Las protestas de la población canaca se producen contra una reforma electoral que beneficiará aún más a los colonos asentados recientemente en la isla. De fondo están los beneficios de la minería de níquel, que la metrópolis quiere acaparar.
Los disturbios en Nueva Caledonia han llevado al Gobierno de la República francesa a intensificar la represión en la isla del Pacífico. Esta semana, el alto comisionado Louis Le Franc ha anunciado que se multiplica, hasta casi duplicar, la presencia policial: de 1.700 a 2.700 agentes. Oficialmente cinco personas, de ellas dos policías, han muerto en los enfrentamientos, que se producen como consecuencia de un cambio legal del sistema de elección de representantes que discrimina a la población autóctona, los canacos, que representa el 40% del total, pero que también obedecen a la profunda desigualdad entre la población canaca y los colonos que, organizados en milicias, habrían llevado a cabo las ejecuciones de civiles. Las organizaciones canacas aseguran que la cifra de muertos entre la población civil podría ser mayor.
Desde el miércoles 15 de mayo ha sido decretado el estado de emergencia en el archipiélago y el ejército se ha desplegado alrededor de los puertos y aeropuertos. Más de doscientas personas han sido detenidas. La situación ha empeorado por los problemas de acceso a los alimentos —por problemas de distribución, según el gobierno insular— y a la asistencia sanitaria generados desde que los disturbios dieran comienzo a comienzos de mayo.
El Gobierno ha manifestado que en varios barrios el “control ya no está asegurado” y espera desactivar las barricadas con explosivos colocadas por las masas de manifestantes. Se calcula que estos son en torno a 9.000 personas, de las cuales 5.000 están en Numea, la capital, especialmente en los barrios de Kaméré, Montravel y Vallée-du-tir. Además, la metrópolis ha prohibido el acceso a Tik Tok —red usada para la información entre quienes protestan— y el ministerio de Justicia ha anunciado “sanciones más severas contra los alborotadores y saqueadores”.
La Célula de Coordinación de Acciones sobre el Terreno (CCAT) es la principal organización de la población canaca y, desde el primer momento, ha vinculado las protestas al “sabotaje metódico del proceso de descolonización por parte del Estado francés”. El hecho es que, desde 1986, Nueva Caledonia forma parte de los territorios a descolonizar según Naciones Unidas. “Desde que Emmanuel Macron llegó al poder, Francia ha saboteado radicalmente el proceso de descolonización”, señala la organización anticolonial Survie en un comunicado.
La respuesta del Gobierno ha sido descalificar a la CCAT como una organización “mafiosa” y denunciar la injerencia extranjera de Azerbaiyán, país que, según el Eliseo, estaría tomándose una venganza por el apoyo de Francia a sus rivales armenios en el conflicto de Nagorno-Karabaj.
Por qué surgen las protestas en Nueva Caledonia
Las protestas surgen como respuesta a una reforma del gobierno francés destinada a ampliar el electorado para las elecciones provinciales de Nueva Caledonia, territorio con una población estimada de 300.000 personas. El plan pasa por ampliar el derecho a voto a la población colona de última hornada, unas 25.000 personas, que incrementaría la exclusión en el sistema representativo de ese 40% de autóctonos de la isla, los más castigados por pobreza y exclusión. Los colonos ya pueden votar en las elecciones presidenciales francesas y las municipales, pero el plan cambiaría el equilibrio en las provinciales.
De este modo, interpretan los partidarios de la independencia y la población canaca, se revertiría el “Acuerdo de Numea” de 1988, que otorga más garantías a la población canaca para privilegiar aun más a los colonos de asentamiento que paulatinamente se han ido instalando en el territorio atraído por las ventajas fiscales y a la relación entre sus altos salarios con estándares europeos y los bajos precios del archipiélago.
Se trata de un clavo más en un giro de mano dura dirigido por el Gobierno de Macron que, en 2021, impuso un referéndum para apuntalar el poder colonial francés sobre el archipiélago pese a las demandas de aplazamiento de canacos y voces importantes de la sociedad francesa, que pedían respeto al luto canaco por los muertos del covid-19. Como era previsible, la abstención determinó los resultados.
El actual proyecto de ley constitucional para “descongelar” al
electorado, que ha sido votado en el Senado y debe ser refrendado por la
Asamblea Francesa, ha generado múltiples protestas que incluyen huelgas
en el puerto y en el aeropuerto de Numea, cierre de numerosas
administraciones, el inicio de un motín en la prisión de Numea, y los
enfrentamientos entre policía y jóvenes de los barrios obreros de Numea.
Como señala una nota del periódico ambientalista Reporterre, el control de Nueva Caledonia es estratégico para Francia. La isla alberga entre el 20 y el 30% de los recursos mundiales de níquel, un recurso utilizado en la fabricación de baterías para coches eléctricos. Una de cada cuatro personas trabajan en el sector del níquel, pese a lo cual la industria se encuentra en crisis, lo que ha llevado a la metrópolis, de la mano de Bruno Le Maire, ministro de economía, a presentar un “pacto del níquel” que introduciría ayudas millonarias al sector pero que, al mismo tiempo, revierte un acuerdo de 1998 por el que la isla se aseguraba la gestión del níquel.
El pacto propuesto, explica un experto citado por Reporterre, se aleja “completamente del modelo de ingresos mineros que benefician a Nueva Caledonia para su propio desarrollo” y cumple punto por punto una lógica neocolonial. Además, la metrópolis pretende que el archipiélago exporte más material en bruto lo que haría perder a Nueva Caledonia el beneficio añadido del procesamiento in situ del níquel.