Para muchas personas en el país, la vida ha ido de mal a terrorífica desde el golpe militar de febrero de 2021.
Hace dos años, la junta militar de Myanmar derrocó a un gobierno elegido democráticamente mediante un golpe de estado, alegando irregularidades electorales que los dirigentes del régimen no han podido demostrar. En los meses transcurridos desde entonces, los esfuerzos del ejército por consolidar el poder han provocado una tragedia con miles de muertos, además de obligar a más de 1,2 millones de personas a abandonar sus hogares.
Las condiciones en el país «han ido de mal a peor, hasta convertirse en terribles para un número incalculable de personas inocentes de Myanmar», declaró Tom Andrews, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Myanmar, en un reciente discurso en el que instaba a los países miembros a tomar medidas para abordar la crisis.
En septiembre, por ejemplo, helicópteros militares sobrevolaron el municipio de Tabayin, en Sagaing, para atacar por sorpresa una escuela local.
Los dirigentes de la junta afirmaron posteriormente que la escuela servía de refugio a combatientes de la resistencia, pero pobladores de la aldea dijeron que no era cierto.
Los helicópteros abrieron fuego a plena luz del día, durante el horario escolar, matando a 13 personas, entre ellas siete menores, dejando cadáveres esparcidos entre cuadernos y mochilas con imágenes de personajes populares de dibujos animados.
Phone Tayza, un menor de 7 años, fue uno de los fallecidos. Su madre lo encontró gimiendo de dolor, con graves heridas en la cabeza, la mano y el muslo.
Esta es una escena que se ha repetido con regularidad desgarradora desde el golpe de estado.
En total, en los últimos dos años los ataques militares han matado a 265 menores en Myanmar, 59 de ellos no mayores de 9 años.
En diciembre, Khant Phyoe Thu, de 9 años, murió por disparos de soldados de la junta cuando trataba de escapar con su familia de su aldea de Wae Daunt, en Sagaing. Ese día, más de 900 personas huyeron cuando una columna de 80 soldados las atacó, creyendo que allí operaba una milicia de las Fuerzas de Defensa Populares.
Al menos 1,2 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares debido a los combates posteriores al golpe, aproximadamente el 2% de la población del país. Un porcentaje similar de estadounidenses equivaldría a la población de Tennessee.
Algunos desplazamientos solamente son por uno o dos días. Pero hay personas que huyen durante semanas o meses. A menudo carecen de vivienda adecuada, alimentos y atención médica, informan los grupos de ayuda. La vacunación ha disminuido considerablemente desde el golpe, lo que expone a los menores al riesgo de morir de enfermedades que de otro modo podrían prevenirse, como el sarampión y la poliomielitis.
Además de los 1,2 millones de personas desplazadas internas, Naciones Unidas declaró en octubre que al menos 70.000 personas refugiadas de Myanmar habían abandonado totalmente el país, donde siguen siendo vulnerables a la explotación laboral y otros abusos.
Más de la mitad de las personas desplazadas internas vive en Sagaing, una rica región agrícola del noroeste de Myanmar que se ha convertido en un foco de la resistencia al régimen.
En su despiadada campaña contra la insurgencia, las fuerzas militares también han quemado más de 48.000 hogares en Sagaing, alrededor del 75% del total de viviendas incendiadas en todo Myanmar.
En dos ocasiones, reporteros del servicio birmano de RFA han conseguido pruebas de vídeo que parecen mostrar indicios de torturas cometidas a manos de soldados de la junta. Un teléfono móvil supuestamente perteneciente a un soldado contenía un vídeo en el cual los soldados se jactaban de matar a gente e incluía fotos de ellos posando junto a víctimas atadas y con los ojos vendados; otro muestra un brutal interrogatorio en el estado Kayah.
El viceministro de Información, el general de división Zaw Min Tun, dijo que el ejército investigaría el primer incidente, pero no se ha informado de los resultados.
A pesar de la brutalidad, los militares han sido incapaces de doblegar a la población.
«Los habitantes de esta región luchan ahora contra el régimen con una persistencia y un coraje nunca vistos», declaró a RFA a principios de año Tint Swe, ex legislador del municipio de Pale, en Sagaing.
Myanmar, un país étnicamente diverso, no es ajeno a los conflictos. Las organizaciones armadas de las minorías étnicas llevan décadas luchando contra el ejército de mayoría birmana para conseguir una mayor autonomía. Pero los enfrentamientos posteriores al golpe de estado podrían ser únicos por su amplitud.
El ejército de Myanmar se ha enfrentado a fuerzas de las minorías Rakhine, Chin, Kachin, Shan, Karenni y Karen, así como a decenas de milicias prodemocráticas en las que los combatientes son de la mayoría Bamar.
Según los informes, miles de miembros de la junta han muerto, pero la superioridad del arsenal militar de artillería pesada y aviones y helicópteros de ataque comprados a Rusia y China ha mantenido en gran medida a sus enemigos alejados del centro de poder militar de Naypyitaw.
De los 7.858 enfrentamientos entre fuerzas militares y de la oposición, sólo uno ha tenido lugar dentro de las fronteras de la capital, fuertemente custodiada. La disparidad de armamento ha dado lugar a peticiones de zonas de exclusión aérea y a la venta de misiles tierra-aire a combatientes de la resistencia, pero apenas ha habido acción en ninguno de los dos frentes.
Los defensores de la democracia, superados por las armas, también han intentado resistir mediante el Movimiento de Desobediencia Civil (CDM, por sus siglas en inglés) con su organización de protestas masivas y una huelga de trabajadores, lo que ha provocado la previsible dura respuesta de los dirigentes de la junta militar.
Según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (Birmania), 17.481 presos políticos han sido arrestados desde el golpe, y 13.680 siguen encarcelados. Entre los presos hay dirigentes de la depuesta Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés), que ganó las elecciones de 1990, 2015 y 2020.
Líderes políticos de la oposición y otras personas activistas por la democracia han sido condenados a penas de prisión absurdamente largas. Kyaw Thet, de 30 años, fue condenado a 225 años, y Hnin Maung, de 36, a 95 años. También han sido condenados a muerte, lo que significa que podrían ser ejecutados en los próximos meses.
Win Myint Hlaing, ex legislador de 52 años de la NLD, fue condenado a 148 años de prisión tras ser declarado culpable de ocho cargos de terrorismo. Ambos eran miembros de una milicia opositora al régimen militar.
La ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi, de 77 años, cumple ahora una condena de 33 años que se espera que aumente a medida que la junta acumule cargos contra ella.
En junio, la junta ejecutó a un exlegislador y a otros tres activistas por los derechos democráticos, lo que provocó la condena internacional. Tom Andrews, relator de la ONU, calificó las ejecuciones de «asesinatos premeditados cometidos sin tan siquiera el pretexto del debido proceso legal».
El activista veterano Ko Jimmy fue uno de los cuatro ejecutados, acusado de amenazar «la tranquilidad pública». Era un célebre autor y poeta que había pasado 20 años en prisión en Myanmar bajo un régimen militar anterior por su lucha por la libertad.
Fuente original en inglés: https://www.rfa.org/english/news/myanmar/under-the-gun-in-myanmar-02012023154306.html