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Elecciones en Perú

Derechos humanos: desafío para vencedor

Fuentes: Adital

El próximo domingo, 09, más de 16 millones de peruanos irán a las urnas elegir sus gobernantes: el Presidente, dos Vicepresidentes, 120 congresistas, cinco parlamentarios andinos y, además, 10 parlamentarios suplentes. La ventaja en la disputa presidencial está con el teniente coronel en retiro, Ollanta Humala, del Partido Unión por el Perú con 31 por […]

El próximo domingo, 09, más de 16 millones de peruanos irán a las urnas elegir sus gobernantes: el Presidente, dos Vicepresidentes, 120 congresistas, cinco parlamentarios andinos y, además, 10 parlamentarios suplentes. La ventaja en la disputa presidencial está con el teniente coronel en retiro, Ollanta Humala, del Partido Unión por el Perú con 31 por ciento de las intenciones de votos. Sus concurrentes más cercanos son Alan García del Partido Aprista Peruano y Lourdes Flores por la Unidad Nacional. Pero 20 organizaciones presentaron lista presidencial, y al Congreso, y 3 sólo al Parlamento.

Mientras Ollanta se define como un candidato ni de derecha ni de izquierda, pero un nacionalista. Sus adversarios tienen clara tendencia a la derecha. La abogada Lourdes Flores, que en las últimas encuestas de opinión divulgadas en Perú tenía 27 por ciento de la preferencia dos peruanos, quedando con la segunda colocación, es apuntada por expertos como representante de los sectores privilegiados del Perú. Además de ser adepta de las propuestas neoliberales.

La encuesta fue realizada, por la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre los días 24 y 25 de marzo con 1.945 peruanos, el margen de error es de 2,2 por ciento para más o para menos. En territorio peruano las encuestas sólo podrían ser divulgadas hasta el último 2 de abril. Si las urnas confirmaren las encuestas, habrá segunda vuelta en Perú (puesto que ningún candidato alcanzaría 50% de los votos). Según la legislación electoral del país, esa deberá ser realizada 30 días después del anuncio oficial del resultado de la primera vuelta.

Tercero colocado en las encuestas, el ex presidente Alan García (1985-1990) obtuvo 20 por ciento de las intenciones de voto, pero tiene en su contra un mandato presidencial que se encerró tras una severa crisis económica. Con varias acusaciones de corrupción y crimines. En 1991, fue acusado por el Parlamento por diversos delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito. Durante su gobierno cerca de 10 mil personas murieron a causa de la política contrainsurgente del gobierno aprista. Y 12 millones de peruanos hundidos en la extrema pobreza.

Disminuir la pobreza y acabar con la corrupción en Perú serán las misiones más difíciles del electo que ocupará el cargo máximo del país en 28 de julio, día de la Independencia de Perú. Según informaciones de la prensa peruana, la mala distribución de la riqueza ocasiona un 53% pobreza, un de 44% desempleo y subempleo, y un 25% de analfabetismo. La corrupción, según el Contralor General de la República peruano demostró en un informe, es responsable por el 15% del Presupuesto Nacional se pierde por actos deshonestos corrupción.

Si Ollanta lograr éxito en las elecciones, el 80% de la población peruana actual que es chola, mestiza, de origen andino-amazónica podrá tener un presidente que se dice próximo a ellos y que posee la convicción de que América Latina necesita un avanzo por la educación, la salud y el desarrollo económico-social de los pueblos.

Ollanta Humala, que en 2000, con el grado de teniente coronel, protagonizó una sublevación en el departamento de Tacna contra la reelección del entonces presidente Alberto Fujimori, desagrada a la elite peruana. Sus opiniones en contra o sistema de libre mercado y a favor del discurso nacionalista, de las riquezas nacionales y de los derechos sociales y laborales son repudiadas pelas elites de minería y de las finanzas.

Otro tema importante en Perú son los derechos humanos (DD.HH.). La organización de DD.HH., Amnistía Internacional (AI) en Carta abierta a los candidatos a la Presidencia de Perú os pidió a dar la máxima prioridad en su plan de gobierno a la protección y promoción de los derechos y libertades fundamentales, puesto que «considera que el Perú está viviendo un momento de gran importancia tras veinte años (de 1980 a 2000) de severa crisis del Estado de Derecho, en los que se cometieron graves violaciones de derechos humanos, que afectaron especialmente a los más vulnerables».

Según la Carta, la violencia ejercida por grupos armados de oposición y por agentes del Estado durante esos veinte años afectó principalmente a los sectores de la población más desprotegidos: personas de comunidades indígenas o campesinas, en su mayoría quchua hablantes, con escasos recursos económicos y niveles de educación por debajo de la media del país. Para AI, «este proceso de violencia puso de manifiesto tanto las brechas socioeconómicas, y la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural, como la discriminación de género, que aún prevalecen en el país.»

AI dijo que para avanzar en los DD.HH. Perú tiene que: combatir y erradicar la discriminación; promover los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; proteger la labor de los defensores de derechos humanos; garantizar el acceso a un sistema de justicia independiente e imparcial; garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de violaciones de los derechos humanos; garantizar el derecho a la integridad física y cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos.