Los servicios de inteligencia estadounidenses han evaluado que muy poco o nada del fentanilo que se trafica hacia Estados Unidos se produce en Venezuela, a pesar de las recientes afirmaciones de la administración Trump, según ha declarado a Drop Site un alto funcionario estadounidense directamente familiarizado con el asunto.
El funcionario señaló que muchos de los barcos que son blanco de los ataques de la administración Trump ni siquiera tienen la gasolina o la capacidad motriz necesarias para llegar a aguas estadounidenses, lo que contradice drásticamente las afirmaciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth. La afirmación está respaldada por los recientes comentarios del senador Rand Paul, republicano por Kentucky, quien señaló de manera similar que en Venezuela no se produce fentanilo.
A pesar de la falta de información que relacione a Venezuela con la producción de fentanilo, la administración Trump ha convertido el supuesto tráfico de drogas venezolano en el casus belli de su campaña para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. El jueves, el presidente Donald Trump se refirió a una posible acción terrestre, afirmando en una conferencia de prensa que las «drogas marítimas» que llegan son «el 5% de lo que eran hace un año. Así que ahora están entrando por tierra». «La tierra será lo siguiente», dijo, indicando que estaba dispuesto a eludir el requisito de la aprobación del Congreso. El viernes, Estados Unidos anunció que enviará un portaaviones a América Latina en una nueva escalada.
Dos fuentes familiarizadas con las discusiones en la Casa Blanca señalan que el secretario de Estado Marco Rubio, defensor desde hace mucho tiempo del cambio de régimen en Venezuela, ha sido la fuerza impulsora detrás de la postura agresiva, tanto militar como retórica, hacia el régimen de Maduro.
Con ese fin, el secretario Rubio, también a cargo de lo que queda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ha redirigido millones de dólares que antes se destinaban a medidas «prodemocráticas» en Venezuela y los países vecinos, en un intento apenas velado de preparar a la región para la guerra.
Rubio esgrimió múltiples argumentos a favor del cambio de régimen en Venezuela durante los primeros meses de la administración, basados en gran medida en cuestiones de derechos humanos y electorales, que no convencieron a Trump. Tras asumir un cargo en el Consejo de Seguridad Nacional en primavera, Rubio presentó un nuevo argumento a Trump: que Maduro era un narcotraficante y narcoterrorista, basándose en una acusación de 2020 del Departamento de Justicia bajo la primera administración Trump por presunto tráfico de cocaína.
El funcionario señaló el rechazo personal de Trump hacia las drogas y su promesa electoral de utilizar el ejército estadounidense contra los cárteles de la droga mexicanos como un importante impulso para que Trump diera luz verde a los recientes ataques. Dado que Trump no ha podido hasta ahora llevar a cabo ataques contra los cárteles mexicanos, considerados políticamente indefendibles, Rubio dirigió eficazmente su mirada hacia Maduro. La posibilidad de acceder a los vastos recursos petroleros de Venezuela facilitó aún más el argumento.
La política de Rubio se encontraba recientemente en una encrucijada, después de que Maduro ofreciera entregar esos recursos petroleros a Estados Unidos a cambio del cese de las hostilidades. Trump reconoció la oferta en una reciente aparición diciendo que Maduro «lo ofreció todo. ¿Saben por qué? Porque Estados Unidos no se anda con huevadas».
Trump rechazó la oferta tras dejarse convencer por los argumentos de Rubio de que la mejor manera de asegurar las reservas petroleras de Venezuela era facilitar un cambio de régimen en el país y llegar a un acuerdo más favorable con un nuevo Gobierno, según las fuentes. Una reciente evaluación del Gobierno estadounidense sobre las exportaciones de petróleo venezolano a China reveló que eran de casi medio millón de barriles al día, una pequeña fracción de la capacidad total del país que Trump está rechazando a corto plazo.
La CIA y el Departamento de Estado no han respondido a nuestra solicitud de comentarios.
La política exterior bajo Trump ha llegado a estar dominada por un grupo conocido dentro de la administración como la Banda de los Cinco, según las fuentes, formado por Rubio; Stephen Miller, el subjefe de gabinete; Susie Wiles, la jefa de gabinete de Trump; Steve Witkoff, el enviado polivalente de Trump; y el vicepresidente J.D. Vance. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, en un intento por ganar relevancia interna, ha ejecutado con entusiasmo la estrategia de Rubio, atacando regularmente barcos que, sin pruebas, afirma que transportan drogas, y quemando vivos a los pasajeros. El jueves, sentado junto a Trump, Hegseth prometió una guerra eterna contra las drogas. «Nuestra generación ha pasado la mayor parte de dos décadas persiguiendo a Al Qaida y al ISIS. Como ha dicho el presidente, este es el ISIS, esta es la Al Qaida del hemisferio occidental… Nuestro mensaje a estas organizaciones terroristas extranjeras es que las trataremos como tratamos a Al Qaida… Vamos a liquidaros».
