El gobierno de Pakistán reinstauró la pena de muerte como respuesta al atentado contra una escuela que provocó la muerte de 150 personas, en su mayoría niños, pero Amnistía Internacional afirma que la medida no servirá para combatir al terrorismo en este país asiático. El primer ministro Nawaz Sharif anunció el restablecimiento de la pena […]
El gobierno de Pakistán reinstauró la pena de muerte como respuesta al atentado contra una escuela que provocó la muerte de 150 personas, en su mayoría niños, pero Amnistía Internacional afirma que la medida no servirá para combatir al terrorismo en este país asiático.
El primer ministro Nawaz Sharif anunció el restablecimiento de la pena capital el día después del atentado del 16 de este mes contra la Escuela Pública y Colegio del Ejército en Peshawar, capital de la norteña provincia de Jiber Pajtunjwa.
Una resolución adoptada por unanimidad por una conferencia multipartidaria en Peshawar el miércoles 17 señaló que, dado que Pakistán experimenta un terrorismo creciente, no puede darse el lujo de mostrar misericordia a quienes participan en actos violentos que matan a personas inocentes.
«Anuncio el levantamiento de la moratoria sobre la pena de muerte hoy… La nación nos apoya totalmente», declaró el primer ministro a la conferencia.
Desde entonces, cuatro personas fueron ejecutadas mediante la horca en la provincia de Punjab, por su participación en los atentados contra el expresidente general Pervez Musharraf, en diciembre de 2003, y contra el cuartel general del ejército, en octubre de 2009.
Pero la organización humanitaria Amnistía Internacional, con su sede central en Londres, sostiene que la pena de muerte, que estaba suspendida en su aplicación desde 2008, no acabará con el círculo vicioso del terrorismo.
El restablecimiento de la pena de muerte «es una reacción cínica del gobierno. Oculta la incapacidad para abordar el problema central puesto de relieve por el atentado de Peshawar, a saber: la falta de protección efectiva de los civiles en el noroeste de Pakistán», declaró David Griffiths, el director adjunto de Amnistía Internacional para Asia y el Pacífico, en un comunicado.
«La pena de muerte viola el derecho a la vida y nos preocupan profundamente las múltiples violaciones del derecho internacional que las autoridades se disponen a cometer de seguir adelante con su plan de ejecuciones», añadió.
Asimismo, Amnistía Internacional afirma que muchas de las sentencias de muerte en este país se dictan en juicios que no cumplen con las normas internacionales del buen proceso.
El gobierno, que se encuentra bajo una enorme presión para lidiar con los actos de terrorismo, asegura que no tuvo más remedio que restablecer las ejecuciones. Grupos religiosos y partidos políticos respaldan el ahorcamiento de los extremistas del movimiento islamista Talibán, y aseguran que los mismos se realizan en cumplimiento de la ley.
Para el expresidente Musharraf, el ahorcamiento de dos acusados el viernes 19 fue una victoria de la ley.
«El gobierno finalmente ha hecho justicia con los terroristas», dijo a IPS, y agregó que se debe dar el mismo castigo a todos los militantes talibanes porque merecen que se los lleve ante la justicia. «El ahorcamiento de los terroristas cumplió con el requisito de la ley del país», añadió Musharraf.
El jefe sunita Tehreek Sarwat Ijaz Qadri apoyó las ejecuciones y dijo que, en última instancia, la ley había seguido su curso y que esto haría mucho para el establecimiento de la paz. «Es un primer paso hacia la paz y la gente dio un suspiro de alivio», comentó a IPS.
El secretario general del partido Jamaat-i-Islami, Liaquat Baloch, dijo que los asesinos, terroristas y enemigos de la humanidad no merecen ninguna concesión y que la ley exige la ejecución de su sentencia de muerte, tras el debido juicio y demás formalidades legales. La aplicación de la pena generará una sensación de respeto y santidad de la ley en la sociedad, agregó.
Mian Iftikhar Hussain, líder del Partido Nacional Awami (ANP) también expresó su apoyo al ahorcamiento de los procesados, lo que calificó de victoria del pueblo. «El gobierno debe colgar a todos los terroristas sin distinción de malos y buenos talibanes», subrayó, aunque añadió que el ANP cree en la no violencia y se opone firmemente al terrorismo.
El líder del Movimiento Muttahida Quami (MQM), Farooq Sattar, dijo que los extremistas no merecen piedad porque cometen crímenes contra la humanidad. «La gente apoyó su ahorcamiento ya que estos terroristas son responsables de generar la anarquía», dijo. El MQM siempre estuvo a la vanguardia en la condena del terrorismo y apoyará cualquier medida destinada a eliminarlo, destacó.
En Pakistán hay presos condenados a muerte que esperan su ejecución desde 2008. Diecisiete, en su mayoría extremistas, serán ejecutados en los próximos días.
Tres procesados por terrorismo del grupo radical Lashkar-i-Jhangvi fueron condenados a muerte en 2004. Sus ejecuciones estaban previstas para agosto de 2013, pero fueron aplazadas en el último momento.
Un mismo tribunal antiterrorista de Karachi condenó a muerte a Attaullah Khan, por su participación en seis casos, el 6 de julio de 2004, y a Mohammad Azam, por cuatro casos, el 21 de agosto del mismo año. Otro extremista, Jalal Shah, recibió la pena capital por delitos relacionados.
Sin embargo, las ejecuciones no se cumplieron por temor al movimiento Talibán, que había advertido al gobierno de las graves repercusiones si aplicaba la pena contra sus hombres.
Griffiths, de Amnistía Internacional, advirtió que «el gran número de personas cuyas vidas están en riesgo y el ambiente actual en Pakistán hacen que la situación sea aún más alarmante. El gobierno debe cesar de inmediato todo plan para llevar a cabo más ejecuciones y reinstaurar la moratoria a la pena de muerte».
Editado por Phil Harris / Traducido por Álvaro Queiruga