La crisis que se difunde hoy en Centroamérica, no es solo el efecto cutáneo de una indigestión pasajera. En los países del cuarto mundo latinoamericano (Centroamérica y el Caribe) esta crisis comenzó su gestación hace 20 años, cuando la globalización neoliberal se convirtió en religión y el Consenso de Washington en sus diez mandamientos; instrucciones […]
La crisis que se difunde hoy en Centroamérica, no es solo el efecto cutáneo de una indigestión pasajera. En los países del cuarto mundo latinoamericano (Centroamérica y el Caribe) esta crisis comenzó su gestación hace 20 años, cuando la globalización neoliberal se convirtió en religión y el Consenso de Washington en sus diez mandamientos; instrucciones para el desmantelamiento del estado nacional y vía libre al business de la privatización.
América Central ha atravesado a lo largo de su historia reciente un período de dictaduras y movimientos de liberación concluidos con los acuerdos de paz de los años noventa. Este escenario tuvo su continuidad en la globalización neoliberal, de reformas estructurales y privatización de los sectores estratégicos de las economías nacionales, recreado en los últimos cinco años con una estación de negociaciones de tratados de libre comercio (que modernizan e institucionalizan el trabajo sucio de la explotación) entre las aristocracias nativas alineadas con los poderes del norte, primero con los Estados Unidos y el DR-CAFTA [1] y ahora con el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y América Central ADA UE-CA. Acuerdo que según los negociadores europeos, al incluir más allá de intercambio de mercancías, el diálogo político y la cooperación internacional, es «un tratado de libre comercio con un rostro más humano»…»se trata del típico TLC envuelto en papel de regalo» según Sigfrido Reyes, diputado salvadoreño de el FMLN.
El fracaso de las dictaduras en el istmo dio vía libre en 1989 al Consenso de Washington, que estableció en toda la región los mandamientos de la globalización. Estas reformas estructurales promovidas por el FMI y el BM apuntaban hacia la concentración de la riqueza, la privatización de la función publica y la desnacionalización de la economía: de la privatización de la educación y la salud, pasando por la de los sectores estratégicos de las economías centroamericanas: carreteras, puertos, telefonía, electricidad y agua (de la cual por ahora se salva solo Costa Rica, la menos privatizada y la políticamente más estable de la región). Primero abandonándolas hasta la ineficiencia, y así evitar las manifestaciones populares y movimientos de resistencia al privatizarlas, con la promesa de mejorarlas, para luego dividirlas en bad and good company, y vender la última a precio de guate mojado a las multinacionales amigas del gobierno de turno.
El caso de Nicaragua ha visto la multinacional española Unión Fenosa (distribución eléctrica) en un callejón sin salida, con al final de el, el centro de resoluciones de controversias de la Banca Mundial CIADI; veredicto favorable a la multinacional y la imposibilidad del gobierno sandinista de pagar el precio de la renacionalización del antiguo Instituto Nicaragüense de Energía (INE). El Salvador en cambio, tiene en su territorio la multinacional italiana de distribución eléctrica Enel. Honduras y Guatemala han sido invadidas por la explotación minera a cielo abierto, con la multinacional canadiense Glamis Glod Ltd. que tiene concesiones en toda la región con prestamos de la BM. Esta multinacional según la organización ambientalista Madre Selva utiliza en una hora el agua que una familia utilizaría en 22 años, mientras en Costa Rica contamina el agua hasta 70 veces el límite permitido.
Las privatizaciones han alcanzado también el crédito, siendo el sector de los pequeños productores el más golpeado. En Nicaragua se ha pasado del 34% en el 1993 al 4% diez años después, mientras el sector comercial ha pasado del 37% al 84% en el mismo período.
A una distancia de veinte años, estos cambios han significado para la región (por su naturaleza campesina y productora de materias primas) el desmantelamiento de la agricultura sostenible, de los sistemas alimentarios locales y de las redes sociales en las cuales se sostienen. Un modelo que ha empujado progresivamente a Centroamérica hacia la vulnerabilidad alimentaria y la dependencia de las importaciones de cereales subvencionados, hasta el 60% de Estados Unidos y 40% de Europa.
