El coronavirus está presente ahora en todos los estados de EE.UU. con 530.026 personas contagiadas y 20.614 fallecidas. Las estadísticas indican que por el momento la pandemia ya ha alcanzado el pico. El debate, actualmente, gira en torno a la estrategia para relanzar la economía sin desencadenar una segunda ola de contagios. La campaña electoral está parada. Empieza a emerger la lucha de clases.
El virus saca a la luz las desigualdades económicas y sociales a través de las disparidades raciales. En Chicago, la población negra representa el 32 % del total de habitantes, pero aporta el 72 % de las muertes por coronavirus, y las estadísticas son parecidas en otras ciudades. En Nueva York, las personas negras y de origen latino duplican la tasa de mortalidad de la población blanca. Esto se debe en gran parte a las patologías preexistentes –hipertensión, diabetes y enfermedad respiratoria–, pero también a la falta de asistencia sanitaria y al hacinamiento en las viviendas.
El racismo estadounidense asoma por todas partes en esta crisis. EE.UU. ha cerrado prácticamente la frontera sur a la inmigración y no permite la entrada de las personas refugiadas que solicitan asilo en EE.UU. Estas personas se hallan ahora esperando en campamentos superpoblados en México, donde está propagándose el coronavirus. Estadounidenses de origen asiático han sufrido abusos verbales y ataques violentos por considerarlos portadores de lo que Donald Trump ha llamado el “virus chino”.
En estos momentos hay oficialmente 17 millones de parados, más que el pico de 14,7 millones durante la Gran Recesión, en junio de 2009. Aunque los parados recibirán subsidios de desempleo estatales de más 600 dólares hasta el 31 de julio, en EE.UU. los desempleados también pierden habitualmente su seguro médico. Muchos parados carecen de comida y han acudido a los bancos de alimentos. En todo el país se ven kilométricas caravanas de coches en los que familias desesperadas esperan a que les entreguen una caja o dos de productos alimenticios.
El presidente Trump, el Partido Republicano y algunas empresas quieren que los trabajadores y trabajadoras vuelvan al trabajo, incluso poniendo en riesgo su salud. El doctor Robert Redfield, director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), dijo la semana pasada en la Casa Blanca que el personal esencial –porteros, empleadas domésticas, personal del sector de la alimentación y la agricultura, de fabricación de productos de primera necesidad, de tecnologías de la información, del transporte, energía y servicios públicos– que había estado expuesto a casos confirmados o sospechosos de Covid-19 podían volver al trabajo si no tenían síntomas. Algunos profesionales de la sanidad criticaron la iniciativa diciendo que violaba las propias normas de los CDC y pondría en peligro a quienes acudieran a trabajar.
La profunda recesión económica ha dado lugar a una crisis fiscal, puesto que los negocios que han cerrado no pagan impuestos municipales y estatales. Numerosos estados y municipios de EE.UU. han empezado a proponer recortes presupuestarios, curiosamente, en muchos casos, recortes en saneamiento, sanidad, transporte y educación. La ciudad de Nueva York tiene previsto recortar 1.300 millones de dólares, de los que unos 264 millones se retraen de la educación. El estado de Colorado planea reducir 3.000 millones. Los recortes de los presupuestos municipales y estatales implicarán el despido de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras más.
La respuesta de la clase trabajadora a la crisis ha cobrado fuerza. Se han realizado 70 huelgas wildcat (es decir, de acción directa de los trabajadores) en diversos sectores de distintos estados y ciudades. Sindicatos como el del sector servicios (Service Employees International Union) y del personal sanitario de Nueva York (New York State Nurses Association), entre otros, han participado en la organización de protestas en los centros de trabajo por cuestiones de salud y seguridad. Labor Notes, centro de formación sindical, ha convocado una jornada de acción nacional por la sanidad pública para el 15 de abril con el fin de impulsar estas protestas. El sindicato único del sector eléctrico (United Electrical Workers Union) ha emplazado al movimiento sindical a asumir la responsabilidad de organizar a la clase trabajadora y dirigir la lucha.
El coronavirus ha hecho que gobiernos de los estados hayan suspendido los mítines electorales e incluso hayan pospuesto las elecciones. Bernie Sanders, el autoproclamado “socialista democrático”, al no ver ninguna posibilidad de ganar las primarias del Partido Demócrata, se ha retirado de la contienda electoral. Joe Biden, un neoliberal, que ha logrado la mayoría de delegados, es ahora el candidato oficial del partido a la elección presidencial. En un intento de atraer a quienes apoyan a Sanders, propone reformas como la rebaja de la edad de acceso a Medicare de 65 a 60 años y la cancelación de la deuda contraída para cursar una carrera universitaria de estudiantes procedentes de familias de bajos ingresos y de clase media.
Democratic Socialists of America (DSA), la agrupación que ha estado muy implicada en la campaña de Sanders, ha apostado por proseguir la lucha a favor del programa del excandidato: un pacto social verde (Green New Deal), Medicare para todas y todos y gratuidad de los estudios universitarios. DSA dice que presenta candidaturas locales y estatales y que se implicará en los movimientos sindicales y sociales que luchen por la sanidad pública y la justicia económica en plena crisis.
Traducción de viento sur: https://www.vientosur.info/spip.php?article15873 – Versión editada por Rebelión.