo el reinado de Mohamed VI”.
Los diez casos de represión se refirieron a Sultana Khaya, saharaui, “violada por su activismo”; Rida Benotmane, “detenido por protestar en redes sociales”; Mohamed Lamine, periodista saharaui, “huelgas de hambre y aislamiento durante años”; Fatima Karim, “dos años en aislamiento por ofender al islam”; Nasser Zefzafi, “la voz de Hirak El Rif”; Omar Radi, “en prisión el periodista que investigaba siendo vigilado”; Saida El Alami, “condenada por publicaciones en Facebook”; Abdessadak El Bouchattaoui, “el delito de defender a manifestantes en El Rif”; Maati Monjib, “un historiador espiado y encarcelado”, e Ignacio Cembrero, periodista español, “acusado por decir que ha sido espiado”.
Si hay un lugar donde Marruecos viola constantemente los derechos humanos es en el territorio del Sáhara Occidental que ocupa desde finales de 1975, tras ser abandonado por España. Así lo reflejan las ONG antes citadas: no se permite la entrada de observadores, juristas y periodistas internacionales, y si consiguen llegar, son expulsados.
Las denuncias han llegado incluso desde la propia ONU, como la que hizo la relatora especial Mary Lawlor, que denunció a las autoridades marroquíes por utilizar la violencia sexual para intimidar a las defensoras saharauis de derechos humanos, o el pasado mes de noviembre cuando el Grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU instó a Marruecos a poner en libertad a una veintena de activistas saharauis del grupo de Gdeim Izik , que cumplen severas penas, tras concluir que todos ellos fueron detenidos de manera ilegal.
El Comité contra la Tortura de la ONU también emitió cinco decisiones acerca de los presos de Gdeim Izik Mohammed Bani, Abdeljalil Laaroussi, Naama Asfari, Mohammed Bourial y Sidi Abdallahi Abbahah, en las que denuncia la tortura y el uso de confesiones firmadas bajo tortura como base para su continuo encarcelamiento.
En octubre del pasado año, con motivo de su estancia en Madrid por el 75 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, Volker Turk, recordó la existencia del derecho a la autodeterminación a la hora de abordar la cuestión saharaui y abogó por poner los derechos humanos en el centro del proceso.
Y otro caso: en la Audiencia Nacional se encuentran procesados desde 2015 doce altos cargos militares y policiales marroquíes por delito de genocidio contra el pueblo saharaui.