El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encontró en una situación embarazosa tras el hallazgo de una pequeña cantidad de documentos clasificados en una de sus casas en Wilmington, Delaware, en un momento en el que el exmandatario Donald Trump está en la mira de la justicia por la forma en la que gestionó los archivos presidenciales.
Resulta evidente que Biden y su equipo tienen mucho por explicar a la ciudadanía… y al mundo, si se quiere impedir que el caso se convierta en una bandera electoral de los sectores ultraconservadores. Además, es obvio que Washington necesita revisar sus protocolos de manipulación de archivos confidenciales, en vista de quee los dos últimos presidentes escondieran en sus casas materiales que debieron estar resguardados en el Archivo Nacional.
Por lo pronto, el fiscal general Merrick Garland, anunció el nombramiento de Robert Hur, un fiscal especial para investigar el manejo de los documentos del gobierno por parte del mandatario, lo que podría ensombrecer la esperada candidatura del demócrata para las elecciones de 2024.No sorprende que Hur forme parte de un despacho de abogados de Washington. Licenciado por las universidades de Stanford y Harvard, fue fiscal federal en Maryland de 2018 a 2021, designado por Donald Trump.
Estas revelaciones traen a la memoria el caso de los archivos secretos sustraídos por el Donald Trump y encontrados en agosto en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida; pero hay diferencias entre uno y otro episodio, entre ellos la magnitud: los documentos en manos del magnate llenaban cajas enteras, mientras ahora se trataría de unas cuantas carpetas.
Asimismo, Trump dio una batalla jurídica y mediática para evitar la recuperación de los papeles; mientras que el equipo legal de Biden notificó a las autoridades competentes (el Departamento de Justicia y el Archivo Nacional, encargado de velar por todos los materiales oficiales) e informó puntualmente sobre lo ocurrido y el secretario de Justicia ya designó a un fiscal especial para investigar el caso.
El domingo, la Casa Blanca informó que en noviembre pasado alrededor de 10 documentos clasificados fueron hallados en la oficina que Biden ocupó en un centro de investigación afiliado a la Universidad de Pensilvania entre 2017 y 2019, es decir, en el periodo que pasó después de que dejara de ser vicepresidente en la administración de Barack Obama y antes de que lanzara su propia candidatura presidencial.
El miércoles, se reportó el hallazgo de otro lote de documentos confidenciales en la residencia privada del político en Wilmington.se trataría de memorandos de inteligencia de Estados Unidos y materiales informativos sobre Ucrania, Irán o Reino Unido.
Biden manifestó que coopera completamente con la justicia mientras su abogado afirmó que los documentos fueron desplazados por inadvertencia. La oposición republicana teme que reciba un trato favorable y pide la apertura de una investigación parlamentaria. En EEUU una ley de 1978 obliga a los presidentes y vicepresidentes a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales.
Una pequeña cantidad de documentos clasificados que datan de cuando Joe Biden era vicepresidente de Barack Obama fueron hallados en su residencia privada en Wilmington, en el estado de Delaware, informó ayer la Casa Blanca, en una habitación contigua a la cochera. El lunes, Biden reconoció que una decena de documentos clasificados fueron encontrados en el Penn Biden Center.
Este proceder no libra a Biden de serios cuestionamientos en torno al incidente. La admisión de que sus abogados dieron con los documentos el 2 de noviembre de 2022 –días antes de las elecciones intermedias del martes 8–, pero hicieron público el hallazgo recién esta semana, genera la impresión de un manejo político para evitar un golpe a los candidatos demócratas que buscaban mantener el control sobre el Congreso, legislaturas locales y gubernaturas claves.
Por añadidura, las declaraciones del mandatario en las que se dice el primer sorprendido por la aparición de los documentos muestran que, o miente o ha hecho un manejo irresponsable y potencialmente punible de los datos puestos a su cargo como máximo líder de su país.
Ante el panorama, la oposición denunció un trato desigual: Es otro paso en falso de esta administración, que trata a Trump de una manera y a Biden de otra, sostuvo el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien opina que el Congreso debe investigar el caso.
Cuando se fue de la Casa Blanca en enero de 2021, Donald Trump se llevó cajas con documentos. Cuando le pidieron que las devolviera, las entregó el 15 de enero de 2022. Pero la policía federal estimó que probablemente tenía más en su lujosa residencia de Mar-a-Lago.
Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) la registraron el 8 de agosto justificando la acción judicial en la sospecha de retención de documentos clasificados y obstrucción a una investigación federal, y confiscaron alrededor de 30 cajas.
Se abrió entonces una batalla legal para determinar la naturaleza de los documentos incautados (¿clasificados?, ¿personales?, ¿desclasificados?), que ralentizó el procedimiento oficial. Trump, que anunció que se presentaría a las elecciones presidenciales de 2024, sigue bajo la amenaza de acusación federal.
Garland nombró a un fiscal especial para supervisar esta investigación, y otras sobre el papel de Trump en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Ya se palpa el malestar entre los demócratas.
“¿Recuerdan cómo reaccionó el ala demócrata cuando el entonces gobernante Trump se llevó los supuestos documentos ‘confidenciales’ a casa? Hoy está muy callada”, comentó el congresista republicano Jim Jordan, un incondicional del magnate. El propio jefe de la Casa Blanca estaba a la defensiva. Documentos clasificados junto a su Corvette, pero, ¿a quién se le ocurre?, le preguntó un periodista del canal conservador Fox News.
Acusan a ultranacionalista por ataque al Capitolio
Mientras, en el inicio de un juicio por conspiración sediciosa, el fiscal federal adjunto Jason McCullough acusó a Enrique Tarrio, exlíder del grupo de extrema derecha Proud Boys, y otros cuatro cabecillas, de dirigir el 6 de enero de 2021 un ataque coordinado contra el Congreso democracia en un intento desesperado por mantener al ex presidente Donald Trump en la Casa Blanca.
McCullough indicó que los Proud Boys sabían que las esperanzas de Trump de un segundo mandato en el cargo se desvanecían rápidamente a medida que se acercaba el 6 de enero. Entonces, los líderes del grupo reunieron una fuerza de combate para detener el traspaso de poder a Joe Biden, señaló.
Los líderes de Proud Boys reclutaron nuevos miembros para ayudarlos a lograr sus objetivos, expuso McCullough. El 6 de enero, se reunieron en un lugar previamente acordado y comenzaron a avanzar hacia el Capitolio antes de que Trump terminara su discurso.El caso contra Tarrio y sus cuatro colegas es uno de los más importantes tras el motín del 6 de enero en el Capitolio.
*Analista del Observatorio de Estudios Macroeconómicos de Nueva York, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)