Genocidio. Lo que ocurrió en Guatemala entre 1978 y 1983 -el denominado quinquenio negro del conflicto civil que martirizó el país centroamericano entre 1962 y 1996- no tiene otro nombre. Esa es la calificación jurídica que da la ONU a la represión perpetrada por el ejército de Guatemala sobre las comunidades mayas durante ese periodo. […]
Genocidio. Lo que ocurrió en Guatemala entre 1978 y 1983 -el denominado quinquenio negro del conflicto civil que martirizó el país centroamericano entre 1962 y 1996- no tiene otro nombre. Esa es la calificación jurídica que da la ONU a la represión perpetrada por el ejército de Guatemala sobre las comunidades mayas durante ese periodo. Esa es la idea inequívoca que ofrecen, en su crudeza, las cifras: el balance de las violencias asciende, según la ONU, a unas 200.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos. El 93% de ellas, siempre según Naciones Unidas, fueron causadas por las fuerzas de seguridad del Estado y, en su gran mayoría, pertenecían a la población maya. En menor medida, la represión militar golpeó a opositores de los violentos regímenes derechistas que se alternaron en el poder en las tres décadas y media de conflicto.
Pero si las definiciones jurídicas y las cifras son significativas, las confesiones de algunos militares trazan directamente, con escalofriante nitidez, el diseño de una barbarie aberrante cumplida en medio del más absoluto desinterés del resto del mundo. Una masacre de la que nadie pudo, o quiso, oír los gritos. Y por la que nadie, hasta la fecha, ha cumplido un solo día de cárcel. Un genocidio impune.
«Los de la inteligencia eran los encargados de sacarle la verdad a la gente. Les ponían una capucha con gamezán (agresivo químico), les sacaban los ojos con cuchara, les cortaban la lengua, les colgaban de los testículos…». «Yo les arranqué las uñas de los pies y después los ahorqué… les picaba el pecho a los hombres con bayoneta, la gente […] me suplicaba que no le hiciera daño… pero llegaban el teniente y el comisionado… y me obligaban cuando veían que yo me compadecía de la gente…».
Una masacre en la sombra
Estas escalofriantes confesiones -junto a otros miles de testimonios- fueron recogidas en la segunda mitad de los años noventa y publicadas en 1999 por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) sobre Guatemala de la ONU. De ella formó parte el investigador Prudencio García, coronel retirado del ejército español y experto en materia de derechos humanos y sociología militar.
Como fruto de aquella experiencia, García acaba de publicar El genocidio de Guatemala (editado por SEPHA), un análisis de lo ocurrido en el país centroamericano en las últimas décadas; una reflexión sobre la violencia brutal «dirigida fundamentalmente desde el Estado en contra de los excluidos, los pobres y, sobre todo, la población maya» para conservar «una estructura económica caracterizada por la concentración en pocas manos de los bienes productivos» y animada por «elementos de una cultura racista», según reflejan las conclusiones de la CEH.
«El caso de Guatemala permanece en gran medida desconocido para la opinión pública», observa Prudencio García. «Sin duda, los excesos de Chile y Argentina, con sus fuertes repercusiones mediáticas, proyectaron una intensa sombra sobre los horrores, muchos más graves, que se estaban desarrollando simultáneamente en Guatemala, contribuyendo a que tales horrores pasaran inadvertidos a nivel internacional».
«En Guatemala», prosigue, «se han cometido atrocidades que resultarían increíbles si no estuvieran sobradamente documentadas: empalamientos, mutilaciones terribles, casos de antropofagia… Sé que es muy duro describir esas cosas con los detalles aportados por los testimonios, pero soy de los que creen que en los casos de grandes atrocidades y genocidios resulta necesario dar a conocer a todo el mundo lo que pasó en realidad. El conocer lo ocurrido y profundizar en sus causas genera un cierto efecto vacuna, que dificulta su repetición». Por añadidura, la necesidad de la verdad resulta reforzada por la «escandalosa e impenetrable impunidad que todavía protege a los responsables de aquella barbarie».
«Siempre es muy difícil castigar a los altos responsables de este tipo de crímenes. Pero en Guatemala el problema es que, a diferencia de otros países de Latinoamérica, el ejército todavía no ha reconocido los grandes crímenes cometidos y, al mismo tiempo, sigue manteniendo un increíble grado de control sobre la sociedad civil, incluido su aparato judicial. Aunque se ha logrado alguna sentencia excepcional en otro tipo de casos, sigue resultando imposible procesar y castigar a los culpables del genocidio», señala el analista.
