Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Mientras los aviones de combate de EE. UU. sobrevolaban un grupo de aldeas al este de Afganistán, donde al parecer se refugiaban militantes del autoproclamado Estado Islámico, once personas se amontonaban en un camión alejándose por un camino de tierra desértico para escapar de lo que temían iba a ser un bombardeo inminente.
Pero no llegaron muy lejos.
Una bomba lanzó al camión Suzuki blanco fuera de la carretera, abriendo un gran cráter en la tierra y volteando al vehículo que cayó de lado en una zanja. Sólo sobrevivió una adolescente. Entre los diez muertos había tres niños, uno de ellos era un bebé que murió en brazos de su madre.
La única superviviente de la explosión, que se produjo en la provincia de Nagarhar el pasado 10 de agosto, y las autoridades afganas que visitaron el lugar dijeron que el camión había sido alcanzado en un ataque aéreo estadounidense poco antes de las cinco de la tarde. Los familiares expresaron su espanto ante el hecho de que las fuerzas terrestres estadounidenses y los aviones de vigilancia pudieran haber confundido a los pasajeros, que incluían mujeres y niños viajando en un camión descubierto -a plena luz del día sin edificaciones ni vehículos alrededor-, con combatientes del Estado Islámico.
«¿Cómo es que no pudieron ver que había mujeres y niños en el camión?», se preguntaba Zafar Khan, de 23 años, que perdió a seis miembros de su familia, entre ellos su madre y tres de sus hermanas, en el bombardeo.
En un comunicado emitido tras el incidente, el ejército estadounidense reconoció haber llevado a cabo un ataque, postulando que los muertos eran unos combatientes a los que «observó cargando armas en un vehículo», y que «había cero posibilidades de provocar víctimas civiles».
En Nangarhar hay zonas inaccesibles para los de fuera a causa de los combates, lo que hace imposible determinar de forma independiente el origen de la fatal explosión. De lo que no hay duda es de que en el decimoséptimo año de la implicación militar estadounidense en Afganistán, sus ataques aéreos están incrementándose, junto con la cifra de víctimas civiles.
Operando bajo restricciones más permisivas respecto al poder aéreo, con las que los comandantes confían en romper el punto muerto en la guerra, los aviones de combate estadounidenses arrojaron este año, hasta el 31 de octubre, 3.554 explosivos en Afganistán, la cantidad más alta desde 2012.
Los oficiales estadounidenses dicen que el poder de las armas de fuego ha reducido el crecimiento del afiliado del Estado Islámico en el sur de Asia -conocido como ISIS/Khorasan, que al parecer cuenta con unos 900 combatientes, la mayor parte de ellos en Nangarhar- y ha facilitado que las fuerzas combatientes del gobierno recuperen terreno a los insurgentes talibanes en otras provincias, como Helmand, donde un grupo de combate afgano dirigido por los marines ha ayudado a coordinar una ofensiva que ha durado varios meses.
Pero los afganos inocentes se preguntan: ¿A qué coste?
La misión de la ONU en Afganistán documentó 205 civiles muertos y 261 heridos durante los ataques aéreos en los primeros nueve meses de este año, un incremento del 52% en el número de víctimas comparado con el mismo período de 2016. Aunque tanto las fuerzas estadounidenses como las afganas llevan a cabo ataques aéreos, los datos indican que los ataques estadounidenses son los que resultan más letales para los civiles.
En los primeros seis meses de 2017, la ONU dijo que habían muerto 54 civiles en las operaciones aéreas de las fuerzas internacionales, comparados con los 29 muertos de los ataques afganos. La ONU halló también doce muertes más que no pudo atribuir a ninguna de las dos fuerzas.
