En las últimas semanas el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) ha desplegado en Puerto Rico un comportamiento similar a cuando ejecutó su archifamoso conocido programa COINTELPRO en los años 60 y 70 del siglo pasado, contra el movimiento independentista y agrupaciones y personalidades progresistas en Estados Unidos. Nos referimos al programa que […]
En las últimas semanas el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) ha desplegado en Puerto Rico un comportamiento similar a cuando ejecutó su archifamoso conocido programa COINTELPRO en los años 60 y 70 del siglo pasado, contra el movimiento independentista y agrupaciones y personalidades progresistas en Estados Unidos. Nos referimos al programa que autorizó el notorio fundador y jefe del FBI, J. Edgar Hoover, contra ciudadanos de Estados Unidos acusados de ser comunistas, lo fueran o no, que consistía en vigilarlos y desacreditarlos, como parte del clima furibundamente anticomunista que azotó ese país a partir de la Segunda Guerra Mundial.
Pero en Puerto Rico el programa Cointelpro (Counter Intelligence Programs) adquirió otro perfil, porque significó la agresiva vigilancia, persecución y represión de personas independentistas y de organizaciones patrióticas, que destruyó vidas y familias, al punto, que en el año 2000, el entonces director del FBI Louis Freeh, reconoció que en Puerto Rico esa agencia se había involucrado en «escandalosa acción ilegal, quizás acción criminal». Hasta una Comisión del Senado de Estados Unidos que investigó los operativos en 1976 concluyó que el FBI se había excedido en sus funciones, y había actuado al margen de la ley.
Estas recientes acciones del FBI en Puerto Rico parecen sugerir que el histórico rol de responsable de la sujeción colonial de Puerto Rico que desde la invasión de 1898 tuvo la Marina de Guerra de Estados Unidos -expulsada del país en 2003, con sus bombardeos y prácticas en la isla nena de Vieques y su importante base Roosevelt Roads en Ceiba- ha sido trasladado y encomendado ahora a la policía política de ese país, el FBI.
Contrario a aquella poderosa rama militar, que siempre trató de que su presencia, influencia y acciones en las altas esferas del gobierno colonial de Puerto Rico y entre los sectores anexionistas y derecha se mantuvieran dentro de la mayor discreción y fuera del ojo público, el FBI no ha tenido reparo alguno en poner en vigor sus planes represivos y agresivamente antipuertorriqueños a plena luz del día, principalmente contra el movimiento independentista, pero no limitado a éste.
Cuando el FBI llegó al país a principios de los años 30 del siglo pasado, vino con la encomienda precisamente de perseguir al entonces emergente movimiento nacionalista que encabezaría el Maestro Pedro Albizu Campos. A solo pocos meses de llegar el primer agente del FBI a Puerto Rico en 1936 -según documentó el investigador académico Ramón Bosque Pérez- Albizu y parte del liderato Nacionalista fueron acusados y convictos de sedición y encarcelados en una prisión de Atlanta. Pero ya desde aquellos años -y con el resultado adverso de un jurado puertorriqueño que en primera instancia absolvió a Albizu en el tribunal yanqui- esta agencia represiva tuvo claro que, visto fríamente y en términos estratégicos, sus potenciales enemigos aquí no se limitaban a los que abiertamente abogan por la independencia, sino todo aquel que aunque no fuera independentista, sí se sentía puertorriqueño sobre cualquier otra cosa. Por eso sometieron a la vigilancia y abrieron carpetas, además de a líderes y militantes independentistas, también a líderes políticos, gubernamentales y religiosos favorecedores del Estado Libre Asociado, como Luis Muñoz Marín o de la anexión a Estados Unidos.
Ahora, protegidos por su jefe, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Alberto Gonzáles, -el ideólogo de los planes de tortura contra los prisioneros musulmanes en la base de Guantánamo y en cárceles secretas en distintos países del mundo, y de la política de espionaje de la actual administración del presidente George Bush contra ciudadanos estadounidenses-, los sabuesos del FBI en Puerto Rico se han sentido autorizados por las actuales políticas de miedo y restricción de las libertades civiles en Estados Unidos, para desatar un activo, agresivo y provocador programa de represión contra el movimiento independentista puertorriqueño sin importarle las leyes del país, la opinión de los funcionarios del gobierno colonial, de sus partidos amigos, ni del pueblo en general.
