Los lunes el MPPS se concentra ante el Ministerio de Asuntos Exteriores para que España intervenga ante Marruecos por los presos políticos saharauis, pero el Gobierno de Pedro Sánchez calla y el ministro Albares dice que no sabía nada.
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Desde hace cinco años y cuatro meses el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS) se concentra los lunes ante el Ministerio de Asuntos Exteriores en la Plaza de la Provincia de Madrid para que España como potencia administradora del Sáhara Occidental actúe ante las autoridades marroquís por los Derechos Humanos y la libertad de los reclusos saharauis y el ministro José Manuel Albares dice que se entera ahora.
Primero fue con la ministra Arancha González Laya -facultó la hospitalización en España del secretario general del Frente Polisario y presidente de las RASD, Brahim Gali, enfermo de Covid-, a la que sustituyó al frente del departamento José Manuel Albares por, según se publicó, la intervención de Marruecos.
En todo este tiempo ni González Laya ni Albares ni, por supuesto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostraron interés alguno por los presos políticos saharauis, condenados en juicios denunciados por juristas, ONG de DDHH y organismos de la propia ONU por irregularidades, falta de pruebas y confesiones obtenidas bajo tortura.
Sánchez y Albares nunca se han pronunciado sobre los presos saharauis a pesar de que el Gobierno afirma que “España es un país profundamente comprometido con los Derechos Humanos, cuya protección y promoción constituyen un eje fundamental de la política exterior española”, a la vez que destaca “la elección de nuestro país como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2025-2027”, posición desde la que se propuso “proteger a los defensores de los Derechos Humanos en todo el mundo”.
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Desde la Plataforma No te Olvides del Sáhara Occidental indicaron el 22 de junio que la reivindicación del MPPS adquiere especial relevancia en un momento en que varios presos saharauis mantienen huelgas de hambre para denunciar su situación y reclamar el cumplimiento de resoluciones y dictámenes de organismos internacionales. Una de estas huelgas es la que mantiene desde el 8 de junio en la cárcel de Kenitra, en Marruecos, el preso político Naâma Asfari, del grupo de Gdeim Izik, condenado a 30 años de cárcel y privado de libertad desde 2010. Pide su liberación, el traslado de los reclusos saharauis al Sáhara Occidental y el cese de las represalias, protesta a la que se han sumado durante 48 horas los reclusos de Gdeim Izik.
El alcalde de la ciudad francesa de Ivry-sur-Seine, Philippe Bouyssou, de la que es ciudadano honorífico Asfari y al que la autoridades marroquís no permiten que sea visitado por su esposa, la francesa Claude Mangin, ha instado a las autoridades francesas a intervenir, para garantizar los derechos del preso y exigir la aplicación de las recomendaciones del Comité de la ONU contra la Tortura y del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.
Se entera el ministro Albares
En junio la situación de los presos políticos saharauis ha sido planteada en la 62 sesión del Consejo de Derechos Humanos de NNUU, así como en informes de varias ONG internacionales y saharauis, como se puede ver en el resumen anexo. Pero en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación no se dan por enterados, como le pasa a Albares.
Un lunes reciente una integrante del MPPS se dirigía a la concentración ante el Ministerio en la Plaza de la Provincia de Madrid cuando en una calle aledaña se topó con el ministro, que entraba en su residencia oficial, el Palacio de Viana. Sin más, le abordó y dijo que ya era hora de que pasara a ver a quienes todos los lunes desde hace más de cinco años reclaman se interese por los presos políticos saharauis, a lo que Albares respondió: “pues no sabía nada”. “Pon interés”, tuvo tiempo de decir la defensora de los saharauis antes de que el ministro desapareciera.
El ministro dice que no sabía nada de la concentración que los lunes muestra ante la sede de su departamento una pancarta con el lema “Libertad para los presos saharauis en cárceles marroquís”, fotos de los reclusos y banderas saharauis que ven los funcionarios que entran y salen del Palacio de Santa Cruz y oyen gritos como “presos saharauis, libertad”, “Albares atiende, el Sáhara no se vende”, “Marruecos culpable, España responsable” o “Polisario vencerá”.
Tampoco parece estar informado de las numerosas cartas dirigidas al ministro registradas en el Ministerio, ni se debe acordar de aquel lunes de septiembre de 2023 que apareció andando por la Plaza de la Provincia camino del Ministerio y uno de los asistentes -llevan visibles chalecos amarillos en los que puede leerse Libertad Presos Políticos Saharauis- le ofreció una octavilla con la explicación,en español e inglés, de la concentración y la rechazó.
El refranero español, dice: “No hay peor ciego que el que no quiere ver” y “No hay peor sordo que el que no quiere oír”, expresiones citadas ya en otras ocasiones en Contramutis.
Sobre el primero, el Instituto Cervantes, dependiente preciosamente del Ministerio de Asuntos Exteriores, da el siguiente significado: “Inútil convencer a alguien de que vea lo que no quiere ver” y sobre el segundo: “Resultan inútiles las razones con que se intenta persuadir al que con tenacidad y malicia no quiere atender a las razones de otro”.
El siguiente es un resumen, aproximado, de hechos relacionados con los Derechos Humanos referentes al Sáhara Occidental ocurridos en junio de 2026, según organizaciones saharauis, internacionales, de NNUU y medios de comunicación saharauis y españoles, sobre los que no se pronuncian ni Pedro Sánchez, ni José Manuel Albares ni el PSOE.