Con justificaciones legalistas y una interpretación anodina y contradictoria del derecho, la Constitución y las leyes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) actuó conforme al libreto preparado por quienes desde la cúspide del poder económico, político y militar decidieron imponer a Felipe Calderón como presidente de la República. Se consuma el […]
Con justificaciones legalistas y una interpretación anodina y contradictoria del derecho, la Constitución y las leyes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) actuó conforme al libreto preparado por quienes desde la cúspide del poder económico, político y militar decidieron imponer a Felipe Calderón como presidente de la República. Se consuma el «golpe de Estado técnico» o «ruptura del orden constitucional» que trastoca toda legalidad, legitimidad y credibilidad de las instituciones «democráticas» y que seguramente llevará a millones de mexicanos a continuar una resistencia cívica en proceso de construcción y de incierto futuro, pero de obligada opción por congruencia ética y política.
Se expresa así la crisis institucional que conlleva la mundialización capitalista neoliberal, con estados autoritarios y corruptos, coludidos con las redes corporativas y, en muchos casos, el crimen organizado, y con tendencias estructurales a violentar sistemáticamente sus fundamentos de legalidad y estado de derecho y, por ende, a vaciar de contenido los procesos democráticos enaltecidos por los ideólogos del capitalismo neoliberal.
Ana María Rivadeo, en su libro Lesa patria: nación y globalización (México, UNAM, 2003), describe lo que considera Estado nacional de competencia como una nueva forma del Estado autoritario. «Esta se articula en torno a una desdemocratización de las instituciones liberal democráticas, impuesta por medio del recurso de ‘los hechos’ que exige la competencia capitalista trasnacional. O sea, que esa desdemocratización se apoya, en lo esencial, en el vaciado, la ineficacia y la insignificancia inducidas de las instituciones liberal democráticas. Estas torsiones no involucran, sin embargo, ningún retroceso o debilidad del Estado. El Estado nacional de competencia es un vigoroso interventor, tanto en el plano económico como en las dimensiones política, social, ideológica, cultural y militar; el neoliberalismo es una doctrina exacerbadamente estatista; y el ‘libre mercado’ es una construcción político estatal instituida y sostenida, asimismo, por la coerción y la represión.» (pp. 310-311)
Este autoritarismo se ha dejado sentir en todo el país con el creciente clima de militarización abierta y encubierta, la sistemática criminalización de la disidencia y los rumores e informaciones sobre preparación de grupos paramilitares y parapoliciacos al servicio de la represión gubernamental y la ultraderecha. Los ataques de sicarios y fuerzas de seguridad contra integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), con su secuela de muertos, heridos y detenidos; así como las amenazas y agresiones contra adherentes de la otra campaña; los actos de formal prisión contra los dirigentes de Atenco; y las denuncias de provocaciones de las juntas de buen gobierno en Chiapas son hechos recientes de una política represiva generalizada que Felipe Calderón considera de «mano firme».
Los grupos de inteligencia del Estado, Sección Segunda del Ejército y Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), andan muy activos, recabando información sobre los «grupos subversivos» y realizando algunas acciones concretas. Hace unos días, por ejemplo, se interfirió la señal de La Voladora Radio, en Amecameca, estado de México, obligándola a salir del aire en siete de los nueve municipios que cubría. Los miembros de este colectivo, adherentes a la Sexta Declaración y a la otra campaña, fueron amenazados en su integridad física y la de sus familias, en mensajes soeces que pretenden acallar esta importante voz de la radiofonía independiente. Lo mismo esta ocurriendo con la organización Jóvenes en Resistencia Alternativa, colectivos de la otra campaña en Puebla y en otros estados del país.
El poder que impuso a Calderón está subestimando la reacción de importantes sectores del pueblo mexicano y pretende que el desgaste y las campañas mediáticas se harán cargo de la oposición contra la Presidencia impuesta. Sin embargo, existen al menos cuatro formas político-organizativas que plantean una lucha frontal contra el gobierno en ciernes: 1) Un movimiento ciudadano de corte democrático popular bajo la conducción de AMLO y apoyado por la estructura burocrática, de gobierno y representación parlamentaria de los partidos de la coalición Por el Bien de Todos. 2) La «comuna de Oaxaca» que se origina en una movilización gremial y ante la represión del gobernador, se transforma en una experiencia de gobierno popular con representación de diversos sectores sociales y de los pueblos indios, con un alcance histórico todavía no valorado en todas sus dimensiones por la simultaneidad con el movimiento cívico. 3) El EZLN y la otra campaña, que pasan por momentos de debate y definición, pero que representan una fuerza política cuyos fundamentos descansan en las experiencias de los procesos autonómicos del «mandar obedeciendo» y que intenta desde una perspectiva anticapitalista establecer un polo popular nacional que logre la hegemonía de un poder constituyente; y 4) Los grupos armados con un proyecto socialista y una estrategia de guerra popular prolongada que implica acumulación de fuerzas, autodefensa y sobrevivencia hasta alcanzar el poderío suficiente para una fase nacional ofensiva. Probablemente, cada movimiento siga sus propios derroteros, o en un momento dado mantengan coincidencias puntuales. Lo importante es la conciencia creciente de que las cosas no pueden seguir como están y que hay situaciones extremas que un pueblo no puede tolerar. ¡No al presidente fraudulento!