La consecuencia sucesiva ha sido el éxodo rural, con una masiva descampesinización a nivel regional, que ha traído de la mano una contrarreforma agraria por causa de la insolvencia de los pequeños productores: la hipoteca de sus propiedades como garantía para la adquisición de abono y semillas, la pignoración por la imposibilidad de resarcir los préstamos, a la primera oscilación de los precios en los mercados internacionales del norte o al primer huracán que se forma en el Caribe y destruye cultivos y más, para luego terminar en manos a los nuevos latifundistas por medio de las subastas de los bancos privados. Estos campesinos sin tierra han terminado hacinados en las ciudades engrosando las villas miseria.
En las ciudades les esperaban las multinacionales extranjeras de la subcontratación, las maquilas, que se pasean por el mundo buscando los «paraísos laborales»: pocos derechos, tanto desempleo y gobiernos conniventes, a fin de reducir hasta del 80% sus costos de producción. En estas maquilas trabajan prevalentemente mujeres, con un salario de cerca 30 centavos de dólar por hora, previo desmantelamiento de los sindicatos locales y la creación de sindicatos blancos, al comando de los empresarios de la maquila.
La emigración internacional está reservada sobretodo a los hombres. A los que no están en grado de emigrar, les queda la opción del subempleo donde se concentra el 41% de la población activa de la región. En dicho porcentaje se pierden sin pasaje de regreso miles de campesinos, se vacía el mundo rural de recursos humanos valiosos; generaciones de campesinos que se convierten en vendedores ambulantes, casi sin importancia para las economías nacionales.
Dos décadas de esta globalización han provocado una metamorfosis en la arquitectura de la acumulación en Centroamérica. De tres se ha pasado a tener cinco clases sociales de las cuales una vive en el exterior: los expatriados; en la cúpula una élite de diez familias [2] que controlan la economía de la región; debajo de estas familias una clase de ochenta millonarios [3] ; un poco más abajo una clase media cada día más pobre, formada por profesionales, comerciantes y burócratas del Estado. En la base de este triángulo el 70% de los centroamericanos empobrecidos que viven con menos de 4-5 dólares al día y en casos como el de Nicaragua, el 80% que viven con menos de dos. En el exterior se encuentran los expatriados, 4 millones y medio de centroamericanos, el 70% en los Estados Unidos.
Este modelo en Centroamérica se ha llamado popularmente «Hood Robin» y a grandes líneas funciona así: las remesas entran en la región y representan el 15% del PIB regional (en el 2007 17mil millones de dólares con un incremento anual del 10%) donde son casi íntegramente utilizadas por los pobres en bienes y servicios vendidos por las diferentes transnacionales norteamericanas y europeas y por los comerciantes locales, los cuales se abastecen de los grandes importadores (los ochenta millonarios entre los cuales se encuentran también los exportadores). Estos a su vez se dotan de capitales de las diez familias que controlan la región, quienes tienen entre sus manos los negocios más sustanciosos, concentrando el flujo ascendente de riqueza para luego utilizar las ganancias en el exterior porque Centroamérica no da garantías.
Dos décadas de este neoliberalismo han atraído en masa el arribo de la cooperación internacional, para aliviar los efectos colaterales derivados de la globalización. Guatemala, Honduras y Nicaragua se encuentran entre los 9 países a nivel global que reciben más cooperación internacional.
En América Central (excluido Costa Rica) la cooperación internacional representa el 15% del PIB como promedio. A la par del porcentual de las remesas de los expatriados, del cual El Salvador se acredita la primacía en el istmo, con el menor gasto social de la región 6,6% del PIB (la mitad de la media latinoamericana al 13%) y por otro lado el 90% de sus ríos contaminados. Situación que ha expulsado un tercio de su población, dos millones y medio de salvadoreños que viven actualmente al exterior, el 90% en los Estados Unidos, mientras en el territorio nacional el 70% de los salvadoreños sobreviven gracias a las remesas. Las remesas y la cooperación internacional constituyen hoy el motor de la economía de estos países, con un promedio cercano al 30% del PIB, a través del cual los gobiernos del istmo (peligrosamente conniventes con las diez familias) mantienen a flote la economía de la región, en una versión tropical de la globalización (a la) centroamericana.