Barcos de combate pesados para Colombia
Las declaraciones federales no aclaran cómo Rubio está gastando exactamente los fondos «prodemocráticos» de USAID, ni de qué partidas proceden. Pero una avalancha de contratos en países vecinos indica un aumento de los preparativos militares en Colombia.
Gran parte de la oposición a Maduro respaldada por Estados Unidos, incluido el desastroso intento de golpe de Estado de la «Operación Gedeón» en mayo de 2020, se ha basado en Colombia y Guyana. A finales de septiembre, el brazo internacional del Departamento de Estado de EE. UU. encargado de hacer cumplir la ley firmó un contrato de dos años y 4,8 millones de dólares para un «campo de tiro virtual en Colombia» con la empresa VirTra, Inc., con sede en Arizona. También se realizaron dos ventas militares al extranjero a través de la Guardia Costera de Estados Unidos: 1,73 millones de dólares por un número no revelado de embarcaciones de 21 pies, firmado el 12 de septiembre, y 3,8 millones de dólares por ocho «embarcaciones fluviales de combate pesado» de 25 pies, firmado cuatro días después. La sucursal de Arlington de la consultora internacional Deloitte también recibió un contrato de tres años y 3 millones de dólares con la Oficina de Recursos Energéticos del Departamento de Estado de EE. UU. para prestar servicios en Colombia el 30 de septiembre, tras años de trabajo de asesoramiento en materia de minerales en la región.
Si bien los contratos indican que se están invirtiendo millones en Colombia, la ola de financiación podría verse ahora socavada por la reciente condena del presidente Gustavo Petro del letal ataque aéreo estadounidense del 15 de septiembre contra un barco pesquero en aguas colombianas.
El 3 de octubre la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, acusó a Exxon de financiar un ataque militar en la región. La acusación se produjo menos de dos semanas después de que la petrolera con sede en Texas anunciara una ampliación de 6.800 millones de dólares de sus operaciones en Guyana, país que mantiene una larga disputa fronteriza con Venezuela por la región de Essequibo. «Guyana ha abierto las puertas al invasor estadounidense y a la agresión militar contra nuestra región», declaró Rodríguez, antes de añadir que Exxon estaba «financiando al Gobierno de Guyana» para la acción. (Por el contrario, el Gobierno de Maduro mantiene una relación amistosa y duradera con Chevron, competidora de Exxon en el área de Houston, responsable de casi una cuarta parte de la producción petrolera del país).
La CIA también ha intentado hacerse un hueco en los medios de comunicación. El controvertido exjefe del puesto de la CIA en París, Dale Bendler, se registró recientemente de forma retroactiva como agente extranjero de Armando Capriles, a quien describió como el director general de Cadena Capriles, antiguo nombre de la empresa matriz del popular periódico venezolano Últimas Noticias. Según el registro de agente extranjero de Bendler, este intentó reclutar a Capriles como activo de una «OGA» («Otra Agencia Gubernamental») a cambio de indulgencia frente a las sanciones estadounidenses en 2019. (No está claro si logró reclutar a Armando como activo).
Los registros de contratación pública ponen aún más de relieve las actividades de operaciones especiales que Estados Unidos lleva a cabo desde hace tiempo en la región. La empresa de guerra de información con sede en Texas Madison Springfield, Inc. (MSI) participó en un estudio de un año de duración y por valor de 458.915 dólares titulado «Evaluación de los hombres fantasma de Guyana» para el Mando de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos, que comenzó en septiembre de 2021. Antes de la finalización del estudio, MSI fue adquirida de forma encubierta por la empresa de recopilación de información Premise Data, con sede en San Francisco, que a su vez recibió un subcontrato de 498.701 dólares a través de USAID para la recopilación de información en Venezuela 35 días antes del fallido intento de golpe de Estado de la Operación Gideon, según revelaciones públicas. Tras la quiebra financiera de Premise, ambas empresas fueron adquiridas en agosto por el contratista de operaciones especiales Culmen International, con sede en Alexandria.
