Más de 300 soldados del ejército turco rodearon la mañana del 14 de mayo de 1994 el pueblo de Arikli, en la provincia de Lice, a unos 80 quilómetros de Diyarbakir, la capital del Kurdistan del norte. Allí vivían 105 familias, la mayoría dedicadas al cultivo de la tierra y al cuidado del ganado. El […]
Más de 300 soldados del ejército turco rodearon la mañana del 14 de mayo de 1994 el pueblo de Arikli, en la provincia de Lice, a unos 80 quilómetros de Diyarbakir, la capital del Kurdistan del norte. Allí vivían 105 familias, la mayoría dedicadas al cultivo de la tierra y al cuidado del ganado. El motivo de la ocupación militar de la villa: el ejército turco quería evacuar el pueblo para impedir que sus habitantes ayudaran a la guerrilla kurda del PKK. Huseyn recuerda como les obligaron a reunirse frente a la escuela, y como les dijeron que debían coger sus cosas y abandonar inmediatamente el pueblo. Pero antes que pudieran regresar a sus casas, los soldados empezaron a quemar algunas, así que muchos tuvieron que huir solo con lo puesto. La confusión se apoderó de los habitantes, y en la huida catorce de ellos desaparecieron y nunca más se volvió a saber de ellos.
En Gonakazo, pueblo kurdo con sólo veinte casas que fue evacuado en 1992, la actuación del ejército también fue brutal. En el momento de la evacuación, cuenta Nezrifa, una mujer mayor que huyó del pueblo y actualmente vive en Diyarbakir, les cerraron en las casas y les torturaron, también a los niños. Además, ella misma y otras mujeres fueron violadas.
Como Arikli y Gonakazo, las historias de represión brutal, de quema y de destrucción de casas para evacuar sus habitantes se repitieron en más de 4.000 núcleos de población entre 1987 y 1999; todos ellos pueblos de las 22 provincias kurdas que están dentro del Estado turco. La expulsión provocó una migración de unos tres millones y medio de personas, que mayoritariamente marcharon a vivir en las grandes ciudades, tanto kurdas como turcas.
La llegada a las ciudades no fue nada fácil para éstos millones de refugiados. Sefika Gürbüz es presidenta de Goç-Der (la organización que apoya los migrantes forzados) en Istanbul. Gürbüz lamenta que a los evacuados tuvieron y continúan teniendo problemas «para que les alquilen casas, a los niños les acusan de terroristas en la escuela, el 80% de las mujeres no habla bien el turco y no puede participar en la vida social. Además, como muchas mujeres y hombres eran campesinos y no saben desarrollar otras tareas tienen que mandar sus hijos pequeños a trabajar».
Protectores de las villas
«Teníamos una opción para que no nos echaran», reconoce Huseyn, «hacernos ‘protectores de las villas’, un cuerpo paramilitar creado por el ejército turco. Nos lo propusieron ya en 1987, pero nadie de Arikli aceptó. De toda la provincia de Lice, 57 pueblos se negaron y fueron quemados y evacuados, sólo uno se salvó de las llamas porque sus habitantes se unieron a los paramilitares».
«Cómo íbamos a hacernos ‘protectores de las villas’? Cómo íbamos a luchar contra nuestros hermanos del PKK?» se pregunta Ayse, una mujer joven que fue evacuada junto a su familia en 1992 de Çaldere, pueblo de la provincia de Silvan que tenía unos 800 habitantes. «Los miembros de la guerrilla son kurdos, así que unirnos a los ‘protectores de las villas’ sería luchar contra nuestro propio pueblo». La afirmación no es sólo simbólica, pues jóvenes de muchos de los pueblos evacuados se habían unido al PKK antes de la migración forzosa, y sus habitantes daban comida a los guerrilleros que se acercaban a los pueblos. Pero las evacuaciones tuvieron un efecto, en parte, contrario al esperado: miles de chicos y chicas se unieron a las filas del PKK.