En el caso del bombardeo que se produjo en la provincia de Nangarhar en agosto, los oficiales de EEUU han continuado afirmando que el ataque aéreo de ese día sólo afectó a combatientes. Pero también han ofrecido una explicación alternativa a las muertes de civiles. En respuesta a preguntas formuladas desde The Times, declararon que un vehículo de pasajeros -presumiblemente el camión Suzuki- pasó por encima de una bomba colocada junto a la carretera por militantes del Estado Islámico a poco más de un kilómetro de donde el ataque aéreo mató a los combatientes. Fue la bomba en la carretera «colocada por el enemigo la que causó múltiples víctimas civiles», según el capitán de navío Tom Gresback, portavoz de las fuerzas de la coalición en Kabul.
Los afganos rechazan rotundamente ese relato. El jefe de policía del distrito, Hamidullah Sadaqat, indicó que sólo hubo un bombardeo letal en la zona esa tarde. Rozina, la superviviente de 17 años, dijo que recordaba con toda claridad lo sucedido.
«Fue el avión el que lanzó la bomba sobre nosotros», dijo Rozina, quien, como muchos afganos, sólo tiene un nombre.
El bombardeo se produjo en el distrito de Mina Haska, a unas tres horas de carretera al sur de la capital de la provincia, Jalalabad. Las víctimas residían en Loi Papin, un pueblo cercano a la línea del frente entre el territorio controlado por el gobierno y el pueblo de Gorgoray, bajo control del Estado Islámico.
Muchos de los vecinos se marcharon de Loi Papin hace más de dos años cuando llegaron los combatientes exigiéndoles lealtad al Estado Islámico. Los extremistas torturaron a los locales y vociferaron órdenes desde los altavoces de la mezquita exigiendo que las familias entregaran a sus hijos adultos para sus filas.
Khan, un campesino delgado de ojos muy juntos, escapó de la aldea y alquiló una casa en las afueras de Jalalabad. Otros miembros de la familia hacían breves viajes a Loi Papin para atender su granja y su rebaño de ovejas, explicó.
El 10 de agosto por la tarde, la madre de Khan, Malaika, salió del pueblo con tres de sus diez hijos -Bahadur Shah, de 12 años; Anisa, de 8, y Mohammad, de un año- en el camión Suzuki conducido por su primo. Su tío iba a bordo, junto a cinco personas más, incluyendo a Rozina, su padre y su hermano, que estaban volviendo a la casa que habían alquilado en el centro del distrito, todavía bajo control gubernamental.
«Todo el mundo intentaba marcharse», dijo Khan. «Habíamos vendido recientemente las ovejas y la mitad de la tierra. Permanecer en el pueblo era demasiado peligroso. Nadie quiere estar en un lugar cerca del Dáesh» (término coloquial para el Estado Islámico).
Rozina dijo a todo el mundo en el camión que «tenía miedo de los estadounidenses».
«Porque sabíamos que andaban por la zona», declaró, «y nos temíamos que iban a bombardearnos al día siguiente».
Al alejarse, recordó haber visto dos aviones en el cielo. Entonces se produjo el bombardeo, dejándola inconsciente durante varios minutos. Cuando se despertó, se encontró junto a siete personas muertas, entre ellas su padre y su hermano.
Malaika y dos de sus niños estaban muy malheridos y gritaban pidiendo ayuda, dijo Rozina. Pero las tropas estadounidenses que había en la zona -probablemente fuerzas de operaciones especiales de EE. UU. dirigiendo operaciones conjuntas con comandos afganos contra el Estado Islámico- no permitieron que nadie acudiera en su ayuda durante horas, aseguró.
«Murieron porque no hubo nadie que les ayudara», dijo Rozina. «Estaban allí atrapados chillando de dolor».
Khan y varios allegados más salieron de Jalalabad tras el bombardeo, alcanzando Haska Mina en medio de la noche. Se encontraron con el camión, volcado y destrozado, en un campo. Rozina yacía en la casa de una mujer con graves heridas en el rostro, manos y piernas. Los aldeanos se habían llevado los cuerpos hasta una mezquita cercana, trasladándolos en varias carretillas.
