A pesar de las crecientes pruebas de que la producción de combustibles orgánicos es responsable de la inseguridad alimentaria, el nuevo proyecto de la Unión Europea (UE) sobre energías renovables ignora las consecuencias sociales de esta actividad agrícola. Víctimas guatemaltecas de la crisis alimentaria se trasladaron a Bruselas la tercera semana de este mes para […]
A pesar de las crecientes pruebas de que la producción de combustibles orgánicos es responsable de la inseguridad alimentaria, el nuevo proyecto de la Unión Europea (UE) sobre energías renovables ignora las consecuencias sociales de esta actividad agrícola.
Víctimas guatemaltecas de la crisis alimentaria se trasladaron a Bruselas la tercera semana de este mes para concienciar a los dirigentes del bloque sobre este problema.
A fin de reducir la emisión de dióxido de carbono en la atmósfera, la UE decidió hace tres años aumentar el uso de biocombustibles en el transporte.
En la directiva de 2009 sobre energías renovables, se fijó el objetivo obligatorio de elevar a 10 por ciento la proporción de agrocombustibles en el transporte para 2020.
Pero aun antes de que se aprobara ese documento, organizaciones no gubernamentales (ONG) de distintas parte del mundo ya habían señalado varios de los problemas asociados a los combustibles orgánicos.
La organización británica ActionAid calculó que para cumplir el objetivo fijado por la UE, habría que convertir 69.000 kilómetros cuadrados de ecosistemas naturales en tierras de cultivo, un área mayor a la de Bélgica y Holanda juntas.
Además, la conversión de selvas, praderas y turbas en tierras cultivables para producir biocombustibles llevará a que se liberen a la atmósfera 56 millones de toneladas más de dióxido de carbono al año, equivalente a entre 12 y 26 millones de automóviles más para 2020.
ActionAid estimó que la cantidad de biocombustibles extra que ingresarán al mercado de la UE será entre 81 y 167 por ciento peor para el clima que los combustibles fósiles.
Las ONG también pronosticaron que el aumento en el uso de combustibles previsto por la UE presionaría al alza los precios de la canola (colza), el maíz y el azúcar.
Según un estudio del Instituto Internacional Austriaco de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA), el objetivo de 10 por ciento pone a 140 millones de personas más en riesgo de sufrir hambre, en especial a los pobres que viven en las ciudades, a los agricultores de subsistencia y a las personas sin tierra de los países en desarrollo.
La International Land Coalition, con sede en Roma, indicó que la demanda de biocombustibles es responsable de más de 50 por ciento de la concentración de tierras en el mundo.
A principios de este mes, la Comisión Europea publicó su comunicación posterior a 2020 sobre energías renovables.
A pesar de la campaña incesante de varias ONG para eliminar el objetivo, la nueva comunicación se llama a silencio respecto de las consecuencias de los biocombustibles sobre seguridad alimentaria en las naciones en desarrollo, lo que deja abierta la posibilidad de un objetivo similar para 2030.
«La Comisión Europea (órgano ejecutivo de la UE) pretende decidir sobre la política para 2030 sin considerar primero los impactos de la de 2020», dijo a IPS el especialista de Oxfam en biocombustibles del bloque, Marc-Olivier Herman.
«La nueva comunicación especifica criterios concretos para medir el impacto ambiental, pero no dice nada sobre las consecuencias sociales de los biocombustibles. La palabra ‘alimento’ ni siquiera está mencionada en el documento, cuanto menos seguridad alimentaria», explicó.
Según Herman, la Comisión avanza demasiado rápido a instancias del sector industrial. Los «inversores en biocombustibles quieren seguridad», añadió.
«Desde que se fijó el primer objetivo en 2009, la industria de biocombustibles crece con rapidez. Ahora quiere saber qué pasará después de 2020. Y es un sector con mucho poder lobby aquí en Bruselas», añadió.
Mientras, los efectos sociales de la creciente demanda de biocombustibles se agravan. Por ejemplo, un gran porcentaje de indígenas de Guatemala sufren una nueva crisis de hambre por la concentración de tierras, las expulsiones obligadas y la desviación de agua para crear grandes plantaciones de monocultivo de palma aceitera y caña de azúcar para producir combustibles orgánicos.
En marzo de 2011, la policía y los soldados guatemaltecos expulsaron a más de 3.000 indígenas de sus hogares en el valle del río Polochic para dar lugar a plantaciones a gran escala. Echadas de sus tierras, las 700 familias sufren una severa desnutrición y una alta tasa de mortalidad infantil por la diarrea o la fiebre.
Tres meses después de reunirse con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, el modesto agricultor Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina, llegó a Bruselas para informar a los dirigentes europeos de las consecuencias sociales de los biocombustibles.
«Con una creciente demanda de biocombustibles, esta crisis de hambre no hará más que empeorar», dijo Pascual a IPS el 18 de este mes. «Necesitamos jugadores externos como la UE para asegurarnos de que no causen más daño con sus políticas. Y necesitamos que presionen a nuestro gobierno para que respete los derechos de la población», añadió.
Pero es poco probable que la UE disminuya su demanda.
«¿Quién gana con esta política? No el ambiente, sino los agricultores europeos por los efectos positivos de la demanda sobre el precio de los productos, y la industria de agrocombustibles que fue directa o indirectamente construida con fondos y préstamos de la UE», indicó Herman.
El funcionario de Oxfam cree que el problema empeorará en los próximos años, pues los actores tradicionales también se interesan cada vez más en los biocombustibles.
«Shell y BP invirtieron fuerte en el azúcar brasileño el año pasado», remarcó. «Quieren seguir siendo líderes en el sector y también presionan en Bruselas», añadió.
«Cada uno mira el asunto desde su propio punto de vista racional, pero el resultado final es una pura locura», concluyó.