Traducido para Rebelión por José Luis Vivas
Casi dos meses después de que las tropas de la ONU comenzaran a lanzar duros ataques que dicen haber estado dirigidos contra miembros de las pandillas de los barrios pobres de Puerto Príncipe, los controles policiales en las carreteras y las alambradas de púas siguen en pie, y la atmósfera es sombría.
Mercius Lubin, morador del distrito de Boston, en Cité Soleil, relató a IPS que una incursión a principios de mes dejó a sus dos hijas muertas. «Fue el ruido de los disparos de la MINUSTAH (la fuerza de paz de la ONU) lo que nos despertó».
Eran aproximadamente las once de la noche del 1 de febrero, y la familia estaba durmiendo en el suelo porque los soldados de la ONU habían aconsejado a todos en la zona que hicieran así. «Entonces comenzaron a disparar. Me di cuenta que yo había sido herido en un brazo, mi mujer en los pies, y que mis dos hijas se hallaban bañadas en su propia sangre».
Contó que fueron proyectiles de la MINUSTAH los que acribillaron su casa matando a sus dos hijas. IPS inspeccionó los cadáveres de Stephanie, 7 años, y Alexandra Lubin, 4. Un alto comandante militar de la MINUSTAH reconoció que la ONU había lanzado disparos en ese día. Residentes aseguran también que los vehículos de la ONU dispararon con intensidad calle abajo, dónde está ubicada la residencia de Lubin.
Funcionarios de la MINUSTAH, cuyo contingente militar lidera Brasil, han admitido que hubo «daños colaterales» , pero afirman que están allí para combatir a pandilleros a petición del gobierno de René Préval.
Hablando en una conferencia de prensa el miércoles pasado en el cuartel general de la ONU, Joel Boutroue, representante especial adjunto del secretario general para Haití, habló de las alegaciones de que soldados de la ONU habían disparado contra «dos niñas pequeñas», pero dijo que los miembros de las pandillas fueron los responsables por los asesinatos.
«[Los soldados de la ONU] está tomando precauciones extraordinarias para minimizar el número de víctimas», afirmó. «El reglamento de combate es muy claro – solo se dispara si se es disparado. El número de víctimas ha sido muy reducido».
No obstante, Boutroue admite que mientras la ONU de hecho investiga algunos casos específicos e intenta también establecer el número de víctimas en las clínicas locales tras grandes operaciones, no se suele especificar si la persona fue alcanzada por disparos de la MINUSTAH o por otras armas. «Es imposible averiguar eso», asevera.
La ONU y funcionarios del gobierno han señalado en particular a un líder pandillero llamado Evans. En las últimas semanas se ha arrestado a un número de hombres pertenecientes a este grupo.
Pero muchos residentes y activistas locales de derechos humanos dicen que decenas de personas sin relación con las pandillas han sido asesinadas, heridas o arrestadas durante las incursiones y los combates. Un clima de miedo persiste en gran parte de Cité Soleil.
IPS pudo observar que edificios a lo ancho de Cité Soleil han sido acribillados por las balas; muchos muestran enormes agujeros causados por armamentos de gran calibre pertenecientes a la ONU, como atestan los moradores. A menudo han quedado destrozadas las tuberías que llevaban agua al barrio de chabolas.
Un documento recientemente desclasificado de la Embajada de los Estados Unidos en Puerto Príncipe ha revelado que durante la operación realizada en julio de 2005 la MINUSTAH llegó a lanzar 22.000 proyectiles durante varias horas. En el informe un funcionario de la MINUSTAH reconoce que «debido a la pobre construcción de las viviendas en Cité Soleil y a la gran cantidad de munición utilizada, es probable que ráfagas hayan penetrado en muchas edificaciones, impactando contra blancos no deseados».
Una coalición de grupos religiosos y de derechos humanos que actúan en Cité Soleil, La Coalición Haitiana Pacífica e Independiente (HNVNPC), está intentando resucitar el proceso de paz. Un portavoz de la coalición, Evel Fanfan, declara que «hemos sido forjados en la desesperación por las víctimas y los líderes en los campos de batalla de Cité Soleil», y hace un llamamiento a «un inmediato alto el fuego».
La coalición está intentando trabajar con la Comisión Nacional para el Desarme, Desmovilización y Reintegración, del gobierno Préval, encabezada por Alix Fils Aimé, para relanzar la posibilidad de un proceso de paz. Un grupo ya se ha ofrecido a entregar las armas a cambio de una amnistía e inversiones del gobierno en la comunidad.
Un estrategia de endurecimiento se hizo evidente algunos días antes de Navidad, cuando funcionarios de la ONU declararon que estaban entrando en Cité Soleil para capturar o matar a los pandilleros y secuestradores de la zona de Bois Neuf.