Las chapucerías recientes
Aunque el incidente de agresión a periodistas que cubrían las incidencias de uno de los seis allanamientos que el FBI realizó en Puerto Rico el pasado 10 de febrero, pudo haber ganado mayor despliegue noticioso y repulsa que las propias agresiones a los independentistas, comenzando con el asesinato del dirigente Machetero Filiberto Ojeda Ríos hasta los allanamientos, los traqueteos ilegales del FBI comenzaron desde el mismo momento en que ejecutaron el operativo sangriento de Hormigueros, el 23 de septiembre de 2005.
Cuando el FBI finalmente permitió la entrada de fiscales de Puerto Rico al área de la residencia de Filiberto y su compañera Elma Beatriz tras la muerte del Comandante, tres peritos forenses suyos se mantuvieron allí arreglando sus informes de acuerdo a la evidencia que iban levantando los funcionarios judiciales puertorriqueños.
Pocos días más tarde, agentes del FBI sustrajeron la bala que estuvo alojada en el cuerpo del agente del FBI -que se encontraba en el Centro Médico- que se imputa haber sido herido por Filiberto, rompiendo todos los protocolos policíacos e investigativos relacionados a la protección de la cadena de evidencia, lo que ahora impide confirmar si efectivamente fue de un arma disparada por el patriota puertorriqueño o de uno de los propios agentes del FBI.
Entretanto, mientras el FBI arrastraba los pies para cumplir con los requerimientos del Departamento de Justicia de Puerto Rico de que le entregara a los fiscales puertorriqueños las armas, chalecos, vehículos y nombres de los agentes que participaron en el operativo de Hormigueros, para encaminar la investigación del país, lanzó a principios de febrero una ola de allanamientos contra residencias de conocidos independentistas y la oficina de una organización comunitaria dirigida también por independentistas, supuestamente porque de los documentos obtenidos en la residencia de Ojeda Ríos detectaron planes de la agrupación independentista clandestina Ejército Popular Boricua-Macheteros para atacar a agencias y funcionarios del gobierno de Puerto Rico, así como a empresas privadas. La curioso es que -al igual que ocurrió con el operativo de Hormigueros- el FBI mantuvo en total ignorancia de esas «amenazas» al gobierno de Puerto Rico y a los funcionarios y empresas supuestamente amenazados.
Entonces, cuando el hormiguero siguió revolcándose y el Departamento de Justicia de Puerto Rico emitió una orden («subpoena») para obligar a los federales a que sometieran los nombres de los agentes que participaron en el allanamiento donde fueron agredidos los periodistas, fue que el agente a cargo del FBI en Puerto Rico, Luis Fraticelli, entendió necesario poner en conocimiento al jefe de la policía, Pedro Toledo y al secretario de la Gobernación, Aníbal José Torres, de la supuesta evidencia en su poder que corroboraba la amenaza de ataques. Entre el 23 de septiembre, donde alegadamente obtuvieron la evidencia y la reunión de Fortaleza, que ocurrió el 3 de marzo, transcurrieron más de cinco meses. No es difícil, entonces, entender por qué tanto Toledo como Torres, según reportó la prensa, recibieron la información con cierto grado de incredulidad.
Divide y vencerás
Ahora, a casi seis meses del asesinato de Filiberto Ojeda Ríos, a cuatro semanas de los allanamientos y a más de 10 días de la reunión de Fraticelli en Fortaleza con Toledo y Torres, el FBI difunde su última prenda de desinformación: las agencias que supuestamente estaban en la lista de blancos de los Macheteros eran las relacionadas con ambiente, recursos naturales, planificación y permisos de construcción. Pero eso no se lo informaron a Toledo ni a Torres, porque estos, que ya de por sí estaban escépticos de la información provista por Fraticelli, no tomaron medidas en las respectivas agencias y con los respectivos funcionarios y empleados a partir de la reunión del 3 de marzo.
No es casualidad que las agencias señaladas, Departamento de Recursos Naturales, Junta de Calidad Ambiental, Junta de Planificación y Administración de Permisos y Reglamentos, ARPE, sean precisamente de las entidades gubernamentales que más señalamientos de denuncia y activa protesta reciben por parte de organizaciones comunitarias, cívicas y progresistas, en las que participan, independentistas y puertorriqueños de otras inclinaciones políticas, pero hermanados por la voluntad de proteger los recursos naturales del país y por una sana administración pública. Pero al hacer esa identificación, el FBI comienza a revelar sus planes para tratar de infundir miedo en sectores sociales que luchan, para tratar de aislar al movimiento independentista y la influencia que ejerce en ellas. Así ocurre en el movimiento ambientalista, pero también en el campo sindical, estudiantil, comunitario, cultural, académico y toda esfera importante del quehacer de los puertorriqueños.
