La Ley para la salvaguardia de seguridad nacional en la Región Administrativa Especial de Hong Kong, objeto de muchos debates internacionales, fue adoptada formalmente por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China el 30 de junio de 2020, y entró en vigencia a las 23:00 horas del mismo día.
Según una encuesta realizada por la Asociación de la Prensa de Hong Kong (APHK), el 98% de los periodistas de Hong Kong temían que la ley de seguridad nacional perjudicara la libertad de prensa. Sin embargo, la nueva legislación está dirigida a la pequeña minoría de personas que se dedican a la subversión, la secesión, el terrorismo o la interferencia extranjera en los asuntos de Hong Kong, o los que conspiran con potencias extranjeras en detrimento de China. La gran masa de personas no se ve afectada y sus derechos están garantizados.
De hecho, bajo la Ley Básica (mini-constitución de Hong Kong), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) se aplica en Hong Kong ( según Art. 39 de la Ley Básica) y ha sido domesticado a través del Proyecto de la Ordenanza para garantizar los Derechos en Hong Kong. Esto, en la práctica, significa que todos los derechos humanos básicos del pueblo de Hong Kong, incluidos los derechos de expresión y de prensa, de reunión pacífica y de asociación, están constitucionalmente protegidos, aunque, como reconoce el PIDCP, todos están sujetos a restricciones legales por razones de seguridad nacional (u orden público).
La APHK debería dar la bienvenida al regreso de Hong Kong a la estabilidad, ya que esto permitirá que “un país, dos sistemas”, del que se ha beneficiado enormemente, sobreviva, con la esperanza de poner fin a la era de la anarquía que ha devastado a Hong Kong en el último año.
La ley penal nacional de China establece que cualquier persona que “conspire con Estados extranjeros para dañar la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de la patria” comete un delito, como también lo hace alguien que “organiza, conspira o actúa para dividir el país o socavar la unificación nacional”. En término general, se puede decir que alguien que trabaja, conspira o ayuda a otros, generalmente de manera secreta o ilegal, se ha coludido con otros.
El mecanismo recien adoptado para el nombramiento de jueces no tiene implicaciones para la independencia judicial, ya que los jueces profesionales seguirán decidiendo conforme los méritos que tienen, y actuarán “independientemente, sin interferencias” (en palabras de la Ley Básica, Mini-constitución de Hong Kong). Lo que se prevé es que, después de consultar con el Presidente del Tribunal Supremo sobre quién tiene la experiencia penal requerida, el Jefe Ejecutivo designará un panel de jueces altamente competentes, que luego juzgarán los casos, muy probablemente, por rotación. Esto es frecuente, y también hay, por ejemplo, jueces especializados que manejan casos de revisión judicial, casos de derecho de familia y casos de asuntos marítimos. Una vez que los jueces juzguen los casos, lo harán sin temor o favor, de acuerdo con sus juramentos judiciales, y los acusados disfrutarán de todas las protecciones de juicio justo habituales, y solo serán susceptibles de condena si el caso en su contra se ha demostrado más allá de duda razonable.
Según la Ley de seguridad nacional, ahora se requerrá que Hong Kong establezca una comisión de seguridad nacional, que estará presidida por el Jefe Ejecutivo, y estará compuesta por jefes de seguridad locales, junto con un asesor de seguridad nacional, designado por las autoridades centrales. Al igual que en Macao (la única otra región administrativa especial de China), donde se estableció una comisión de seguridad nacional en 2018, la comisión es responsable de ayudar al gobierno a organizar y coordinar su trabajo para defender la soberanía nacional, la seguridad y el desarrollo de los intereses nacionales, incluida la promoción de una mejor supervisión de las escuelas y otras organizaciones en asuntos relacionados con la seguridad nacional, y garantizar mejores niveles de conciencia pública. La comisión ha funcionado bien en Macao, y no hay razón por la cual se supone que no funcione bien en Hong Kong.
En cuanto a los titulares de British National (Overseas) Passport (BNO), Pasaporte Nacional Británico (de ultramar), el Gobierno del Reino Unido ha anunciado que ahora planea proporcionarles un “camino hacia la ciudadanía”, lo que ha sorprendido a muchas personas. Después de todo, el párrafo 1 de la Declaración Conjunta Chino-Británica de 1984, declaró que “China ha decidido reanudar el ejercicio de la soberanía sobre Hong Kong”, mientras que el párrafo 2 declaró que “el Reino Unido devolverá Hong Kong a China”, y dos memorandos se adjuntaron a la Declaración Conjunta. El Memorándum británico declaró categóricamente que “todas las personas que son ciudadanos de territorios dependientes británicos (CTDB) dejarán de ser CTDB a partir del 1 de julio de 1997”. También declaró que, aunque estas personas serían elegibles para mantener un estado apropiado (es decir, el uso de pasaportes BNO proporcionados por el Reino Unido), no se confiere el derecho de residencia en el Reino Unido. Cambiar repentinamente ese status parecería ir en contra de lo que estaba en el Memorando Británico, y esta sugerencia es, por lo tanto, desafortunada por decir al menos.
Sin embargo, no se espera que muchas personas deseen aprovechar la propuesta o trasladarse al Reino Unido. Después de todo, lo que se sugiere es solo un “camino hacia la ciudadanía”, que está muy lejos de la ciudadanía real. Si el Reino Unido hablara en serio, podría haber ofrecido a los titulares de pasaportes BNO la ciudadanía inmediata, pero no lo ha hecho. Esto, por lo tanto, huele a tokenismo, diseñado para dar la impresión de que se está haciendo algo, manteniendo felices a los bajistas de China en el Reino Unido.
Además, muchos de los titulares de pasaportes BNO tienen bastante avanzados años de edad, y es bien sabido que no quieren reubicarse en esta etapa tardía de sus vidas. Básicamente se trata de una estrategia política con el fin de presionar a China, pero será inútil, ya que los días en que China podría ser forzada para actuar en contra de sus mejores intereses han pasado mucho tiempo.
Con el predominio de actividades violentas secesionistas y subversivas desde junio del año pasado, conducidas por tácticas de estilo terrorista, resultando en muertes, heridas y destrucción a gran escala, y con la perspectiva de que esto se reanude en cualquier momento (la policía ha incautado grandes cantidades de explosivos, rifles de asalto, pistolas manuales y equipo para fabricar bombas, todo listo para usar), la necesidad de una legislación de seguridad nacional es urgente.
Como el mundo de los negocios ha reconocido (la ley ha sido bien recibida, por ejemplo, por HSBC, Jardine Matheson, Swire Pacific, Standard Chartered y hoteleros líderes, como el Grupo Marriott), esta legislación vital ayudará a restablecer la estabilidad en Hong Kong. Una vez que la paz regrese, las empresas podrán volver a obtener ganancias, desarrollar su potencial y comenzar a crear empleos.
La nueva ley de seguridad nacional ayudará a Hong Kong a proteger su querido paradigma de “un país, dos sistemas” de aquellos que lo deseen mal, y a volver una vez más a formas ganadoras.
Grenville Cross es abogado británico, ex fiscal penal del Departamento de Justicia de Hong Kong.