Según algunos vecinos, la incursión del 22 de diciembre llegó a conocerse como la Operación «Sin Piedad hacia Cité Soleil», ya que el ruido de las ametralladoras de 50 mm. de la MINUSTAH se podía oír a muchos kilómetros de distancia.
Cinco días más tarde, la gente de Bois Neuf enterraba a 11 jóvenes que dicen que estaban entre los que fueron asesinados por la MINUSTAH. Una multitud enorme se aglomeró delante de los ataúdes.
Ronald Saint-Jean, del Grupo por la Defensa de los Derechos de los Prisioneros Políticos (GDP), fue uno de los pocos representantes de asociaciones de derechos humanos que estuvieron presentes en el funeral.
El GDP hace parte de una coalición de base recientemente fundada y dedicada a los derechos humanos denominada Coordinadora Nacional de Organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos (CONODDH).
Después del derrocamiento del gobierno electo de Jean-Bertrand Aristide centenas de activistas políticos, posiblemente cerca de mil, del Fanmi Lavalas, fueron encarcelados durante el gobierno interino apoyado por los Estados Unidos, según un estudio de derechos humanos de la Universidad de Miami.
Otro estudio, publicado en la revista médica británica The Lancet, estimó que 8.000 personas fueron asesinadas y 35.000 sufrieron acosos sexuales en el área metropolitana de Puerto Príncipe durante el gobierno interino (2004-2006). En la segunda parte del estudio, presentado en enero en la conferencia de la Asociación Americana de Salud Pública en Boston, se identificó a 57% de las víctimas como partidarios de Lavalas, y a 30% como pertenecientes a Lespwa – los partidos de Aristide y Préval.
La administración Aristide (2001-2004), sometido a un embargo económico por las instituciones financieras internacionales, se había negado a privatizar las empresas públicas. El embargo hizo que el gobierno perdiera ayudas muy necesarias, contribuyendo así al deterioro económico y a la desestabilización. Tras el derrocamiento de Aristide, después que miembros de las antiguas fuerzas armadas de Haití hubieran invadido el país desde la República Dominicana, se estableció un marco provisional a partir de recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.
Según algunos líderes sindicalistas haitianos, eso llevó al despido de entre 8 y 10 mil empleados públicos del sector civil, muchos de los cuáles vivían en los barrios de chabolas más pobres de Puerto Príncipe.
Otros programas del gobierno de Aristide, como el de los subsidios al arroz para la población pobre, los centros de alfabetización, y los proyectos para el suministro de agua, fueron paralizados después del golpe de Estado de 2004. Una Universidad de Medicina, la primera de su género en Haití, erigida por el gobierno de Aristide, quedó ocupada por las fuerzas de la MINUSTAH.
Frantz Michel Guerrier, un joven portavoz del Comité de Notables para el Desarrollo de Cité Soleil, con base en la zona Bois Neuf, dijo que «me es muy difícil explicarte lo que ha pasado la gente de Bois Neuf el 22 de diciembre de 2008 – es casi inexplicable. Fue una verdadera masacre. Contamos a más de 60 heridos y más de 25 muertos, entre ellos bebés, niños y jóvenes».
«Vimos helicópteros que nos disparaban, nuestras casas destrozadas por los tanques», relata Guerrier a IPS. «Oímos detonaciones de armas pesadas. Muchos de los muertos y heridos fueron encontrados en sus casas. Tengo que decirle que no se perdonó a nadie, ni a bebés. A la Cruz Roja no se le permitió socorrer a la gente. Los soldados se negaron categóricamente a permitir que la Cruz Roja entrara, en violación de la Convención de Ginebra».
La ONU niega haber impedido que ambulancias entraran en la barriada, pero reconoce que uno de sus soldados disparó ese día contra la rueda de una ambulancia. Muchos moradores dijeron a IPS que la MINUSTAH, después de haber llevado a cabo las operaciones, abandonó la zona sin investigar la existencia de heridos. Fuentes de la ONU afirmaron que miembros de las pandillas habían disparado contra sus destacamentos con armas de fuego ligeras.
Residentes y funcionarios de Lavalas explican que se oponen a todo tipo de violencia y que quieren la paz. Pero fuentes cercanas al Palacio Nacional hablan de una inmensa presión para endurecer la actitud y desplazar a los grupos armados.
Sigue habiendo una fuerte oposición contra las tácticas de estilo militar adoptadas por la MINUSTAH en barrios densamente poblados. El 27 de febrero, 21 aniversario de la caída de la dictadura de Duvalier, una marcha colosal se llevó a cabo en Puerto Príncipe, y manifestaciones menores ocurrieron en Cap-Haïtien, Saint-Marc, Miragoâne, Jacmel, Léogâne y Gonaïves, todas exigiendo el fin de la violencia y permiso para el regreso de Aristide al país.
Enlace original:
http://www.counterpunch.org/pierre03012007.html