Ayer la Eurocámara apoyó el TTIP gracias a un pacto entre Socialistas y Populares. Por este motivo difundo, aunque hoy pueda ser tarde, este papel de Cristianisme i Justicia sobre el mismo. Conviene formarse e informarse acerca de lo que se nos viene encima si no hacemos nada. El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión […]
Ayer la Eurocámara apoyó el TTIP gracias a un pacto entre Socialistas y Populares. Por este motivo difundo, aunque hoy pueda ser tarde, este papel de Cristianisme i Justicia sobre el mismo. Conviene formarse e informarse acerca de lo que se nos viene encima si no hacemos nada.
El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) es un tratado de libre comercio que se está negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea desde 2013. Si no ha oído nada sobre él es porque las autoridades negociadoras de las dos regiones lo han mantenido en secreto durante las diferentes rondas de negociación. Hemos conocido una pequeña parte de su existencia y de las dificultades que tienen los eurodiputados de acceder a la información sobre su contenido, gracias a una serie de filtraciones. Los controles sobre su redacción son muy estrictos, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, defiende el secretismo en el que se ha manejado todo como parte del protocolo para la firma. Sin embargo, los lobbies de las empresas transnacionales están teniendo una participación muy directa como consultores en la redacción del mismo.
El TTIP se está negociando de espaldas a la ciudadanía lo cual ha hecho que mucha gente se pregunte sobre los riesgos que conlleva su firma. La presión social ha logrado que las autoridades europeas comiencen a hablar y a pronunciarse, pero en todo caso, la información no vendrá de Bruselas. Por eso es necesario mirar lo que ha pasado en otras regiones que han firmado tratados de libre comercio para entender la magnitud de lo que implica el TTIP. El ejemplo más claro es lo que ha ocurrido con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica después de más de veinte años de su firma.
¿Qué aprendemos del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica?
Tras la caída del muro de Berlín, el libre mercado fue recibido acríticamente como el campeón de la pelea del siglo. Sabemos la manera fulminante en que fue acogido por los países exsoviéticos. También la manera en que fue impuesto a la mayoría de los países en desarrollo como condición para la renegociación de sus deudas, muchas de ellas ilegítimas. Pero se habla poco de cómo en Estados Unidos la apertura comercial despertó sospechas en ambas costas de su geografía. Las primeras voces críticas fueron las de los sindicatos que preveían una fuga de puestos de trabajo hacia los países que ofrecían bajos salarios en los que las transnacionales buscaban aumentar sus márgenes de ganancia.
Así, el anuncio de la firma del primer gran Tratado de Libre Comercio, el firmado en América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México (TLCAN), puso en alerta y movilizó a los sindicatos estadounidenses. Desde que culminó la edad dorada de la producción y de los salarios en Estados Unidos (1947-1973), los trabajadores venían notando las consecuencias de la flexibilidad laboral. Los años ochenta trajeron una situación que llegaría para quedarse en forma de salarios menguantes en industrias con alta tecnología manufacturera. Una paradoja que ponía en duda el mito del trabajador cualificado.
El caso de la Ciudad de Detroit es paradigmático. Se trataba de la mayor ciudad industrial dedicada a la manufactura automotriz en Estados Unidos, hogar de las Tres Grandes: General Motors, Ford y Chrysler. Si bien sus problemas empezaron desde la crisis del petróleo de 1973, Detroit vivió un prolongado deterioro industrial que comenzó con la caída sostenida de salarios. La industria del automóvil no dejaba de crecer, pero cuanto más trabajaba un obrero y más se capacitaba, menos salario percibía. Con la llegada del TLCAN muchos de esos empleos se fueron a la frontera norte de México. Quizá esta situación hubiera sido positiva si hubiera beneficiado a los trabajadores mexicanos para subir su nivel de vida. Pero en realidad fueron pocos los beneficiados mientras que la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras en México engrosaron un amplio ejército de reserva de mano de obra barata y sirvió como amenaza para evitar la organización sindical. Al poco tiempo los puestos de trabajo que habían llegado a México migraron hacia el sureste asiático.
Tan sólo en el estado de Michigan, donde se encuentra Detroit, 46.000 puestos de trabajo desaparecieron como consecuencia del Tratado de Libre Comercio de Norte América según el Economic Policy Institute (EPI), un centro de investigación estadounidense con vínculos con el sector sindical. Precisamente el debilitamiento de la fuerza sindical fue la primera fase para poder deslocalizar las empresas automotrices. El sindicato AFL-CIO, que agrupa a los trabajadores del sector industrial en Estados Unidos, asegura que el TLCAN ha significado la pérdida de, al menos, 700.000 puestos de trabajo. Detroit es hoy la ciudad más grande del mundo en bancarrota. Una imagen decadente rodeada de óxido y abandono.
Otra imagen desoladora son los restos de las pequeñas granjas familiares rodeadas de grandes campos agroindustriales del medio Este. Campos enormes de monocultivos de maíz y soja subvencionados por el gobierno enmarcan lo que fueron cultivos diversificados de pequeñas propiedades familiares. Las grandes extensiones se encuentran cercadas y en ellas se puede leer carteles con los nombres de Monsanto o Archer Daniels, grandes empresas de semillas transgénicas. Estas empresas controlan la producción y la exportación de productos modificados genéticamente que al ser subsidiados llegan a bajo precio a los hogares del vecino país del sur. Esas familias en México han pasado de ser productoras de maíz, cultivo nativo y centro de origen, a ser importadores netos. La competencia desleal y la asimetría han marcado las relaciones ejercidas desde los lobbies corporativos del agronegocio.