Es una situación inaceptable que, a pesar de las denuncias, permanece en segundo plano en las prioridades internacionales. «Ante el fracaso de la justicia guatemalteca, la Corte Penal Internacional es impotente, ya que no puede tratar retroactivamente de los delitos cometidos antes de julio de 2002, fecha de su entrada en vigor. La Corte Interamericana [dependiente de la Organización de Estados Americanos] tampoco tiene los poderes necesarios, ya que carece de atribuciones para condenar a los individuos, sino sólo a los Estados. De hecho, ya ha condenado a Guatemala en casos de gran importancia, pero los grandes criminales siguen libres».
De allí surge, argumenta García, «la relevancia fundamental del papel que podría y debería jugar la justicia española, al igual de lo que se hizo respecto a los casos argentino y chileno. Pero, de momento, el último pronunciamiento del Tribunal Supremo, en 2003, negó [por ocho votos contra siete] que España pudiera aplicar en este caso la jurisdicción universal para enjuiciar los delitos de genocidio, torturas y terrorismo perpetrados en Guatemala». La decisión del Supremo confirmó una anterior, del año 2000, de la Audiencia Nacional.
«Se comprende hasta cierto punto», comenta García, «que en el año 2000 la Audiencia Nacional decidiera así, alegando que sólo había transcurrido un año desde el informe de la CEH, y que era necesario conceder más tiempo a la justicia guatemalteca para ocuparse de los crímenes en cuestión. Pero a estas alturas está clara la absoluta incapacidad de aquella justicia para romper el muro de impunidad que sigue protegiendo a los responsables». La cuestión está actualmente pendiente ante el Tribunal Constitucional.
La elección de Óscar Berger como presidente de Guatemala, en enero de 2004, ha cambiado muy poco las cosas. El analista valora «negativamente y con pesimismo» la evolución del país. De hecho, no sólo la impunidad permanece, sino que la inseguridad ciudadana incluso ha crecido.
En 2004, en Guatemala -un país de unos 12 millones de habitantes con un PIB per cápita de 3.500 euros y con una superficie equivalente a un quinto de la de España-, se produjeron 4.346 muertes violentas. Fueron expulsados de la Policía Nacional 542 agentes al ser sorprendidos en la comisión de delitos.
El general y ex dictador Efraín Ríos Montt -que estuvo en el poder entre marzo de 1982 y agosto de 1983- pudo presentarse a finales de 2003 a las elecciones presidenciales, finalmente ganadas por Berger, a pesar de la prohibición establecida por la Constitución guatemalteca para aquellos candidatos que fueron golpistas, como Montt. En Guatemala, la ley todavía no es imperativa para todos.
La rutina de la violencia
SÓLO EN EL MES DE JUNIO, 83 personas fueron asesinadas en Guatemala, según las estadísticas policiales. La cifra, en un país de unos 12 millones de habitantes, es el reflejo de la enésima ola de violencia que martiriza una sociedad incapaz de garantizar la seguridad ciudadana.
Ante los múltiples asesinatos de estas semanas, en más de una ocasión el procurador de los derechos humanos de Guatemala, Sergio Morales, ha manifestado su preocupación, subrayando que, por sus características, los homicidios pueden ser el producto de una «limpieza social».
El presidente de Guatemala, Óscar Berger, aseguró -en unas declaraciones recogidas por EFE hace quince días- que los crímenes cometidos en las últimas semanas son el resultado de una «guerra abierta» entre grupos de narcotraficantes y del crimen organizado. Berger señaló que se trata de hechos «muy preocupantes», pero matizó que se trata de actos de violencia que no se dirigen en contra de la población y que en los últimos meses ya no se producen «secuestros, asaltos a autobuses o bancos».
Sin embargo, las crónicas hablan de ciudadanos asesinados durante atracos y de adolescentes asesinadas por oponer resistencia a los delincuentes que pretenden violarla. Las ‘maras’, nombre con el que se conocen las temibles pandillas juveniles, cada vez más acosan y amedrentan la ciudadanía.
A finales de junio, un grupo de hombres armados irrumpió en la comunidad de San Lucas Tolimán -110 kilómetros al oeste de la capital-, donde arengaron a los parroquianos y advirtieron de que «ajusticiarían» a todos los delincuentes de la zona. Los hombres dejaron colgada una pancarta en la que se identificaron como «grupo de limpieza social».
Entre las densas nubes negras que oscurecen el horizonte guatemalteco hay que señalar un prometedor rayo de luz: la orden de detención emitida por la Fiscalía General de Guatemala en contra del ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004) por los delitos de peculado y malversación de fondos públicos, el pasado 8 de julio. Portillo es acusado por la Fiscalía de ser el principal responsable del desvío de 120 millones de quetzales (13 millones de euros) que desaparecieron tras ser transferidos al Ministerio de Defensa. La Fiscalía ha anunciado que pedirá la extradición del ex presidente a México.