A raíz de las exorbitantes subidas en los precios de los alimentos que provocaron la crisis alimentaria del 2008 y ocasionaron graves disturbios en varios países, se encendieron las alarmas al ponerse de manifiesto, por un lado, la inexistencia de estructuras internacionales de gobernanza alimentaria que dieran respuesta a la escandalosa cifra de más de […]
A raíz de las exorbitantes subidas en los precios de los alimentos que provocaron la crisis alimentaria del 2008 y ocasionaron graves disturbios en varios países, se encendieron las alarmas al ponerse de manifiesto, por un lado, la inexistencia de estructuras internacionales de gobernanza alimentaria que dieran respuesta a la escandalosa cifra de más de 1.000 millones de personas hambrientas en el mundo, y por otro, la inoperancia y anquilosamiento de la propia FAO y su Comité de Seguridad Alimentaria (CSA).
En este contexto, urgía la necesidad de reformar este espacio de gobernanza clave que reforzara su legitimidad y operatividad, y no fue hasta octubre de 2009 cuando, después de un difícil proceso, se aprobaba entre aplausos la reforma del CSA de la FAO. Una reforma donde, por primera vez, participaron los diferentes estados miembros, pero también la sociedad civil entre las que se encontraban las organizaciones campesinas.
La reforma le otorgó al CSA una gran centralidad y autoridad dentro de la arquitectura de seguridad alimentaria mundial y además abría puertas a una participación sin precedentes de actores clave como son los propi0s campesinos/as, pescadores/as, población indígena, consumidores y ONG, aumentando así, su calidad democrática y por tanto su legitimidad. Cabe señalar que, desde entonces, el CSA ha lanzado importantes iniciativas políticas, como la aprobación de las Directrices Voluntarias sobre Tenencia de Tierras, con el objetivo de frenar el fenómeno del acaparamiento de tierras por parte de transnacionales.
El G8 irrumpe en la agenda alimentaria
Las crisis alimentarias recurrentes sirvieron también de pretexto para que el G8 irrumpiera en la agenda alimentaria, siendo desde entonces una constante el hecho de incluir en sus reuniones asuntos sobre seguridad alimentaria. Debido a la urgencia y necesidad de operatividad que demandaba la situación de 2008 el G8 se emplazó a realizar urgentemente un Compromiso contra el hambre que se materializó en la Iniciativa de L’Aquila (2009), creada para financiar de manera rápida programas diseñados y liderados por los propios países receptores.
No hay que olvidar que la crisis alimentaria de 2008, al igual que las que la han seguido, fue provocada por la expansión de un modelo de agricultura globalizada en manos de grandes transnacionales, y por fenómenos como la especulación sobre el precio de los alimentos llevada a cabo por bancos y fondos de inversión.
Las grandes transnacionales de la alimentación no quedaron conformes con el devenir de los acontecimientos, ni con la que en su opinión era una reforma muy radical de la FAO, como con la tibieza y falta de visión de negocio de representaba L’Aquila, por ello en 2012 ni si quiera se habían desembolsado ni la mitad de los fondos acordados.
De este descontento, y de la mano de 48 empresas transnacionales, nace en Camp David, en el año 2012, la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y Nutrición, cuya última reunión y ampliación tuvo lugar el pasado junio en Londres. La alianza tiene como objetivo movilizar capital privado dirigido a la inversión en la agricultura africana. Las empresas se comprometieron a 3.500 millones de dólares.
Implementando un nuevo régimen alimentario
La «iniciativa de inversión agrícola responsable« se expande y fortalece de una manera silenciosa y preocupante por el continente africano, no se trata de un programa más de cooperación sino de una estrategia de largo recorrido para la implementación de un nuevo régimen alimentario a nivel global. En esta alianza participan estados ricos, estados africanos, y como no, grandes empresas que invierten para desarrollar su modelo de agricultura industrial, la llamada revolución verde africana. Compañías fundamentalmente Europeas y estadounidenses, como Mosanto, Cargill, Yara Internacional, Sygenta, cuyo negocio son las semillas transgénicas, fertilizante, agrotóxicos, etc.
La alianza ofrece financiación para la inversión en agricultura, pero no a cualquier precio. Para poder firmar un acuerdo de este tipo, el gobierno del país africano tiene que vender su alma al diablo, ha de comprometerse a realizar enormes cambios por ejemplo en sus políticas de tierra, de semillas y en su modelo de agricultura, para, según palabras de los promotores de la alianza «adecuarse» al desarrollo de las inversiones.
Un ejemplo típico es el de Mozambique cuyo gobierno ha acordado suspender la distribución de semillas locales no comerciales en sus programas. Los beneficiarios de los programas únicamente recibirán semillas de las empresas inversoras incluyendo semillas modificadas genéticamente.
Después de la última cumbre que en junio mantuvo el G8 en Londres, países como Nigeria, Malawi y Benin se unieron a la llamada Nueva Alianza por la Seguridad Alimentaria, de la que ya formaban parte Burkina Faso, Costa de Marfil, Ghana, Mozambique y Tanzania. A finales de junio el Primer Ministro de Senegal anunció su voluntad de adherirse a la alianza coincidiendo con la visita que el Presidente Obama que realizó al país y en cuya agenda estaba este acuerdo de adhesión.
Se trata de una estrategia que hace saltar por los aires las propias recomendaciones de la ONU (FAO), enfrentando directamente la directiva de tenencia de tierras, o la apuesta por el desarrollo de una agricultura familiar, sostenible que es clave para asegurar la alimentación de la población mundial en el presente y en futuro, lejos por tanto de este modelo de agricultura corporativa extractivista.
Esta inversión impone un modelo de agricultura a gran escala, que promociona la concentración y acaparamiento de tierras, un modelo que desliga la alimentación de la población local y orientado a la exportación dedicado al engorde del negocio de las empresas de insumos y de productos químicos.
Se trata de una estrategia silenciosa que en poco tiempo ha conseguido desplazar al poder público de los asuntos relacionados con la alimentación, tanto a la hora de adquirir compromisos internacionales como a la hora de implementar políticas agrarias, entregándoselo al poder corporativo, y reduciendo el papel de los estados a meros convidados de piedra.
Ha logrado además que la comunidad internacional acepte este nuevo rol del G8, aún sabiendo que es un espacio informal, no democrático y de limitada composición. Desplazando a los países de renta baja, generando confusión y produciendo rápidamente el debilitamiento de las organizaciones democráticas internacionales, desplazando en centro de toma de decisiones y condenándolas a la irrelevancia.
Nos encontramos por tanto delante de la construcción de un sistema alimentario basado en el poder corporativo, donde el papel de los estados y las instituciones democráticas quedan vacíos de contenidos y de presupuestos.
El G8 no está interesado en tomar el control de organismos internacionales, el objetivo es otro, el de de crear un sistema de gobernanza a medida de las grandes transnacionales.
[Artículo publicado en el blog de Javier Guzmán, director de Veterinarios Sin Fronteras – Justicia Alimentaria Global]