«Encontré un trozo de pierna y un dedo pulgar junto al camión», dijo Mohammad Agha, de 42 años, cuyo primo, un campesino que cultivaba cacahuetes llamado también Khan, estaba entre los muertos.
Sadaqat, el jefe de policía del distrito, llevó a Agha y a otros familiares hasta una antigua base de la policía fronteriza afgana que estaba siendo utilizada por las tropas de operaciones especiales estadounidenses. Comunicándose a través de un intérprete afgano, los estadounidenses dijeron a los familiares que no enterraran los cuerpos hasta el mediodía. «Trabajaron rápido», dijo Agha; las costumbres islámicas exigen que los cuerpos sean enterrados no más tarde de 24 horas, envueltos en un paño sencillo.
«No teníamos suficientes telas para envolverlos a todos adecuadamente», dijo. «Tuvimos que utilizar varios chales».
Cuando terminaron de enterrarlos, Agha y los otros fueron a informar a los estadounidenses, quienes descartaron la posibilidad de que uno de sus aviones hubiera lanzado el ataque.
«Dijeron que quizá fue un mortero lanzado por el Dáesh, pero un mortero no hubiera abierto un cráter de tres metros de profundidad», dijo Agha. «Los estadounidenses nos preguntaron: ‘¿Qué avión de qué país hizo eso?’ Parecían no estar tomándonos en serio, por eso nos marchamos».
Cuando había 100.000 soldados estadounidenses en el país, el entonces presidente Hamid Karzai les acusaba a menudo de un uso excesivo de la fuerza y manejaba los informes de muertos inocentes como un azote contra EE.UU. La retórica de Karzai tuvo un efecto: que murieran menos civiles en los ataques aéreos de 2012 y 2013, según informes de la ONU, cuando EE. UU. llevaba a cabo un promedio de cientos de ataques aéreos al mes.
Los expertos dijeron que los comandantes de la coalición de la OTAN tomaron serias medidas para reducir el riesgo de matar civiles. Se reunían regularmente con las ONG y con agencias de la ONU y dedicaron un equipo de oficiales a investigar las denuncias.
Cuando la presencia de tropas extranjeras se redujo y la OTAN se centró en entrenar a las fuerzas afganas, los oficiales de la coalición publicaban menos información sobre las operaciones. También tuvieron que enfrentar una menor resistencia por parte del nuevo presidente afgano Ashraf Ghani, firme defensor de la acción militar estadounidense.
«El ejército estadounidense es cada vez menos transparente, y es una pena porque habían trabajado realmente a fondo -con éxito- para reducir las víctimas civiles», dijo Kate Clark, codirectora de Afghanistan Analysts Network, una organización de investigación con sede en Kabul.
El uso del potencial aéreo se ha incrementado desde mediados de 2016, cuando la administración Obama aprobó nuevas normas de combate que permitían que los aviones de guerra de EEUU abrieran fuego en apoyo de las operaciones afganas, no sólo para defender a las fuerzas de la coalición. Y se espera que ese uso aumente aún más después de que la administración Trump haya enviado a casi 4.000 soldados más a Afganistán -lo que eleva la presencia estadounidense allí a 15.000-, otorgando más libertades a los comandantes del ejército.
Desde agosto a octubre, los aviones de EE.UU. llevaron a cabo 1.570 ataque aéreos, la cifra más alta en el período de un trimestre desde 2012, según las estadísticas de esa Fuerza Aérea.
En octubre, el secretario de defensa James N. Mattis testificó ante el Congreso que Trump le había autorizado a eliminar el requisito de que las fuerzas estadounidenses sólo podían disparar cuando se hallaran en las «proximidades» de combatientes hostiles.
«Es decir, en cualquier lugar donde detectemos al enemigo, estamos autorizados a poner en marcha la presión del apoyo aéreo sobre ellos», dijo Mattis. Pero añadió que las fuerzas de EEUU harían «todo lo humanamente posible para impedir la muerte o lesiones de gente inocente».