Para-política de la criminalidad organizada
En el «triángulo del norte» (Guatemala, El Salvador y Honduras) la criminalidad organizada con un mecanismo para-político, fractura la unión entre estado de derecho y política, situación que ha convertido a estos últimos en «la sombra que las empresas (legales y no) proyectan sobre la sociedad» (John Dewey)
América Central se encuentra entre los más grandes productores y consumidores de cocaína: por cada gramo que llega a los Estados Unidos procedente de Colombia, el 90% de su precio se juega sobre el transporte a través de Centroamérica y México. El año pasado según datos de la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el crimen, se calcula hayan pasado 72 toneladas a través de el istmo. Además es una de las tres áreas en el mundo en la cual el tráfico de cocaína ha aumentado en más del 10% en el último año. Otro factor que aumenta la violencia en esta zona esta en el intensificarse de la lucha al narcotráfico en México, que esta provocando el deslizamiento de las redes de crimen organizado hacia el triángulo del norte.
Las drogas ilegales, se sabe, juegan un rol estratégico como coartada para el control militar. Del mismo modo que existe el Plan Colombia, se ha creado un alias para México y America Central denominado Plan Mérida, promovido por los Estados Unidos, terminado y listo en octubre del 2007. Vendida como iniciativa para combatir el crimen y el narcotráfico en la región. El senado norteamericano en el pasado mayo asignó 450 millones de dólares, de los cuales 350 fueron para México y 100 para América Central.
El crimen organizado en el triángulo del norte y la violencia que acarrea consigo, constituyen un prolongamiento de la violencia iniciada durante los conflictos armados. En una región con 37 millones de habitantes, se presume circulan más de dos millones de armas de fuego ilegales. En la policía Hondureña hay infiltrados tres carteles de la droga, según el ministro del interior de ese país. En Guatemala existe una subordinación del poder civil al militar del ejército, autor del 98% de las masacres que se presume hayan sido mil, en sus 36 años de conflicto armado interno, concluidos con la firma de la paz en 1996. Las razones que generaron este conflicto a mitad de los años cincuenta han permanecido intactas. De las 45mil denuncias por desapariciones no se ha investigado a fondo ninguna. El año pasado se vendieron cerca de 50 millones de municiones, más del doble del 1995, último año del conflicto armado. Por el lado de la tierra, las áreas cultivables de Guatemala están en manos del 2% de los latifundistas, mientras el 94% de la población dispone del 18% de la tierra.
El binomio acuerdos de paz fallidos e infiltración de las redes narcos-mafiosas en el estado han alimentado la progresiva erosión del espacio político de acción de los gobiernos. Se ha incrementado así la corrupción, en una región en la cual la política es casi siempre un business cada día más entrelazado al narcotráfico. En Guatemala siguiendo los rastros del narcobussines, su poder corruptor penetra con facilidad en las estructuras estatales. El escándalo de espionaje al presidente Colom descubierto a inicios de septiembre lo pone dramáticamente al descubierto, sin contar que la campaña electoral del año pasado en la que fue elegido estuvo acompañada de más de 50 asesinatos políticos. Según el procurador para los Derechos Humanos «no se trata solo de lavado de narcodólares y transporte de estupefacientes hacia el norte, ahora se esta probando a crear laboratorios y plataformas de reenvío de la droga en Guatemala, los carteles están comprando haciendas en la frontera con México y han financiado diputados y alcaldes en las ciudades del nororiente». Testimonios directos de sacerdotes indígenas hace dos meses explicaban cómo algunos alcaldes de las ciudades cercanas a la capital, como a media noche cierran largas carreteras metiendo sus mercenarios vestidos de policías a controlar y luego de un par de horas que la avioneta ha descargado la mercancía, todo regresa a la normalidad, sin el problema «pista Clandestina».
