En un artículo anterior abordé, con amplitud, la evolución histórica del americanismo y de la Doctrina Monroe, desde su formulación original hasta sus resignificaciones posteriores introducidas por el Corolario Roosevelt en 1904 y por el Corolario Trump en 2025 (https://t.ly/6_s74). En síntesis, puede afirmarse que dicha tradición ideológica sirvió para consolidar la hegemonía de los Estados Unidos en el continente, primero bajo una retórica defensiva frente a Europa y luego mediante un intervencionismo sistemático que afirmó en América Latina las relaciones de dependencia. El lado opuesto lo impulsó Simón Bolívar hace doscientos años, guiado por la idea de unidad de los nacientes Estados de la región.
Dentro de ese largo proceso, la presidencia de John F. Kennedy (1961-1963) representó una experiencia singular. Su política hacia América Latina no abandonó el anticomunismo propio de la Guerra Fría y agravado como reacción a la Revolución Cubana de 1959, pero incorporó un componente desarrollista a través de la Alianza para el Progreso (ALPRO), lo que significó desplazar al americanismo del corolario de Theodore Roosevelt para tratar de acercarse a la política del “Buen Vecino” de Franklin D. Roosevelt. Se trató de un “americanismo imperfecto” que, de todos modos, juntó el interés por impedir cualquier revolución latinoamericana que siguiera el camino cubano, por lo cual con Kennedy hubo una frustrada invasión a Cuba (1961) y se toleraron las dictaduras militares en Argentina, Perú, Guatemala, Ecuador, República Dominicana y Honduras.
En su primer discurso (20/enero/1961), Kennedy anunció “una nueva alianza en aras del progreso”; y en otro discurso (13/marzo/1961), concretó la propuesta: “he hecho un llamamiento a todos los pueblos del hemisferio para que nos unamos en una nueva Alianza para el Progreso”, y añadió: “propongo que las repúblicas americanas inicien un vasto nuevo plan de diez años para las Américas, un plan destinado a transformar la década del 1960 en una década de progreso democrático”. Kennedy habló de recursos norteamericanos, planes de desarrollo, industrialización, infraestructuras, cambio social, aumento de la productividad, combatir el analfabetismo, extirpar enfermedades, modificar los sistemas “arcaicos” tributarios y de tenencia de las tierras (reforma agraria), apoyo a la integración económica, almuerzos escolares, alimentos para la paz, “cuerpos de paz”, proyectos para el desarrollo científico, capacitación y adiestramiento a profesores, así como otros proyectos culturales.
Era la primera vez en la historia que Estados Unidos se interesaban por el desarrollo de América Latina, ya que todas las propuestas implicaban ampliar capacidades de los Estados y enfocarse en políticas sociales. Una vía que puede considerarse como “desarrollo por invitación” (término proveniente de Arthur Lewis, Giovanni Arrighi, Carlos Medeiros, Franklin Serrano), comparable en sus objetivos con el Plan Marshall para Europa al concluir la II Guerra Mundial, aunque no en el financiamiento ni en el éxito que se obtuvo. De todos modos, a pesar de su trasfondo geopolítico e imperial, este enfoque permitió en varios países latinoamericanos -como ocurrió en Ecuador- superar viejas estructuras oligárquico-terratenientes e iniciar procesos de modernización económica y social. Paradójicamente, la atrasada oligarquía tradicional calificó al programa ALPRO de “comunista”.
Sin embargo, esa orientación no tuvo continuidad. La experiencia desarrollista de los años sesenta y setenta fue abandonada y dio paso a una ruptura profunda en la política estadounidense hacia América Latina, que se consolidó con la presidencia de Ronald Reagan (1981-1989). Con Reagan se inauguró una nueva etapa ajena a cualquier “invitación” sino marcada por la agresiva imposición de políticas económicas neoliberales que transformaron estructuralmente a la región. Al mismo tiempo continuó la tolerancia de dictaduras y gobiernos autoritarios en el Cono Sur, Guatemala, El Salvador, Honduras, el directo apoyo a los “Contras” en Nicaragua y también a Inglaterra en la guerra de las Malvinas con Argentina (1982), que rompió con el el monroísmo.
De acuerdo con Joseph Stiglitz, el reaganismo implicó el desmontaje de la economía social construida en los propios Estados Unidos desde la época de F. D. Roosevelt (1933-1945); pero, sin duda, también proyectó ese viraje ideológico sobre América Latina. En el contexto de la crisis de la deuda externa de 1982, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial actuaron como instrumentos centrales para inducir reformas estructurales orientadas al mercado. Privatizaciones, apertura comercial, desregulación financiera, reducción del Estado, flexibilización laboral y debilitamiento de las políticas redistributivas pasaron a conformar el nuevo paradigma económico impuesto a la región.
Este giro significó una ruptura clara con la lógica del “desarrollo por invitación” ensayada durante la presidencia de Kennedy. El objetivo dejó de ser la industrialización y el fortalecimiento de las capacidades estatales, para concentrarse en la creación de economías abiertas, favorables al capital transnacional y a las élites locales. Aunque algunos países registraron episodios de crecimiento económico, los resultados sociales fueron ampliamente negativos: concentración de la riqueza, deterioro de los servicios públicos, aumento de la desigualdad y precarización de las condiciones de vida y trabajo. América Latina ingresó así en una nueva fase de dependencia estructural, articulada en torno al neoliberalismo.
Las consecuencias de este modelo comenzaron a ser crecientemente cuestionadas a fines del siglo XX y se expresaron políticamente en el inicio del siglo XXI con la primera “marea rosa” de gobiernos progresistas. Aunque con matices nacionales diversos, ellos recuperaron el papel del Estado en la economía, impulsaron políticas redistributivas y buscaron reconstruir proyectos de desarrollo orientados al bienestar colectivo. Aunque enfrentaron límites internos, presiones externas y contradicciones propias, demostraron que el neoliberalismo no constituía una vía inevitable ni exitosa para el desarrollo. Al mismo tiempo exhibieron logros sociales significativos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Junto a otros países de Centroamérica y el Caribe el progresismo recuperó los ideales por la unidad latinoamericana de Bolívar y logró crear instituciones con esa orientación, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Desde una perspectiva histórica, resulta evidente que no existió una continuidad lineal entre Kennedy y Reagan, sino una ruptura profunda en la orientación de la política estadounidense hacia América Latina. Mientras el primero combinó hegemonía y desarrollo como estrategia de contención geopolítica, el segundo consolidó una hegemonía basada en la liberalización extrema, la subordinación económica y el disciplinamiento social. Esta ruptura permite comprender buena parte de las tensiones contemporáneas entre Estados Unidos y América Latina, así como la persistencia del debate sobre los caminos posibles para superar el subdesarrollo y la dependencia estructural de la región.
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