El bloqueo y las nuevas sanciones que congelan todos los activos venezolanos en territorio estadounidense, dispuesto por el régimen de Donald Trump, no es más que un acto más de terrorismo económico que busca, en primer lugar, la ruptura del diálogo entre el gobierno constitucional y la oposición y marca el intento de imposición de […]
El bloqueo y las nuevas sanciones que congelan todos los activos venezolanos en territorio estadounidense, dispuesto por el régimen de Donald Trump, no es más que un acto más de terrorismo económico que busca, en primer lugar, la ruptura del diálogo entre el gobierno constitucional y la oposición y marca el intento de imposición de un tutelaje sobre el país.
La decisión fue aplaudida por el opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino en enero pasado, y cuya credibilidad y ascendencia ha venido en franca baja, según todas las encuestas de opinión.
La reunión de los países aliados/cómplices de EE.UU. realizada en Perú pretendía encontrar solución a la crisis venezolana, pero terminó sin resultado concreto. Allí, Wilbur Ross, secretario de Comercio de EE.UU., presentó en privado, una serie de «sugerencias» que su país plantea para un eventual día después de la salida de Maduro del poder. Más que sugerencias fue el plan que ya tiene esbozado el gobierno trumpista para apoderarse de Venezuela.
La intención de la administración Trump parece clara: dinamitar los acuerdos que avanzaban entre el chavismo y la oposición, pues la asfixia económica contra Venezuela es uno de los puntos esenciales en discusión.
Es una clara intrusión en los asuntos internos de otro país, que el gobierno reelecto de Maduro salga del poder y sea transferido al «presidente interino» autoproclamado Juan Guaidó -por instrucciones de la Casa Blanca- para imponer el tutelaje de la nación. Es decir, Washington sugiere realizar «elecciones libres» pero apuesta a una trama de golpe de Estado, que ya tiene plan económico y político elaborado por Washington y difundido por Wilbur Ross en la reunión del Grupo de Lima.
México y Uruguay, que han defendido la no injerencia en los asuntos venezolanos, no acudieron al encuentro.
EE.UU. revela el plan para matar al socialismo
La reunión en Perú pretendía encontrar solución a la crisis venezolana, pero terminó sin un resultado concreto. Allí, Wilbur Ross, secretario de Comercio de EE.UU., presentó en privado a representantes de 57 países, una serie de «sugerencias» que su país plantea para un eventual «día después» de la salida de Maduro del poder.
La clave para Venezuela, según Ross, pasará por lograr que la «inversión privada se cimente por la confianza en el crecimiento económico, basado en reformas económicas, el imperio de la Ley, la transparencia, la cooperación global y la integración regional», reconociendo que más allá de eso, y en el fondo de todo proyecto para el país, deberá estar el petróleo y el gas natural, «que una vez ayudaron a hacer grande Venezuela aún siguen allí. Solo necesitan ser rehabilitados tras años de mala gestión», indicó.
Ross clasificó los esfuerzos para lograr «la prosperidad» venezolana en cuatro categorías principales: el sector energético, la estabilización macroeconómica y financiera, la normalización agrícola y la rehabilitación del sector privado, con objetivos a corto, mediano y largo plazo, que requerirán ayuda inicial de recursos y expertos estadounidenses para «arrancar la maquinaria», «toda vez que Maduro y sus colegas se marchen».
«El corto plazo incluye ayuda humanitaria inmediata, uno o dos meses después de Maduro. El plazo medio será trabajar para revertir el impacto del socialismo, entre los tres y doce meses posteriores, y los esfuerzos a largo plazo serán recuperar el crecimiento económico sostenible, indicó. Caso por caso, las sugerencias para la energía pasan por instituir reformas promercado, y promover la participación de firmas privadas mediante una nueva ley de hidrocarburos, relata la agencia española EFE.
Luego se debería mejorar la regulación para las empresas de energía, facilitando la inversión privada y las licitaciones, además de reparar el sistema de generación energética, señaló Ross.
En cuanto a la estabilización macroeconómica, lo primero que EU prevé hacer será eliminar las sanciones y promover el crédito, enviando consejeros técnicos y buscando que instituciones financieras internacionales tengan confianza en las nuevas políticas económicas. Más adelante se buscará renovar el Banco Central, el sistema impositivo, las instituciones fiscales y el sector bancario, en el contexto de un acuerdo a largo plazo con el FMI y en la necesidad de la estabilidad económica y elecciones libres.
La agricultura venezolana tendrá un tratamiento de choque y recibirá importaciones de semillas, fertilizantes, equipamiento y consejería técnica, añadió. Luego, se dará impulso a una mayor cooperación agrícola entre EU y Venezuela, al tiempo que se buscará «estimular las cadenas de suministro locales» para que los productores puedan cubrir las necesidades del país.
En cuanto al sector privado, EU eliminará las restricciones comerciales «para las empresas estadounidenses», ayudará a movilizar contactos comerciales con Venezuela y apoyará reformas en favor del mercado y los negocios.
Mejorar el clima de negocios, atraer inversión extranjera, eliminar los controles estatales, implementar estrategias de privatización y atajar la corrupción serían los pasos a seguir, acompañados de arreglos en infraestructura imprescindible, como los pozos de petróleo de lago Maracaibo o el complejo de refinería de Paraguaná.
En cualquier caso, Ross apuntó que todos estos planes son solo «sugerencias», que el hipotético gobierno de Juan Guaidó deberá tomar «si decide si es lo mejor para su país». Ya ni siquiera se habla de respaldo a elecciones, sino de la imposición del títere para que EU se adueñe del país.
