Caucus indígena en la ONU exige el cese inmediato de estas agresiones.
Indígenas de las siete regiones geopolíticas del Planeta, demandaron ante la Organización de las Naciones Unidas ONU, el cese inmediato de la criminalización y asesinato de dirigentes.
En el marco del 12º Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que se celebra en Ginebra, Suiza del 27 al 29 de noviembre, el Caucus de los Pueblos Indígenas sobre Empresas y Derechos Humanos, durante su participación en la Declaración de Apertura, este lunes, expuso que en las regiones continúan sufriendo los impactos desastrosos de las operaciones empresariales.
El Caucus Indígena considera que los esfuerzos deben poner los derechos humanos en el centro, con énfasis en el reconocimiento explícito de los Pueblos Indígenas con derechos colectivos, incluido su derecho a la libre determinación, tierras, territorios y recursos y, en especial, el Consentimiento Libre, Previo e Informado según lo establece la Declaración de Naciones Unidos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En la ONU, expusieron que en casos como el de México, más del 40 % de los asesinatos de defensores de derechos humanos han sido indígenas.
Resaltaron que los líderes y lideresas Indígenas son asesinadas de manera selectiva y sistemática por hablar en contra de las empresas extractivas.
Además, precisaron que las defensoras y los defensores, al igual que los propios Pueblos Indígenas, enfrentan violencia, intimidación, persecución, demandas estratégicas contra la participación pública y desplazamiento.
En este sentido exigen que las empresas y los países cumplan con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP), a fin de asegurar que sus actividades no afecten negativamente los derechos y formas de vida de los Pueblos Indígenas, incluidos aquellos en primer contacto y en aislamiento voluntario.
Estiman que en todo esto se debe considerar la situación que enfrentan las mujeres, las personas con discapacidad y la juventud indígena.
Por ello llaman a los Estados a ratificar el regional Acuerdo de Escazú y desarrollar instrumentos vinculantes similares en diferentes regiones del mundo.
Escazú, es el primer tratado que sobre todo se ha adoptado en países de Abya Yala, que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del medio ambiente en América Latina, ha entrado en vigor este 22 de abril de 2021, un día muy simbólico pues marca el Día Internacional de la Madre Tierra. El pionero Acuerdo de Escazú, protector de los defensores del medio ambiente, entra en vigor el Día de la Madre Tierra | Noticias ONU (un.org)
El Caucus Global exige que los defensores sean protegidos, y que, en el contexto de las discusiones sobre el Acuerdo vinculante, requieren que las obligaciones se apliquen a las empresas con operaciones nacionales y extraterritoriales.
Subrayan que la continua falta de reconocimiento legal de los Pueblos Indígenas en muchos estados de África y Asia es un factor clave en el empeoramiento de las acciones agresivas de apropiación de tierras, explotación y extracción de sus recursos con fines empresariales, lo que resulta en violaciones impunes de sus derechos y criminalización.
Asimismo, enfatizan sus preocupaciones sobre el continuo enfoque comercial habitual para satisfacer la creciente demanda de minerales de transición.
La extracción de minerales, acusan, se les impone sin su participación efectiva y sin el Consentimiento Libre, Previo e Informado, lo que resulta en conflictos, ataques a líderes y lideresas indígenas defensoras de los derechos humanos, de la tierra y del medio ambiente, así como una mayor marginación y negación de justicia.
Estos actos, manifiestan, van en contra de los tres principios de los UNGP y solo empeorarán la justicia social, la discriminación y la inequidad contra los Pueblos Indígenas.
Por eso, indican que enfrentan la imposición del desarrollo de energías renovables en sus territorios, como granjas solares y eólicas, represas hidroeléctricas y estaciones geotérmicas.
En relación con el tema de este año, «Hacia un cambio efectivo en la implementación de obligaciones, responsabilidades y reparaciones», se discutió la urgencia de avanzar en diversas prioridades.
Los indígenas pueden apoyar una transición justa fuera de los combustibles fósiles, con su participación efectiva en el contexto del respeto, reconocimiento y protección de sus derechos, de acuerdo con los UNGP e instrumentos internacionales de derechos humanos, incluida la DNUDPI.
Aseveran que existen buenas prácticas de los Pueblos Indígenas que pueden ser replicadas y respaldadas por estados e inversores.
Y pusieron el ejemplo, de los Pueblos Indígenas en Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda quienes han desarrollado sus propios proyectos de energías renovables, resultado de sus decisiones libremente determinadas.
Estas buenas prácticas aseveran, pueden abordar la gran brecha en el acceso a la energía renovable por parte de millones de indígenas.
El Caucus reveló que ya existen casos donde asociaciones industriales y empresas adoptan políticas que respetan los principios rectores y los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, pero no las cumplen en la práctica, abarcando industrias mineras y metales, petróleo y gas, agronegocios y energías renovables.
Las delegaciones indígenas urgen a poner fin a la creciente violencia contra los Pueblos Indígenas y sus defensores.
El Caucus de los Pueblos Indígenas pide comprometerse a los Estados, las corporaciones y los inversores en la promoción de los UNGP para realizar cambios urgentes para que se respeten, reconozcan y protejan plenamente sus derechos en los esfuerzos comerciales para avanzar en la equidad social y el desarrollo sostenible.
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