No debe olvidarse que los objetivos principales del programa Cointelpro en Puerto Rico eran, y siguen siendo:
- Aislar, atacar, perseguir y desarticular el movimiento independentista
- Promover divisiones y ataques personalistas entre líderes y organizaciones patrióticas
- Infundir miedo en la población a base del manejo del concepto comunismo («terrorismo»)
- Lanzar campañas de descrédito contra organizaciones populares, comunitarias y líderes de base
- Atemorizar a la prensa del país y a los periodistas para que guarden silencio sobre la lucha de independencia y las acciones represivas contra ésta.
- Aislar a sectores y funcionarios honestos del gobierno de Puerto Rico que han reclamado respeto a los puertorriqueños y sus instituciones y han denunciado los abusos, desmanes y crímenes del FBI.
Para alcanzar el éxito de esos objetivos, el FBI llevó a cabo actividades tales como:
- Interceptar teléfonos
- Circular cartas y otros documentos anónimos para instigar rivalidad entre dirigentes independentistas
- Difamar mediante la circulación de historias en periódicos del país
- Infiltrar informantes y agentes provocadores
- Ejercer presión para bloquear el acceso a los medios de comunicación,
- Llevar a cabo sabotaje y daños a la propiedad de organizaciones e individuos, y muchas otras.
Prácticamente todos esos objetivos, de una manera u otra, se pueden identificar en las acciones recientes del FBI en Puerto Rico. Otras son nuevas, adaptadas a los tiempos actuales, como las incursiones electrónicas o físicas a las computadoras, archivos electrónicos y teléfonos móviles de activistas independentistas, según se ha denunciado recientemente y que el compañero Juan Mari Brás discutió en su columna la pasada semana («Carpetas electrónicas»). Algunas quizás aún no han sido puestas en vigor, esperando el momento más oportuno y la condición más débil en el independentismo
Las debilidades del nuevo Cointelpro
Pero contrario al primer programa de Cointelpro, en que el clima de miedo anticomunista promovido por el gobierno estadounidense facilitó los abusos y excesos del FBI en Estados Unidos, y en mayor escala en Puerto Rico, ahora existen factores que le harán más cuesta arriba al FBI lograr el éxito de su agenda aquí.
Aunque el clima actual de miedo y restricción a libertades y derechos civiles en ese país se asemeja al del anticomunismo de mediados del siglo pasado, en aquel entonces el gobierno de Estados Unidos flotaba sobre la alfombra victoriosa del triunfo de la Segunda Guerra Mundial y emergió como potencia económica mundial. Hoy, sin embargo, la credibilidad del gobierno de Estados Unidos y sus agencias de inteligencia y policíacas están seriamente impugnadas tras conocerse el engaño a que recurrieron para llevar al país a una guerra en Irak, para asegurarse el control de las reservas de petróleo allí y sus intereses geopolíticos en la región. Esa empresa bélica en Irak ha repercutido muy negativamente sobre amplias capas de la población y sobre la economía en general. A esa herida se suman las políticas de espionaje del gobierno contra ciudadanos de ese país, que han erizado los pelos hasta cercanos aliados del presidente Republicano, provocando incluso investigaciones del Congreso que han acorralado a ese gobierno.
Pero aquí, además de los problemas de credibilidad que tiene el FBI, también existe la fortaleza de la nacionalidad puertorriqueña, que se evidenció en los respetos rendidos por todo el pueblo puertorriqueño al patriota Filiberto Ojeda Ríos durante los velorios y actos fúnebres. El FBI no ha logrado que prenda su calenturienta teoría de supuestos ataques «terroristas» por parte de la organización independentista clandestina Macheteros, porque los puertorriqueños conocen que en su accionar y en su ideología, la lucha independentista puertorriqueña a lo largo de toda su historia nunca ha recurrido al terror para adelantar sus objetivos y nunca ha enfilado sus acciones contra la población puertorriqueña, sino contra las instituciones responsables del dominio colonial de Estados Unidos sobre Puerto Rico, algo que está considerado como válido en el Derecho Internacional e inherente al proceso de descolonización de un país colonial.
Pero lo más importante que puede dar al traste con este nuevo relanzamiento del programa Cointelpro del FBI en Puerto Rico es la capacidad del movimiento patriótico puertorriqueño de comprender esta nueva estrategia colonialista y su voluntad de evitar caer en las redes de las nuevas fechorías del FBI para aislarlo, golpearlo y desarticularlo.