Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Un hombre pasa frente a una pantalla que muestra imágenes del presidente chino Xi Jinping en Kashgar, en la región noroeste de Sinkiang, China, el 4 de junio de 2019. (Foto: Greg Baker/AFP Vía Getty Images)
Puede que dos alarmantes hechos recientes consigan finalmente despertar al mundo a la escala y horror de las atrocidades que se cometen contra los uigures, una minoría étnica musulmana, en Sinkiang, China. Uno es un acreditado informe que documenta la esterilización sistemática de las mujeres uigures. El segundo se refiere a la incautación por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos de 13 toneladas de productos fabricados con cabello humano que se le ha cortado a la fuerza a los uigures encarcelados en campos de concentración. Ambos eventos evocan paralelos escalofriantes con atrocidades cometidas en el pasado en otros lugares, la esterilización forzada de minorías, discapacitados e indígenas, y la imagen de las montañas de cabello conservadas en Auschwitz tras una pantalla de cristal.
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de la cual China es signataria, define el genocidio como actos específicos contra miembros de un grupo con la intención de destruir ese grupo en su totalidad o en parte. Estos actos incluyen (a) matar; (b) causar daños corporales o mentales graves; (c) Someter intencionadamente a un grupo a condiciones de existencia que puedan acarrear su destrucción física total o parcial; (d) imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo; y (e) transferir a la fuerza a los niños del grupo a otro grupo. Cualquiera de estas categorías constituye genocidio. La abrumadora evidencia de la campaña deliberada y sistemática del Gobierno chino para destruir a los uigures cumple claramente cada una de estas categorías.
Más de un millón de uigures turcos están detenidos en campos de concentración, cárceles y fábricas de trabajos forzados en China. Los detenidos están sujetos a una disciplina de tipo militar, transformación de pensamiento y confesiones forzadas. Son maltratados, torturados, violados e incluso asesinados. Los supervivientes informan haber sido sometidos a descargas eléctricas, simulación de ahogamiento, palizas repetidas, posiciones de estrés e inyecciones de sustancias desconocidas. Estos campos de detención masiva están diseñados para causar graves daños físicos, psicológicos y romper mentalmente a los uigures. Las repetidas órdenes del gobierno de “romper su linaje, romper sus raíces, romper sus conexiones y cortar con sus orígenes”; “capturar a todos los que hay que capturar”; e impedir sistemáticamente los nacimientos uigures demuestran una clara intención de erradicar al pueblo uigur en su conjunto.
Ekpar Asat (hermano de una de las autoras de este artículo) es un ejemplo emblemático de cómo se ataca a los uigures, con independencia de que el Partido Comunista les haya reconocido como ciudadanos chinos modelo. Asat fue elogiado por el gobierno por su liderazgo comunitario como “constructor de puentes” y “fuerza positiva” entre las minorías étnicas y el gobierno local de Sinkiang. Pero Asat sufrió el mismo destino que más de un millón de otros uigures, desapareciendo en 2016 entre las sombras de los campos de concentración. Se encuentra recluido en régimen incomunicado y se ha sabido que cumple una condena de 15 años por el falso cargo de “incitación étnica al odio”. No se dispone de un solo documento judicial al respecto.
En 2017 Sinkiang emprendió una brutal “Campaña especial para vigilar las violaciones del control de la natalidad”, junto con directivas locales específicas. En 2019 el gobierno planeaba someter a más del 80% de las mujeres en edad fértil en el sur de Sinkiang a la implantación forzosa de dispositivos intrauterinos (DIU) y a la esterilización. El objetivo es lograr “incidentes cero de violación del control de natalidad”. Documentos gubernamentales revelan una campaña de esterilización masiva de las mujeres, con apoyo de fondos estatales, para llevar a cabo cientos de miles de esterilizaciones en 2019 y 2020. Esto va mucho más allá de la escala, per cápita, de esterilización forzada infligida a las mujeres por toda China en función de la superada política de un solo hijo.
Para implementar estas políticas, el gobierno de Sinkiang llevó a cabo investigaciones “trampa” para cazar a las mujeres en edad de procrear. Una vez detenidas, estas mujeres no han tenido más remedio que someterse a una esterilización forzada para evitar ser enviadas a un campo de internamiento, teniendo que soportar inyecciones, abortos y drogas desconocidas.
Las estadísticas están mostrando que el gobierno está cumpliendo sus objetivos de impedir los nacimientos de niños uigures.