Petrocaribe, AlbaAlimentos y crisis alimentaria
El nuevo cuadro geopolítico en el istmo viene modelado por la difusión de la crisis financiera en los Estados Unidos, primer socio comercial de la región con el 60% entre exportaciones e importaciones, que aumenta el desempleo (200mil en Guatemala en lo que va del año), reduce las remesas y golpea el export centroamericano hacia este país. En la orilla opuesta, tratando de contener los daños, la influencia de Petrocaribe «el brazo energético» de la Alternativa Bolivariana para las Américas, que está llevando a los gobiernos de Álvaro Colom y Antonio Zelaya (ambos socialdemócratas de derecha) hacia el ALBA, alter-ego de los TLC’s propuestos por el norte del mundo. De los países centroamericanos solo El Salvador no es miembro de Petrocaribe ya que Costa Rica ha ya solicitado su ingreso formal.
Petrocaribe contradice la lógica neoliberal al fundar sus bases en la cooperación energética horizontal y la solidaridad entre los pueblos. Al hacerlo, toma en cuenta las asimetrías de los estados con el objetivo de crear proyectos sociales y de infraestructura. Además de buscar la congruencia de políticas energéticas, cooperación tecnológica y potenciación de fuentes alternativas. Asimismo, para combatir la crisis alimentaria se ha creado AlbaAlimentos a mediados de agosto en La Habana. El objetivo es la coordinación de políticas en ámbito agroalimentario y está compuesto por un consejo integrado por los ministros de agricultura de los países miembros: donación de abono y semillas mejoradas exclusivamente a los pequeños y medianos productores, además de promover tecnologías agrícolas eco-compatibles junto a programas sociales en toda la región.
Estas iniciativas solidarias encuentran una América Central con un sistema alimentario ambientalmente vulnerable y económicamente desigual, con países no productores de petróleo y una dependencia de hidrocarburos que desde el 1990 a hoy se ha incrementado el 557%. Los agro-combustibles, propuestos como la solución a este problema, se convierten en su enfermedad, cuando los cereales se desvían de la seguridad alimentaria a la combustión. Todo esto acompañado de problemas alimentarios históricos: entre el 1940 y el 2004 han muerto asociadas a la desnutrición dos millones seiscientos mil personas, cifra mayor que todas las guerras civiles de la región, según el informe del CEPAL y el PMA.
La coyuntura global de crisis multiplica la pobreza al ritmo de la recesión de los Estados Unidos, del efecto etanol de los agro-combustibles y de la inestabilidad de los precios del petróleo que catalizan la reacción, irradiando la carestía en la mayoría empobrecida de la población: 800mil centroamericanos están en riesgo de entrar en las filas de la indigencia.
Con el progresivo desmantelamiento de las funciones del estado en la región, hoy prevalece la incapacidad de las políticas públicas de incidir en los modelos de oferta alimentaria, porque buena parte de los instrumentos del pasado han sido abolidos con la llegada del Consenso de Washington. Los subsidios a los pequeños productores, los poderes de adquisicion de las empresas estatales y el control de los precios de la canasta básica han desaparecido y las políticas públicas han quedado subordinadas al alcance de los equilibrios macroeconómicos, decididos en los institutos financieros y en los departamentos de economía de las universidades del norte del mundo, no en centroamérica.
Entonces la pregunta es cuánto estas 10 familias y los 80 millonarios están entrelazadas con el narcotráfico en Centroamérica, si la progresiva «desregularización del estado de derecho» ha convertido al istmo en un paraíso del lavado de narcodólares; cuál es el porcentaje de su riqueza que se contamina con este negocio, más allá de los presta-nombres y cuál es el porcentaje de la pobreza de la mayoría que de mano en mano ha subido hasta la cúpula de los vip de la globalización.
[1] por sus siglas en inglés
[2] según un estudio de El Periódico de Guatemala: cuatro millonarios de Guatemala con Jorge Castillo Love a la cabeza, dos hondureños de los cuales el más rico Miguel Facussé Barjum, un salvadoreño José Ricardo Poma Delgado, un nicaragüense Carlos Pellas Chamorro , un costarricense Sebastián Tena Pujol y un panameño.
[3] según la revista Estrategia & Negocios de Costa Rica