Si bien no todo es atribuible al TLCAN, en cierto modo ha sido un experimento que ha inaugurado una época en la que no basta con tener un empleo capacitado para poder llevar un nivel de vida aceptable. De hecho, por primera vez en Estados Unidos habrá una generación que no tendrá un mejor nivel de vida que sus padres.
Frente al TLCAN hubo una resistencia heroica de los trabajadores del campo y de la ciudad en los tres países involucrados. De hecho, fue el detonante de la insurrección indígena en el sur de México cuando la mañana del 1 de enero de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hizo coincidir su alzamiento en armas con la entrada en vigor del TLCAN, advirtiendo que se estaba condenando al campo a la desaparición. Veinte años después más de dos millones de campesinos mexicanos han perdido sus tierras y con ello sus trabajos. La lucha sindical en Estados Unidos fue fuerte en algunos sectores, pero la inercia del golpe a los sindicatos libres pasó factura para poder conservar derechos que se han perdido. Poco se sabía a ciencia cierta de sus efectos, pero a veinte años de distancia quedan pocas dudas de lo que significó para la mayoría de los trabajadores y campesinos empobrecidos.
¿Qué peligros hay para los pueblos de Europa con el TTIP?
A más de veinte años de distancia del TLCAN, un nuevo tratado irrumpe ante la crisis del capitalismo global, el Tratado Transatlántico o TTIP, por sus siglas en inglés. Ambos están hermanados en las falsas promesas de empleo y mejoras en los niveles de vida. Las voces a favor dicen que se incrementará el comercio entre las dos regiones. Las empresas europeas podrán ser tratadas como empresas locales en Estados Unidos y viceversa. Señalan que los aranceles desaparecerán y que los productos y servicios podrán ser comercializados sin trabas. Para ello se creará una comisión reguladora que armonice las legislaciones de ambos lados del océano. En este punto es donde las voces críticas ponen un primer alto. Vista la experiencia previa con el TLCAN, la armonización regulatoria puede parecerse más a una regulación a la baja para permitir que los productos norteamericanos puedan encontrar menores resistencias en el mercado europeo. Tal es el caso de los productos transgénicos que hoy se comercializan libremente en Estados Unidos. O la baja protección fitosanitaria comparada con la europea. Los servicios públicos como la salud o la gestión del agua estarán también en la mira de los desreguladores.
Además uno de los temas más preocupantes es el relacionado con los tribunales de controversias, como el llamado ISDS, una especie de arbitraje de diferencias entre los estados y los inversores. Es un mecanismo incluido dentro del TTIP que permitiría a una empresa llevar a un Estado ante un tribunal internacional privado con el fin de esquivar la legislación nacional. Existen muchos casos de cómo estos juicios han beneficiado a la empresas a costa del dinero público de los países. La empresa energética sueca Vattenfall está reclamando a Alemania 3.700 millones de euros en compensación por la decisión de cerrar gradualmente las centrales nucleares a raíz del desastre de Fukushima; la tabacalera Philip Morris ha demandado a Uruguay por una campaña antitabaco que elimina la publicidad de las cajetillas; Egipto espera el resultado de un arbitraje después que la empresa Veolia denunciara al país por el aumento del salario mínimo. Así el ISDS otorga a las grandes empresas el poder de cuestionar decisiones democráticas incluso a favor de la salud de la población.
La misma Comisión Europea ha admitido que es probable que el TTIP provoque un perjuicio para los empleos en Europa, muy dependiente del comercio intraeuropeo. Un estudio de la Universidad de Tufts en Estados Unidos alerta de una pérdida de 600.000 puestos de trabajo en la Unión Europea de los que 90.000 serán de los países del sur. De hecho Bruselas ya contempla ayudas para el desempleo generado por el TTIP, algo un poco contradictorio.
El TTIP facilitará la entrada de las empresas privadas como proveedores de servicios públicos en el contexto actual de políticas de recortes y austeridad en Europa. Las grandes empresas estadounidenses tienen intereses en los servicios sanitarios, en la educación y en la energía. La firma del TTIP haría irreversible las privatizaciones que se han venido haciendo durante los últimos años.
La alimentación también se está negociando. El centro del debate se encuentra en las restricciones referentes a los organismos genéticamente modificados, los pesticidas, la carne tratada con hormonas y promotores de crecimiento. La legislación europea no es perfecta, pero es más estricta que la de Estados Unidos donde el 70% de los alimentos procesados contienen ingredientes genéticamente modificados. La presión de los lobbies de la industria agroalimentaria podría provocar que las políticas de etiquetado en los productos europeos se modifiquen de tal forma que no indiquen la procedencia de los alimentos o si éstos incluyen transgénicos.
¿Estamos a tiempo de detener el TTIP?
Existen ciertos momentos en que uno piensa que las cosas podrían haber tomado un giro distinto para no terminar en un callejón sin salida. De firmarse el TTIP el mundo caminará hacia la entrega total de las democracias al poder económico de las transnacionales, las verdaderas ganadoras. Las batallas sindicales contra el TLCAN no han prosperado, pero ha habido otros tratados que se lograron detener gracias a la movilización popular. El TTIP es opaco y antidemocrático, una amenaza para el empleo y un retroceso para el medio ambiente. En la medida en que se ha arrojado luz sobre su contenido, los negociadores y los lobbies de las empresas han tenido que dar explicaciones que ahondan más en el secuestro de la democracia. Muy poco sabemos sobre cómo continúan y qué contienen las negociaciones. Incluso desconocemos la fecha de la firma. Pero en caso de que sea firmado, todavía falta que los parlamentos de los países de la Unión Europea ratifiquen el TTIP. Estamos a tiempo de cambiar el futuro de los pueblos de Europa al detener la firma del tratado. Esto equivale a poner a las personas y al planeta por delante del capital.
Arturo Landeros es miembro del colectivo Educació per a l’Acció Crítica (EdPAC)