Entre 2015 y 2018 las tasas de crecimiento de la población en el corazón uigur se desplomaron en un 84%. Documentos oficiales muestran que las tasas de esterilización se dispararon en Sinkiang mientras se desplomaban, en cambio, en el resto de China, y la financiación para estos programas no hace sino aumentar. Entre 2017 y 2018 el porcentaje de mujeres infértiles o viudas en uno de los distritos aumentó en un 124% y 117%, respectivamente. En 2018 el 80% de todas las colocaciones de DIU en China se realizaron en Sinkiang, a pesar de representar solo el 1,8% de la población de China. Estos DIU solo pueden extraerse mediante cirugías aprobadas por el Estado o, de lo contrario, entrar en prisión. En Kashgar solo alrededor del 3% de las mujeres casadas en edad de procrear dieron a luz en 2019. Los últimos informes anuales de algunas de estas regiones han comenzado a omitir por completo la información sobre la tasa de natalidad para ocultar la escala de la destrucción. El gobierno ha cerrado toda su plataforma online después de estas revelaciones. La escala y el alcance de estas medidas están claramente diseñados para detener los nacimientos uigures.
Con los hombres uigures detenidos y las mujeres esterilizadas, el gobierno ha sentado las bases para la destrucción física de los uigures. Al menos medio millón de niños uigures han sido separados de sus familias; el Estado los está criando en los llamados “refugios para niños”.
Lo que hace que este genocidio sea particularmente peligroso es su sofisticación tecnológica, que permite una gran eficiencia en la destrucción y ocultamiento de la atención global. Los uigures están sufriendo un Estado policial muy avanzado, con amplios controles y restricciones en todos los aspectos de la vida: religiosos, familiares, culturales y sociales. Para facilitar la vigilancia, Sinkiang opera bajo un sistema de gestión de redes. Las ciudades y pueblos se dividen en cuadrados de aproximadamente 500 personas. Cada cuadrado tiene una comisaría que controla de cerca a los habitantes escaneando regularmente sus tarjetas de identificación, rostros, muestras de ADN, huellas digitales y teléfonos celulares. Estos métodos se complementan con un sistema operado por una máquina conocido como Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas. El sistema utiliza el aprendizaje automático para recopilar datos personales de videovigilancia, teléfonos inteligentes y otros registros privados para generar listas de detención. Hay más de un millón de observadores chinos de la etnia han colocados en hogares uigures, lo que hace que incluso los espacios íntimos estén bajo los ojos del gobierno.
El Gobierno chino opera el sistema de vigilancia masiva más intrusivo del mundo y deniega en repetidas ocasiones un acceso significativo al mismo por parte de la comunidad internacional. Por lo tanto, nos corresponde evaluar la naturaleza, profundidad y velocidad del genocidio y actuar ahora antes de que sea demasiado tarde.
Reconocer o negarse a llamarlo genocidio puede ser una cuestión de vida o muerte. En 1994 cuando los funcionarios estadounidenses terminaron de debatir la aplicabilidad del término a la situación en Ruanda, casi un millón de tutsis habían sido ya asesinados. Un documento fechado el 1 de mayo de 1994, en el apogeo del genocidio, de un funcionario de la Oficina del Secretario de Defensa de EE. UU. afirmaba: “El reconocimiento de una situación de genocidio podría comprometernos a hacer realmente algo”. Cuatro años después, el presidente Bill Clinton se presentó ante los supervivientes de Ruanda y reflexionó sobre el fracaso histórico de su administración y prometió: “Nunca más debemos ser tímidos frente a las evidencias”.
Con la aprobación de la Ley de Política de Derechos Humanos respecto a los uigures, el Gobierno estadounidense ha comenzado a tomar medidas en la dirección correcta para evitar otra catástrofe humana. 78 miembros del Congreso han hecho un llamamiento a la administración para que imponga las sanciones de la Ley Magnitsky a los funcionarios chinos responsables y la emisión de una declaración formal de la atrocidad de los crímenes, incluido el genocidio. Hasta ahora, la administración ha impuesto oficialmente sanciones Magnitsky a cuatro funcionarios chinos y a una entidad que están a cargo del orwelliano sistema de vigilancia y son responsables de la expansión de los campos de internamiento en Sinkiang. El gobierno de Estados Unidos debe hacer ahora una determinación oficial de genocidio. Esto no será difícil, ya que el portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, ha afirmado ya que “lo sucedido con los uigures… es potencialmente el peor crimen que hemos visto desde el Holocausto”.
Una declaración formal de genocidio no es solo simbólica. Catalizará a otros países a unirse en un esfuerzo concertado para poner fin al genocidio en curso en Sinkiang. También incitará a los consumidores a rechazar las más de 80 marcas internacionales que se benefician del genocidio. Además, la determinación fortalecerá los recursos legales para sancionar a las empresas que se benefician de la esclavitud moderna en sus cadenas de suministro originadas en China y obligar a las entidades comerciales a abstenerse de beneficiarse del genocidio y comprometerse con el abastecimiento ético.
En nuestro mundo interconectado, no solo somos espectadores, si no reconocemos el genocidio cuando lo vemos, lo que somos es cómplices.
Rayhan Asat es abogada, presidenta de la Asociación Internacional de Abogados Turco-Estadounidenses y hermana de Ekpar Asat.
Yonah Diamond es asesor legal del Centro por los Derechos Humanos Raoul Wallenberg.
Fuente:
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