El difícil retorno a los pueblos evacuados
Hasta el año 1997 el Estado turco no reconoció que se habían evacuado poblaciones, aunque lo justificó dentro de la estrategia «antiterrorista». Dursum Özdogan, responsable de Goç-Der en Diyarbakir, explica que este reconocimiento público, sumado a las 8.000 denuncias que se han presentado frente a la Corte Europea de los Derechos Humanos y a la voluntad de Turquía de incorporarse a la Unión Europea, han hecho posible que Europa haya forzado a Turquía a resolver un problema que aún no está cerrado.
Frente a esta presión de Bruselas, Ankara aprobó una ley en 2004 que ha llamado de compensación para ayudar a los habitantes de las villas evacuadas a regresar a sus hogares. Özdogan explica que ya son 250.000 las familias que han presentado una petición de indemnización de acuerdo a lo que establece la ley, el problema es que la cantidad que está asignando el Estado a cada familia no es suficiente para regresar: «De promedio se está adjudicando 10.000 euros por familia. Esto no tiene en cuenta que las familias tendrán que rehacer de nuevos las casas quemadas, comprar el ganado que le mataron, volver a trabajar los campos… Y no hay que olvidar que las familias kurdas son extensas y viven juntas, así que es habitual que en una casa vivan 20 personas. También se tendría que compensar el alquiler que han estado pagando durante los años que han tenido que vivir en las ciudades. Si tenemos todo esto en cuenta, los números no salen».
Así pues, la mayoría de las familias que recurrieron a la ley no han aceptado lo que les da el gobierno. Su esperanza es que los nuevos diputados kurdos del DTP (Partido de la Sociedad Democrática) presionen, tal y como se comprometieron, para mejorar la ley. Aunque las familias evacuadas también son conscientes de las dificultades que tendrán estos parlamentarios, como reconoce la joven Ayse: «Con el nuevo grupo parlamentario, es evidente que podrán hacer presión, pero sabemos que tal vez no lo lograran. Nosotros igualmente les damos nuestro apoyo».
Algunos habitantes de los pueblos ya han regresado a las villas, incluso antes de la aprobación de la nueva ley. Empezaron a volver en el año 2000, cuando el PKK anunció un alto el fuego unilateral. Es el caso de Abulgufur Ates, de Tepecik, pueblo de la provincia de Kocukoy, evacuado en 1992. Ates reconoce que él pudo regresar porque aun tenía muchas tierras en el pueblo, pero que los que tenían pocas o ninguna no tienen medios para volver. Como él, hasta 30 familias se han instalado en Arikli. Otros 100 núcleos familiares viven aun en las ciudades, y a pesar de haber reclamado la ayuda al Gobierno, no la han aceptado porque la consideran insuficiente. Galip Alacuk, uno de los que no ha regresado, explica que la gente que está más organizada conoce la intención real del Gobierno con la ley de compensación y por eso no acepta la indemnización: «Es solo un juego de cara a la Unión Europea, es puro maquillaje».
La necesaria resolución del conflicto
Para Goç-Der y muchos de los pobladores, cuenta Özdogan, antes de regresar a los pueblos el Gobierno tendría que afrontar distintos aspectos: «hay que resolver el conflicto político existente en ésta área para que los habitantes puedan volver a sus pueblos con seguridad y tranquilidad; hay que desmovilizar a los 90.000 ‘protectores de las villas’ que aun existen y que atemorizan a la población, viven en casas evacuadas y trabajan tierras que no son suyas; hay que desminar los campos, pues hoy en día aun sigue muriendo de media una persona cada semana por culpa de las minas; hay que indemnizar adecuadamente a las familias para que puedan reconstruir sus casas, volver a trabajar sus tierras y hay que restaurar los pueblos y llevar electricidad, agua potable, sanidad y educación».
Además, Sefika Gürbüz, de Istanbul, avisa del peligro real que si el Gobierno turco aprueba la operación militar de cruzar la frontera iraquí y atacar a los campamentos del PKK, se cree de nuevo una área de seguridad y los pueblos vuelvan a ser evacuados, haciendo imposible el deseado regreso a Arikli, Gonakazo, Çaldere y los otros 4.000 pueblos que sufrieron la brutalidad del ejército turco.