Excmo. Sr. ministro,
El 24 de mayo de 2023, cuatro relatoras de Naciones Unidas pedían explicaciones a Marruecos sobre las condiciones en la cárcel de tres defensores de derechos humanos saharauis en el asunto AL MAR 2/2023. Se trata de Naâma Asfari, Khatri Dadda y Al-Hussein Al-Bashir Ibrahim (el Hussein Bachir que España entregó a Marruecos cuando pedía asilo). Las relatoras -Relatoras especiales sobre la situación de los defensores de derechos humanos, sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, sobre la independencia de jueces y abogados, sobre la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes- enumeran las denuncias de los tres presos, denuncias que consideran fiables, y preguntan a Marruecos sobre las medidas que este país ha tomado para que los defensores de los derechos humanos en Marruecos y en el Sáhara Occidental puedan llevar a cabo sus legítimas actividades de defensa de estos derechos en un entorno favorable sin amenazas, acoso, estigmatización o criminalización. Y piden protección de los derechos y libertades de los presos en cuestión, así como investigar sobre las violaciones que se hubieran perpetrado, que no se repitan y se lleve a los responsables ante la justicia.
Marruecos ha reaccionado con gran indignación. El 24 de julio denuncia un “tono particularmente virulento de la comunicación” de Naciones Unidas y tacha de alegaciones falsas las denuncias de los presos.
Se ha despachado con un panegírico sobre los derechos humanos en Marruecos cuyos defensores son protegidos y estimulados, y pueden organizar sus actividades en libertad y sin restricciones: libertad de expresión, de asociación, de manifestación, libertad para todos los grupos, estudiantes, sindicatos, periodistas, abogados, jueces. La sociedad civil es el actor clave para la elaboración de las políticas públicas.
Este es el cuento de hadas que Marruecos ha puesto sobre el papel en códigos, convenciones y dahires, pero que no se cumple. Si quieres encarcelar a un fotógrafo, no le acusas por el vídeo, le acusas de haber incendiado un coche de la policía; siempre hay testigos a mano.
Los presos benefician de todos los derechos garantizados por la ley y que preservan su dignidad, dice Marruecos. Las celdas tienen buenas condiciones de higiene, luz y ventilación. No hay política de alejamiento (sólo están a 1.200 km de su familia). No hay restricción de visitas (aunque la mujer de Naama, francesa,tenga vetada la entrada a Marruecos desde hace años). Los presos disfrutan de la compañía de otros detenidos (hay presos en aislamiento, cuatro desde hace 6 años). Teléfono fijo dos o tres veces a la semana de 15/20 minutos cada llamada. Seguimiento médico en la prisión y en hospitales; consultas oftalmológicas, dentales, lo que haga falta.
Marruecos no tiene pudor en tergiversar la realidad 180 grados. A continuación, un botón de muestra de lo que sucede a un defensor de los derechos humanos saharaui en una cárcel marroquí.
Abdelahi Ahmed Sidi (Abahah)
Abahah nació en 1975 y vivía en España. Se desplazó al campamento de Gdeim Izik para contribuir a la protesta saharaui.
En noviembre de 2010, tras la destrucción del campamento por Marruecos, fue detenido y torturado, y condenado posteriormente a cadena perpetua por un delito que ni cometió ni se probó. Cumple condena en la cárcel de Tifelt 2, a 1.230 kilómetros de El Aaiún.
En Mayo de 2018, el Comité contra la tortura de las Naciones Unidas pidió al Gobierno marroquí que pusiera fin al aislamiento prolongado de Abahah que empezó en septiembre de 2017, cuando disgregaron al grupo de Gdeim Izik y le trasladaron a la cárcel de Tiflet2. Estamos en julio de 2023 y Abahah sigue en aislamiento. El 1 de octubre de 2018, Abahah hizo una huelga de hambre de un mes en protesta por esta tortura, y no le sirvió de nada. Sí le sirvió para sufrir las represalias de una celda de castigo en la que no cabía estirado. Dormía en el suelo, y por debajo de la puerta le echaban agua, lo que posteriormente le causó reúma y dolores en el cuerpo.
Sigue en aislamiento. 6 años ya. Sale a un patio que es un pasillo sin sol, una vez al día,solo. Los demás presos, dos veces. Está en un módulo de presos peligrosos y cuando pasan cerca de su celda para ir al patio le amenazan de muerte.
Las llamadas no son de 20 minutos dos o tres veces a la semana, como dice Marruecos, sino de 3 o 4 minutos una vez a la semana. Cuando se da bien. Últimamente no se supo nada de él durante 20 días.
Tiene muchas enfermedades. Dolor en la espalda por la tortura, en las costillas.Le duelen mucho los riñones. En invierno lo pasa mal. ¿Serán cálculos? Le ha mirado una enfermera de la cárcel. Dice que es la vejiga o la próstata, sin más indagación. No le hacen pruebas. Orina sangre. Tiene dolor y acidez en el estómago. La dentadura, destrozada.
Hace 3 años que no le atiende un médico. En la cárcel, la ropa de los presos está clasificada por tipo de delito. A Abahah, para llevarle al hospital, le obligan a ponerse el uniforme que correspondería a un asesino. Y Abahah no consiente, así que no le llevan al hospital. Perderá la vida, pero no la dignidad.
La madre no tiene apenas ingresos. No se puede costear un viaje de más de 1.200 kilómetros, ni el alojamiento. Lleva seis años sin verle. Tiene problemas de audición, así que los 3 o 4 minutos que habla con él por teléfono semanalmente no le aprovechan mucho. Está deprimida.
Todas estas mentiras que -según Marruecos- alegan estos defensores de derechos humanos saharauis en cárceles de Marruecos podrían ponerse en evidencia con la visita de organismos internacionales, de asociaciones de derechos humanos, de la Cruz Roja Internacional, de los abogados de los presos. Ahí se podrían ver todas esas falacias. Pero allí no entra nadie. Nadie del Alto Comisionado de Derechos Humanos ha podido ir desde 2012. Los abogados de los presos no pueden visitar a sus clientes. No puede haber testigos de lo que sucede. Es evidente por qué. El alejamiento de sus familias no necesita demostración.
Este verano recapacite. La postura de España no puede seguir siendo la de apoyar una ocupación que está generando tanto sufrimiento, que es absolutamente contraria al derecho internacional y de la que España es responsable.
Cristina Martínez Benítez de Lugo participa en el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis
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