Los oficiales del ejército dicen que se investiga cada informe de víctimas civiles. Las fuerzas estadounidenses intentan entrevistar a los residentes y oficiales locales y utilizan «todas las acciones forenses disponibles, en base a las amenazas a la seguridad», dijo Gresback, el portavoz del ejército.
Pero al igual que sucede en Iraq y Siria, donde la coalición dirigida por EE. UU. es acusada de rebajar las cifras de víctimas civiles de sus guerras aéreas contra el Dáesh, las víctimas afganas creen que el ejército estadounidense no está siendo suficientemente riguroso ni transparente.
Rozina y los familiares de las otras víctimas en Loi Papin declararon que los oficiales estadounidenses no se habían puesto en contacto con ellos. Y que EEUU suele rechazar con firmeza las acusaciones de que sus operaciones están acabando con muchas vidas inocentes.
A primeros de noviembre, tras informarse de que un ataque aéreo había matado a 14 civiles en la provincia norteña de Kunduz, los oficiales estadounidenses dijeron que «no» habían encontrado pruebas que apoyaran las reclamaciones. Eso provocó un desafío directo poco habitual por parte de las Naciones Unidas, que en una serie de tuits aseguraron que en las «entrevistas con múltiples supervivientes, doctores, ancianos y otros testigos se habían ofrecido pruebas claras para poder creer que sí había civiles entre las víctimas».
Las fuerzas estadounidenses sugirieron también que los afganos de Nangarhar mentían respecto a las muertes de civiles. El comunicado inicial del ejército sobre el bombardeo del 10 de agosto decía que era «la segunda afirmación falsa de víctimas civiles en el mismo distrito en las últimas tres semanas», tras un incidente en el que los vecinos de Haska Mina dijeron a los medios afganos que un ataque estadounidense había matado a varios de los asistentes que asistían a un servicio de funeral.
Aunque la indignación popular por las víctimas civiles se ha suavizado algo, Clark dijo que continuaba sirviendo de herramienta de propaganda para los extremistas.
«Los parámetros básicos de la guerra no han cambiado: si matas civiles, vas a tener problemas», dijo Clark. «El optimista enfoque estadounidense decidiéndose a actuar sin guante de seda, puede funcionar en ocasiones, pero como haya más muertes de civiles, no vas a mejorar nada a ningún nivel, ni político ni militar».
El gobierno de Ghani no ha prestado atención al ataque en Nangarhar, pero varios funcionarios se desplazaron desde Kabul y entregaron a las familias pagos de condolencia de más de 1.000 dólares por cada una de las víctimas.
El dinero no va a compensar por la pérdida del sostén familiar ni a cubrir las elevadas facturas médicas de Rozina. Ella vive ahora con cuatro familiares en la casa de un tío y camina con muletas a la espera de que le realicen nuevas operaciones en los pies.
Khan dijo que sentía muy poca simpatía por el Estado Islámico pero que no podía soportar la forma en que EE. UU. prosigue su guerra.
«Los estadounidenses dicen que están aquí para matar terroristas, pero si no pueden llevar a cabo una operación como es debido, es mejor que se larguen y nos dejen solos», dijo. «Al menos no tendríamos que ver cómo destrozan a nuestras familias».
(Este informe ha contado con la colaboración especial de Sultan Faizy y Mohammad Anwar Danishyar.)
Shashank Bengali es el corresponsal de Los Angeles Times en el sudeste asiático. Desde el principio de su carrera con McClatchy Newspapers, para el que trabajó como corresponsal en África y Oriente Medio, ha venido informando desde más de 50 países. En 2016 compartió el Premio Pulitzer con el equipo de The Times por la cobertura de los sucesos de San Bernardino, California. Vive en Mumbai, India.
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