Recientemente se dio por terminado el polémico título 42, por parte del gobierno estadounidense. Esta medida la impuso el gobierno de Trump e hizo posible, mediante el uso político y tendencioso de argumentos sanitarios en el contexto de la pandemia, que las autoridades de Estados Unidos (EU) rechazaran migrantes de manera vertiginosa, y sin darles posibilidad de solicitar asilo -como es su derecho-. La ejecución de esta medida hizo posible que, durante los más de dos años de pandemia, los gobiernos de Trump y Biden impidieran la llegada de centenas de miles de extranjeros que, huyendo de situaciones de alta precariedad y después de haber vivido travesías migratorias de alta exclusión y violencia en diferentes países, buscaban mejores condiciones de vida en EU.
No obstante, aunque deja de estar vigente el Título 42, el panorama para decenas de miles de migrantes para nada ha mejorado con la nueva modalidad del Título 8. Bajo otras formas y mediante cambios en la ejecución fáctica de la ley migratoria, la criminalización y el control migratorio estadounidense continúan. Ahora para solicitar asilo se han establecido, entre otros, dos requerimientos obligatorios que hacen muy difícil el trámite para centenas de miles de extranjeros. Por un lado, es necesario iniciar el proceso a través de una aplicación (lo que requiere el uso de teléfonos inteligentes); y, además, dicha aplicación solo funciona bien en el área de la frontera México-EU, y cerca de determinados puntos de entrada. Y, por otra parte, a las poblaciones en condición migratoria irregular que lleguen vía terrestre por el sur a través de su paso por el territorio mexicano -como las procedentes de Sur y Centroamérica- de primera instancia no pueden pedir asilo en EU. Para poder iniciar el trámite de asilo en EU tendrán primero que haber pedido refugio en México y que el gobierno de ese país se los haya negado. Finalmente, aquellos migrantes que sean deportados por no cumplir con los requisitos que ahora impone EU, tendrán una prohibición temporal para re-entrar, y no podrán intentarlo otra vez hasta dentro de cinco años -y si lo hicieran, podrían enfrentar cargos criminales-.
En estos escenarios, de facto los migrantes no importan como seres humanos para el gobierno estadounidense, y se vuelven rehenes y activos políticos de las batallas electorales entre republicanos y demócratas.
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