El capitalismo también viaja al espacio

El sábado 30 de mayo la nave espacial Crew Dragon, propiedad de la empresa estadounidense SpaceX, despegó con éxito a bordo de un cohete Falcon 9 desde el complejo de lanzamiento espacial Cabo Cañaveral en Florida, EEUU, hasta la Estación Espacial Internacional (EEI).

Por primera vez en la historia, los astronautas de la Nasa viajan al espacio ultraterrestre en un vuelo de carácter comercial y no público, es decir, en un vuelo contratado a una empresa privada.

Este acontecimiento ha quedado opacado comunicacionalmente tanto por la pandemia del coronavirus, como por las protestas contra el racismo desatadas en EEUU luego del asesinato del afroamericano George Floyd en manos de agentes policiales blancos. De igual forma, la discusión política sobre este hecho ha sido aplazada para los espíritus más críticos tanto por la urgencia y gravedad de los problemas inmediatos —múltiples y de diferentes dimensiones—, como por las características de una discusión que pareciera ser cosa de un futuro lejano.

Sin embargo, este hecho es un problema político actual de primer orden. Entre otras razones, porque coloca directamente al capital estadounidense como decisor fundamental de la política ultraterrestre de la humanidad. Lo hace, además, en un momento histórico en el cual los EEUU se encuentran en plena lucha por mantener el liderazgo de un sistema-mundo capitalista sumido en una profunda crisis.

Este escenario, al mismo tiempo, nos lleva directamente a plantear la discusión estructural de si el proceso de alienación de nuestra casa, La Tierra —que es la quintaesencia de la condición humana, como lo planteaba Arendt— lo debe adelantar la misma lógica económica que actualmente mantiene en jaque la vida en el planeta.

Veamos de cerca algunos antecedentes que alimentan el planteamiento del problema político en discusión. En los últimos años, EEUU ha aprobado dos polémicas normas jurídicas que reconocen el derecho de sus ciudadanos a participar en la exploración y explotación comercial de los cuerpos celestes, incluyendo la Luna. El 25 de noviembre del año 2015, el Presidente Barack Obama promulgó la Ley The Commercial Space Launch Competitiveness Act, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos luego del intenso cabildeo de las empresas Planetary Resources, Deep Space Industries y Bigelow Resources, con intereses comerciales directos en el espacio exterior.

El 6 de abril del presente año, el Presidente Trump firmó una Orden Ejecutiva enmarcada en la citada Ley, referente a la explotación comercial de los recursos naturales de la Luna y otros cuerpos celestes. Entre otros elementos, dicha Orden Ejecutiva ordena taxativamente al secretario de Estado estadounidense oponerse a “cualquier intento, por parte de cualquier otro Estado u organización internacional, de considerar el Tratado de la Luna como un reflejo o expresión del derecho internacional consuetudinario”. De esa forma, el documento despacha un acuerdo internacional —asumido por una resolución de la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1979— que estipula la jurisdicción de la comunidad internacional, como un todo, sobre la Luna y otros cuerpos celestes. De igual forma, el texto publicado por la Casa Blanca establece: «Los estadounidenses deberían tener derecho a participar en la exploración comercial, la extracción y el uso de los recursos en el espacio ultraterrestre, de conformidad con la ley aplicable. El espacio exterior es un dominio legal y físicamente único de la actividad humana, y Estados Unidos no lo ve como un bien común global» (resaltado nuestro).

Como se puede observar, estos instrumentos de la legislación estadounidense se contraponen directamente con el derecho internacional. En esencia, el instrumento jurídico establecido en 1967 por las Naciones Unidas —Derecho Internacional del Espacio— establece que todas las zonas y cuerpos siderales deben ser considerados como patrimonio y responsabilidad de toda la humanidad. En otras palabras, la Luna y otros cuerpos celestes no pueden ser objeto de privatización y/o apropiación estatal o extensión de las potestades soberanas o sus competencias. Como una muestra de éste espíritu, citamos el Artículo II del instrumento de las Naciones Unidas: “El espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, de ninguna otra manera”.