«Promoción de la democracia»
El Gobierno de Estados Unidos lleva décadas intentando derrocar al Gobierno socialista de Venezuela, incluso a través de la Oficina de Iniciativas de Transición (OTI) de USAID, según un cable diplomático estadounidense filtrado en 2006 que tuvo gran repercusión. El cable detallaba la estrategia de cinco puntos de la OTI para oponerse al predecesor de Maduro, Hugo Chávez, como: «1) Fortalecer las instituciones democráticas, 2) Penetrar en la base política de Chávez, 3) Dividir al chavismo, 4) Proteger los negocios vitales de EE. UU. y 5) Aislar a Chávez internacionalmente».
El brazo político internacional cuasi oficial de Estados Unidos, la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), tiene la difícil tarea de financiar a organizaciones sin ánimo de lucro y periodistas de una manera que, por un lado, promueva los objetivos de la política exterior estadounidense y, por otro, permita a los beneficiarios seguir reivindicando su independencia. Según se informa, incluso la primera administración del presidente Trump expresó su frustración por una campaña encubierta de «promoción de la democracia» de la CIA contra el presidente venezolano Nicolás Maduro en 2019, que era «indistinguible» de sus homólogas abiertas.
Antes de intentar torpemente derrocar a Maduro, la NED se jactó de apoyar tanto la galardonada investigación «Petrofraude» sobre Maduro, realizada por la organización Connectas, con sede en Bogotá, como la campaña en las redes sociales en apoyo de la oposición a Maduro, #SetThemFree. (Fundada en 2012 como una rama de una beca de Harvard, Connectas ha revelado de forma destacada su financiación por parte de la NED desde al menos 2013, pero es menos transparente sobre el hecho de haber recibido al menos 88.000 dólares de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que colabora estrechamente con organismos policiales internacionales, incluso en actividades como las escuchas telefónicas).
NED volvió a hacer pública su colaboración con Connectas en vísperas de la tercera toma de posesión de Maduro, destacando la campaña «Operación Retweet» de este medio para difundir de forma anónima periodismo crítico a través de avatares impulsados por inteligencia artificial. En el mismo comunicado de prensa se señalaba que NED «desplegó rápidamente un plan de contingencia triple: apoyar a los organizadores políticos para movilizar las redes de base, proporcionar asistencia de emergencia —incluida la reubicación, refugios seguros y servicios médicos y psicológicos— a las personas en situación de riesgo y respaldar a los principales grupos de la sociedad civil que ofrecen ayuda jurídica, técnica y humanitaria a los presos políticos y sus familias».
El Departamento de Estado de los Estados Unidos y la ahora desaparecida USAID han suprimido durante años los nombres de los beneficiarios de fondos de acción política en regiones sensibles de los registros públicos de contratación, alegando su compromiso de prevenir daños. La propia NED pasó de eliminar retroactivamente millones de dólares en subvenciones a Ucrania en 2022, a poner fin públicamente a la divulgación por defecto de los beneficiarios de las subvenciones mediante una nueva política de «deber de diligencia» en abril de 2025.
La nueva administración Trump eliminó la mayoría de los programas de acción política de USAID durante sus primeros meses en el cargo, con la rara excepción de algunos programas anticomunistas en Cuba, que se conservaron parcialmente. Una lista filtrada de recortes en los programas de la AID publicada por Politico reveló que las cancelaciones de «America First» incluían el fin de una subvención de 6,2 millones de dólares a Partners of the Americas, Inc. que prometía «garantizar una transición fluida del sistema de distribución de alimentos controlado por el Gobierno bajo el régimen de Maduro a un sistema alimentario basado en el mercado bajo un nuevo Gobierno venezolano». El programa de subsidios alimentarios de Maduro, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, más conocidos como CLAP, fueron objeto de agresivas sanciones por parte de Estados Unidos durante la primera administración de Trump, y uno de los líderes del programa fue extraditado a Miami.
Ryan Grim es reportero de The Intercept, copresentador de Counter Points, presentador del podcast Deconstructed y autor de We’ve Got People y This Is Your Country On Drugs. Saagar Enjeti es periodista, presentador de podcasts y comentarista político estadounidense conocido por copresentar el programa de noticias y opiniones Breaking Points junto a Krystal Ball. Jack Poulson es un periodista independiente especializado en la intersección entre tecnología y seguridad nacional; también dirige techinquiry.org de forma voluntaria.
Texto en inglés: Drop Site News, traducido por Sinfo Fernández.