Terrorismo económico
Para Venezuela, la nueva escalada de medidas de terrorismo económico por parte del régimen de Trump, consiste en la inhabilitación del Estado venezolano y de cualquier empresa relacionada con éste, sea en Venezuela o en el extranjero, a efectuar tratos, lo que afectará directamente la importación de alimentos (medidas en contra del sistema de garantía alimentaria) y la compra internacional de medicinas para el sistema de salud pública.
Asimismo, la provisión de servicios públicos esenciales, como electricidad y agua, que dependen de tecnologías (en sumayor parte) estadounidenses y que son suministradas por empresas ligadas a ese país, podrían verse más comprometidas dada la imposibilidad de que estos proveedores puedan efectuar acuerdos directos o indirectos con el Estado venezolano.
Bolton explicó que esta amplia orden ejecutiva autoriza al gobierno de Estados Unidos a identificar e imponer sanciones a cualquier persona que continúe proporcionando apoyo al ilegítimo régimen de Nicolás Maduro.
Durante la pomposamente llamada Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, Bolton agregó: a Rusia y China les decimos que su apoyo al régimen de Maduro es intolerable, particularmente para el régimen democrático que remplazará a Maduro. Le decimos nuevamente a Rusia, y especialmente a aquellos que controlan sus finanzas: no dupliquen una mala apuesta.
En contraste, Rusia, China, la Unión Europea y Cuba rechazaron las nuevas acciones estadounidenses contra Venezuela, que incluyen el congelamiento de todos los activos del gobierno bolivariano. Asimismo, los estadounidenses tendrán prohibido participar en transacciones con cualquiera que se determine que respalda al presidente Nicolás Maduro o a su gobierno.
Los que apoyen al mandatario venezolano tampoco podrán ingresar a territorio estadunidense, de acuerdo con el decreto firmado por el mandatario Donald Trump. Para los analistas, con esta nueva ofensiva, Washington y sus aliados apuestan por el fracaso del diálogo político, ya que le temen a sus resultados y beneficios.
Para el gobierno de Caracas, el bloqueo económico, financiero y comercial ya en marcha ha ocasionado severas heridas en la sociedad venezolana durante los últimos años, y sostuvo que el único objetivo es ahorcar al pueblo para forzar un cambio de gobierno inconstitucional en el país.
No conformes con el robo ilegal de la petrolera Citgo (filial de la estatal venezolana Pdvsa) y las sedes diplomáticas venezolanas, la Casa Blanca y sus aliados procuran nuevas oportunidades y recursos para usurpar y saquear aquello que le pertenece a los más de 30 millones de venezolanos, añadió el gobierno.
Venezuela, que ya enfrenta un embargo petrolero estadounidense desde abril y una serie de sanciones entre su principales dirigentes. La cancillería señaló que el país enfrentará la nueva orden ejecutiva con una arquitectura alternativa económica, que incluirá el refuerzo de navieras y provedores de insumos básicos. Ante la interrupción del diálogo en Barbados, señaló que el diálogo entre el gobierno y la oposición arrojará los primeros acuerdos, cuando Estados Unidos deje de bombardear el proceso.
En Nueva York, el representante de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, exigió una respuesta de ese organismo internacional a las agresiones de Washington contra Caracas y, sobre todo, contra la población venezolana.
Un embargo integral sobre la economía venezolana
Según el medio miamero El Nuevo Herald, Trump»amplió sustancialmente las sanciones» contra Venezuela «llevando el bloqueo económico impuesto a Venezuela a extremos similares a los aplicados a Corea del Norte, Irán y Cuba», lo que «permitiría la aplicación de sanciones contra cualquier individuo o compañía que sostenga operaciones o brinden cualquier tipo de respaldo al régimen de Caracas», lo cual profundiza la asfixia contra Venezuela.
La complejidad de la medida y las derivaciones que tendría, supone que cualquier empresa petrolera, ente financiero u cualquier actividad económica de comercio de bienes y servicios, que tenga algún vínculo con Estados Unidos estará sujeta a acciones punitivas, aplicando la metodología de «sanciones» que Washington ejecuta unilateralmente contra países a espaldas del derecho internacional.
Según la jurisprudencia internacional, el único ente facultado para emitir sanciones es el Consejo de Seguridad de la ONU, y por esa razón expresa, las medidas que toma el gobierno estadounidense contra Venezuela son ilegales.
La medida pone en entredicho cualquier acto de enajenación, transferencia y confiscación por órdenes de tribunales estadounidenses de Cirgo, tal como estaba planteado recientemente mediante el fallo de una Corte de Apelaciones de Estados Unidos a favor de la trasnacional canadiense Crystallex, que reclama mediante propiedades de Citgo el pago de 1 mil 800 millones de dólares.
Pero la medida de embargo supone el control total del propio gobierno estadounidense de dichos activos en un ejercicio de clara discrecionalidad, lo que significa pérdida por sentado de esos bienes de la República de Venezuela.
También el asesor especial de Trump, Elliott Abrams quiso condicionar el diálogo: «claramente tiene que haber unas nuevas elecciones libres y justas. Y no es posible que haya elecciones libres y justas con Maduro en la presidencia», dijo. Y el secretario de Estado Mike Pompeo resaltó que en el marco de las conversaciones en Barbados «sería inconcebible tener elecciones que realmente representen al pueblo venezolano si Maduro sigue estando presente en el país».
Pero los cálculos no son sobre la intención de voto que podrían tener los venezolanos, sino que va calibrando también los escenarios electorales en la política interna estadounidense, proyectando la reelección de Trump como una carrera de largo aliento. Estas medidas, contra Venezuela y el recrudecimniento del embargo contra Cuba, parecen dirigidas a los sectores de las diásporas cubana y venezolana, ubicadas en el determinante estado de Florida.
Aram Aharonian: Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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