Esta contradicción jurídica no solo es parte de la ya consabida práctica estadounidense de pasar, cuando les conviene a sus intereses, sobre lo establecido en el derecho internacional. No es una falta más. En realidad, es un problema político complejo, que cobra relevancia en la actualidad producto de las condiciones de viabilidad demostradas por el primer vuelo comercial al espacio. Ya no es una fábula la posibilidad de que estas empresas den inicio a otro ciclo de acumulación originaria, esta vez, de carácter ultraterrestre.

Para ello, los Estados Unidos, a través de la NASA, diseñaron un programa denominado Artemisa, que pretende establecer los lineamientos para la exploración y utilización de los recursos del espacio. Las agencias espaciales internacionales que se unan al programa propuesto por la NASA, lo harán mediante la ejecución de acuerdos bilaterales (Artemis Accords) que regulen la extracción y utilización de los recursos espaciales por parte de los actores participantes, públicos y/o privados. La NASA promueve, a través de Artemisa, el establecimiento de “Zonas Seguras”, que son el eufemismo que utiliza ese organismo para denominar las relaciones de propiedad que permitirán la explotación ordenada de los recursos espaciales. Esto, obviamente, a contracorriente de lo que dice el Tratado del Espacio Exterior —Derecho Internacional del Espacio— promulgado por la ONU en 1967.

Lo descrito hasta ahora nos hace pensar que pudiéramos estar en presencia de un nuevo proceso de ajuste estratégico del capital estadounidense en función de recuperar, mantener y consolidar su hegemonía en el sistema-mundo capitalista. Por supuesto, no faltará quien asuma el discurso ideológico de que estas empresas simplemente propugnan por el objetivo filantrópico de expandir las condiciones de existencia de la humanidad más allá de la esfera terrestre —and that Elon Musk is Iron Man—, y no el implacable objetivo de acumular más capital. No obstante, la historia en este caso es concluyente, y parece apuntar a que la crisis y la competencia por la hegemonía, presentes actualmente en el sistema-mundo capitalista, pudieran estar drenando, en el futuro cercano, como en otras ocasiones, hacia un nuevo ciclo expansivo sostenido por los recursos —nuevas mercancías— presentes en el espacio exterior, y hacia las tecnologías necesarias para explotarlos.

Por supuesto, otros países con dominio de la tecnología espacial participan de esta carrera. Es el caso de China y Rusia. Sin embargo, hasta los momentos, estos Estados se han mantenido bajo el paraguas del Derecho Internacional del Espacio, lo cual no quiere decir que no escondan el fin último de explotar para su beneficio los múltiples recursos que ofrece el espacio exterior. De hecho, estos actores no ocultan al mundo el poder de persuasión —incluyendo el militar— que representa el manejo de las tecnologías espaciales, caso patente en el desarrollo y uso de los cohetes de largo alcance. Ahora bien, la nueva configuración de las piezas con la que se presenta Estados Unidos en la carrera espacial, colocando a la empresa privada como vanguardia de este proceso, seguramente va a llevar a que otros actores muestren plenamente la dimensión de sus intereses y se asuma públicamente esta carrera dentro del discurso de confrontación hegemónica capitalista.

Para el resto del mundo, hay razones fundamentales y vitales para levantar la voz en esta discusión. Una de ellas es que este proceso, que viola descaradamente lo establecido por la ONU, lleva a consolidar y ampliar como nunca antes la estructura jerárquica desigual del sistema capitalista. Pero además, el mismo se está desarrollando con actores y prácticas que han puesto la vida en el planeta Tierra en peligro, a sabiendas de que es el único lugar, hasta los momentos, que hace posible naturalmente la vida humana.

Miguel H Saavedra, Sociólogo. Venezuela

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