Miles de jóvenes de la minoría musulmana rohingya, que hace ocho años, cuando comenzó la etapa final de la limpieza étnica practicada contra su comunidad por el Gobierno birmano eran niños, hoy hacinados en los diversos campos de refugiados de Bangladesh, que acogen entre un millón y un millón doscientas mil personas sin perspectivas de realización alguna más que perdurar hasta que algo destrabe el limbo al que han sido introducidos, solo pueden optar como única salida a aceptar incorporarse a algunas de las fuerzas que participan en la guerra civil que desde hace cuatro años se libra en su país.
Una de las organizaciones más activas en los campamentos es el Ejército de Arakan (budistas del estado birmano de Arakan), aunque también hay otras organizaciones armadas de diferentes regiones de Birmania que participan en la guerra civil, como las del Frente Democrático Estudiantil de Toda Birmania (ABSDF), la Unión Nacional Karen (KNU) o las Fuerzas de Defensa de Chinlandia (CDF), entre otras, de las que cada una refiere a una región, a una etnia.
Libremente, agentes de esos ejércitos realizan constantes campañas de reclutamiento en alguno de los treinta y tres campamentos levantados en Cox’s Bazar, alentando a esos jóvenes a enrolarse a sus filas, a veces compulsivamente, para volver a su país y participar en una guerra que jamás ha tenido en cuenta las necesidades del pueblo rohingya, ni sus derechos a permanecer en sus tierras, de donde fueron expulsados a fuerza de fuego y balas por el Tatmadaw (ejército birmano), el clero budista y sus acólitos locales.
Sin otro destino que continuar dependiendo de la cada vez más escasa ayuda de las organizaciones internacionales y del propio Gobierno bangladí, que desde el golpe de Estado contra la primera ministra Sheikh Hasina en agosto del año pasado ha cambiado diametralmente sus políticas respecto a los refugiados. Estos tienen vedado trabajar, por lo que los especuladores de siempre los explotan, pagándoles en muchos casos menos del veinticinco por ciento de lo que deberían recibir por el trabajo que realizan, y el temor constante de vivir bajo la amenaza de ser denunciados, encarcelados e incluso muchas veces deportados a su país.
Es por esto que ya muchos se han dejado seducir por las promesas de diferentes grupos militantes, en muchos casos siguiendo el ejemplo de algún familiar que ya lo había hecho, aunque desconocen su suerte una vez retornados a Birmania.
En la disminución de llegada de aportes financieros a los campos de Cox’s Bazar, también han influido de manera contundente los recortes ordenados tras la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, que obviamente no solo afectó a los asentamientos de Cox’s Bazar, sino prácticamente a la totalidad de los campamentos de refugiados alrededor del mundo.
En el caso de los de Bangladesh, el impacto ha sido notorio, ya que el aporte de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) es cerca de la mitad del total recibido. A principios de este año, el Programa Mundial de Alimentos también alertó que tendría que reducir las raciones a casi la mitad si no se conseguía nueva financiación.
En la cada vez más crítica situación de estos campos, la competencia por captar nuevos reclutas se hace más dura y violenta. En ella también participan el Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (ARSA) y la Organización de Solidaridad Rohingya (RSO), que se vieron obligados a unir sus fuerzas en diciembre último, después de años de disputas por el control territorial de los campamentos, situación que ha permitido la entrada de su principal adversario, el Ejército de Arakan, que con el acicate de haber conseguido tomar prácticamente todo su estado, del que también son originarios los rohingyas, necesita cada vez más combatientes.
Estrictamente en el contexto de la guerra civil, tras el estallido, el Ejército de Arakan, que desde su inicio se ha enfrentado al Tatmadaw y, en el transcurso de ella, lo ha obligado al repliegue en muchos sectores del Estado, llegando a la actual situación de tener el control total del Estado, se ha convertido en una de las tres principales milicias de la veintena que participan en la guerra contra el Gobierno de Naypyidaw.
Muchos de los actuales miembros del Ejército de Arakan han participado en la limpieza étnica contra los rohingyas, quienes por el ARSA y el RSO, los grupos armados rohingyas financiados por los militares, han sufrido desde el 2012 y particularmente desde 2017 las acciones de diversos grupos integristas de origen budista, que más tarde se unirían para conformar el Ejército de Arakan.
El EA, según informan fuentes rohingyas, ha continuado cometiendo violaciones de derechos humanos contra su comunidad a lo largo de toda la guerra y fundamentalmente en el contexto de la ofensiva que ejecutó para tomar el control del norte del estado. Como lo ha hecho desde que comenzó la persecución de los musulmanes de Rakhine, el EA continúa destruyendo aldeas rohingyas y persiguiendo y masacrando a sus habitantes incluso una vez que alcanzan el río Naf, la frontera entre Birmania y Bangladesh, por lo que, desde comenzada la guerra, otros doscientos mil rohingyas han llegado a Bangladesh.
Mano de obra esclava
Al regreso de algunos refugiados que habían optado por abandonar Bangladesh y volver a sus lugares en el estado de Rakhine, en Birmania, otra vez de vuelta en Cox’s Bazar, denunciaron que después de ser detenidos por milicianos del Ejército de Arakan fueron recluidos en campos de trabajos forzados como mano de obra esclava, por lo menos un grupo cercano a los ochenta de estos retornados, en su mayoría mujeres y niños, ya que los hombres son reclutados compulsivamente.
Quienes quedaron en los campos de trabajo fueron obligados a realizar tareas como limpiar desagües y cloacas, cortar pasto, lavar sus uniformes, preparar sus comidas e incluso limpiar viviendas particulares en aldeas de no musulmanes.
Mientras que para los hombres tenían reservados trabajos más extenuantes como los de cargar grandes piedras, troncos para diferentes construcciones, reparar puentes y carreteras, siempre con el peligro de ser víctimas de algún ataque del ejército, que a pesar de su repliegue sigue operando con su aviación y artillería pesada. Sabiendo que a la menor demora en acatar las órdenes, los prisioneros son golpeados con varas de metal o a golpes de puños y patadas. Palizas que en muchas ocasiones también reciben las mujeres, incluso embarazadas, que acusan también haber sido violadas en reiteradas ocasiones.
Mientras, los niños eran obligados a traer agua desde algún río cercano hasta los campamentos, agua que tenían prohibido beber tanto ellos como sus padres.
Según informan los denunciantes, por la noche volvían a ser encerrados en prisiones activas de Rakhine, vigilados por guardias armados, hasta la mañana siguiente.
A los rohingyas, se les ofrecía regresar “libremente” a Cox’s Bazar, y a quienes rehusaran abandonar Birmania, eran amenazados con condenas de hasta quince años de prisión. Mientras la policía los fichaba y fotografiaba para tenerlos identificados en caso de retornar una vez más a Rakhine desde Bangladesh.
Se desconoce el número preciso de muertos que lleva esta guerra, y mucho menos el de los rohingyas que han sido asesinados o desaparecidos en el mar o en la jungla, buscando escapar desde 2012 de la limpieza étnica y a partir de 2021 de la guerra civil, en la que ellos son solo daños colaterales.
Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC
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